El Pacto Nacional del Agua impulsado, por el gobierno del Partido Popular desde finales de 2016, propugnaba la construcción de infraestructuras y trasvases intercuencas, así como la mercantilización del recurso a través de los mercados del agua y los procesos de privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Frente a ello, en marzo de 2018 cincuenta organizaciones de las sociedad civil española elaboraron, consensuaron y presentaron en el Congreso de los Diputados el Acuerdo Social por el Agua en Defensa de Nuestros Ríos y por el Agua Pública, acuerdo que posteriormente siguió recibiendo nuevas adhesiones de la sociedad civil.

Se trata de un hito histórico, dada la relevancia de sus contenidos, el grado de consenso alcanzado y la magnitud y significación del apoyo alcanzado entre organizaciones representativas de un sector muy importante de la sociedad española. 

Este Acuerdo Social por el Agua se articula en torno a cinco ejes, que incluyen: i) detener la construcción de nuevos embalses y trasvases y revisar los existentes, eliminando expectativas insostenibles a la luz del cambio climático e injusticias territoriales; ii) detener el crecimiento de las demandas de agua para adaptarlas a la reducción de caudales que impone el cambio climático, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas y pasando de estrategias de oferta a la gestión de la demanda; iii) detener los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos, a fin de garantizar su sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas; iv) incorporar a la normativa en el más alto nivel posible el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y revertir los procesos de mercantilización del agua y de privatización de nuestros servicios de abastecimiento y saneamiento; v) acabar con la corrupción en torno al agua, que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados, para lo que es necesario promover una plena transparencia y una participación ciudadana efectiva, entre otras medidas. Puede accederse al Acuerdo Social por el Agua en este enlace.

El Acuerdo Social por el Agua se inscribe en una senda en la que distintos antecedentes y experiencias han ido facilitando la creación de espacios crecientemente más amplios que comparten la necesidad de un cambio de rumbo en la política de aguas en España. Una de tales experiencias fue la elaboración colaborativa de un documento de Prioridades para una Nueva Cultura del Agua, que fue presentado en el Congreso de los Diputados en abril de 2016 y suscrito por 17 entidades, incluyendo organizaciones ambientales, redes ciudadanas de defensa del agua y los ríos, así como algunas entidades ligadas a los usos recreativos sostenibles. Puede accederse al documento de Prioridades en este enlace.