El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

La sentencia los incumplimientos en:

El artículo 13, apartados 1 a 3 y 6, de la Directiva  por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. En este aspecto, España no elaboró a tiempo los planes de cuenca (excepto el de las cuencas internas de Cataluña), que debían haberse entregado a la Comisión Europea en el año 2010. 

El artículo 14, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, por no haber iniciado el procedimiento de información y participación pública salvo en el caso de los planes hidrológicos de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental. 

El artículo 15, apartado 1, de la misma Directiva, salvo en el caso del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña.

La Fundación Nueva Cultura del Agua desde el Observatorio de Seguimiento e Implementación de la Directiva Marco del Agua (ODMA)  siempre ha insistido en en que los planes de cuenca deberían haber sido aprobados en diciembre de 2009, de manera que los programas de medidas pudieran implementarse a partir de ese momento y pudiéramos avanzar hacia el objetivo de alcanzar el buen estado ecológico de nuestros ríos, acuíferos y masas costeras antes del 2015.

Más allá de los retrasos de calendario, es importante analizar los cambios producidos en los nuevos objetivos, contenidos y procesos que deberían marcar la nueva política de aguas en España. Lo fundamental es que no se ha producido la redefinición de objetivos que propugna la DMA: el cambio necesario para pasar de una política de inspiración productivista, al servicio de los intereses sectoriales, a una política conservacionista que antepone la consecución del buen estado de los ecosistemas hídricos y un uso sostenible del agua, ese cambio, no se ha

producido. La falta de una integración clara de los objetivos ecológicos se sustituye por unos caudales ambientales que se determinan como resto –una vez procesada la rutina balance-demandas-obras- y se definen con habilidad en los puntos más convenientes.

Documentos de interés:

Sentencia

La FNCA lamenta el retroceso de la política de aguas