PAC y DMA, complicados compañeros de viaje

Propuestas de la Comisión sobre PAC y DMA   

La Comisión Europea, en su propuesta de reforma de la PAC de octubre de 2011, asentó unas primeras bases para tratar de conseguir una mejor integración entre los objetivos de la Política Agraria Común (PAC) y los de la Directiva Marco de Agua (DMA). Para ello, propuso a la DMA como norma de obligatorio cumplimiento para todos aquellos beneficiarios de pagos directos (condicionalidad). Además, introdujo condicionantes mínimos de ahorro de agua para que se pudiese seguir financiando con fondos de desarrollo rural la modernización de regadíos.

No obstante, estas propuestas se han encontrado con la oposición frontal de numerosos estados miembros, en particular los del Mediterráneo, incluido España, que están impidiendo avances al respecto. Éstos argumentan que no debe incluirse a la DMA en la condicionalidad de la PAC, ni condicionarse las inversiones en modernización a unos objetivos de ahorro mínimo de agua. Pero van mucho más allá, al reclamar la posibilidad de emplear los fondos de desarrollo rural para la creación de nuevos regadíos –cosa que, hasta el momento, en España no era una posibilidad admitida por la Comisión-.  Sin duda estas propuestas suponen un importante revés para el alcance del buen estado de las masas de agua establecido por la DMA.

Por una PAC también para los ríos

Desde las ONG ambientales y otros actores relevantes se lleva trabajando desde el inicio de la reforma de la PAC para lograr un giro que permita a esta política contribuir realmente a los objetivos de la DMA. En concreto sería necesario:

  • Incluir a la DMA en la condicionalidad a partir de 2014. O al menos que los beneficiarios de las ayudas de la PAC cuenten con la correspondiente concesión de agua, expedida por la Administración competente, que asegure el uso legal de este recurso. Idéntico condicionante se aplicaría para cualquier embalse, balsa o similar que suponga afección a una masa de agua, dominio público hidráulico, bosque de ribera, etc. Además, deberían contar con un caudalímetro, que permita determinar el volumen de agua consumido en la explotación; Respetar la autorización previa para cualquier actividad que suponga una modificación de las zonas de ribera, procediendo a su restauración inmediata en caso de afección así como respetar aquellas prácticas que eviten la contaminación puntual y difusa.
  • Establecer nuevos criterios que permitan redefinir los pagos básicos o ayudas directas que perciben los agricultores y ganaderos. Hasta el momento estos pagos apoyan en mayor medida al regadío frente al secano, favoreciendo en algunos casos prácticas que contribuyen a la degradación de las masas de agua. El nuevo sistema debería tener en cuenta criterios sociales y ambientales, que permitan una distribución más justa y equitativa de las ayudas.
  • Apoyar la propuesta de la Comisión de dedicar un 30% de los pagos directos de la PAC a ayudas verdes (greening). Estas medidas irían destinadas a favorecer el mantenimiento de al menos el 10% de su superficie de las explotaciones como zonas de interés ambiental (incluyendo barbechos, franjas tampón, etc.): Apostar por la rotación de cultivos, proteger los pastos permanentes y, en el caso de cultivos leñosos, favorecer el mantenimiento de una cubierta vegetal que permita frenar procesos erosivos, mejorar la capacidad de infiltración del terreno, etc. Todas estas prácticas contribuirían de manera más o menos directa al buen estado de ríos, acuíferos y humedales.
  • En lo que al segundo pilar de la PAC se refiere, la clave reside en la necesidad de contar con un mayor presupuesto para el mismo y en que al menos un 25% de las ayudas se dediquen a objetivos ambientales. Será además clave el que las Comunidades Autónomas pongan en marcha la ayuda específica que ya existe para cubrir los costes en las explotaciones derivados del cumplimiento de la DMA y apoyen medidas agroambientales destinadas a favorecer los cultivos de secano.
  • En cuanto a la modernización de regadíos, no debería admitirse el que se siga financiando esta actuación con fondos públicos si no se demuestra un ahorro real, que contribuya al buen estado de las masas de agua. En lo referente a nuevos regadíos, en ningún caso deberían financiarse con fondos de la PAC, mucho menos en aquellas zonas que ya sufren escasez de agua y en las que la garantía de suministro ni siquiera está cubierta para los regadíos ya existentes.

Muchas son las incógnitas que quedan por despejar y muchas las esperanzas puestas en la reforma de la PAC. Pero mientras los responsables de la negociación no comprendan que sólo con ríos y acuíferos vivos tendrá futuro la agricultura, la nueva PAC volverá a suponer un paso atrás en lo que a aspectos ambientales se refiere.