¿Cuánto cuesta el agua que consumimos en la ciudad y cuánto pagamos?

El reto de garantizar unos buenos servicios en materia tan básica puede comportar la necesidad de subidas tarifarias, aplicando, en una u otra medida, el principio de recuperación de costes; pero tales subidas serán difícilmente aceptables si no se promueven modelos transparentes de gestión pública que excluyan todo posible lucro por este tipo de servicios.

 

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Teniendo en cuenta que a través de las redes urbanas abastecemos usos muy diversos, desde necesidades básicas y actividades lucrativas (industria y servicios), hasta usos suntuarios, es necesario diseñar un sistema tarifario basado en criterios éticos y sociales adecuados.

En el ámbito del Agua-Vida, el acceso universal a 30 litros/persona/día, como referencia del derecho humano acordado por NNUU, debe ser garantizado de forma prioritaria y gratuita, al menos para quienes tengan dificultades para pagar. Este derecho podría materializarse en la fuente pública, potable y gratuita, cerca de casa de todo el mundo. Pero llevado al escenario de los modernos servicios domiciliarios de agua, debería traducirse en un primer bloque de consumo de coste muy bajo, o incluso gratuito para familias empobrecidas.

Sobre esta base, se trataría de organizar los servicios domiciliarios como un derecho ciudadano, también de acceso universal, pero vinculado a los correspondientes deberes ciudadanos. Diseñar un sistema tarifario por bloques crecientes, en función del consumo por persona, permite redistribuir los costes bajo criterios sociales, haciendo viable ese acceso universal, al tiempo que se incentiva el ahorro y se penaliza el derroche. Tras el primer bloque de esos 30 litros/persona/día, podría establecerse un segundo escalón de hasta 100 litros por el que debería cobrarse una cantidad próxima al coste real del servicio. En un tercer y cuarto bloques la tarifa debería multiplicarse, de forma que los usos suntuarios subvencionen el servicio de las familias más humildes.

Este modelo tarifario, promueve una racionalidad económica que no responden a la lógica del mercado. En el mercado, se abarata el precio al buen cliente que compra más cantidad, a fin de incentivar la demanda y maximizar beneficios. El modelo tarifario propuesto hace lo contrario: cobra más caro al que más consume. La razón está en que no se trata de hacer un buen negocio sino un buen servicio público de interés general y de acceso universal que minimice impactos ambientales.

Para conseguir desarrollar este modelo, vigente en Bélgica por ejemplo, es necesario vincular la gestión tarifaria al padrón, de forma que cada hogar pueda tener una estructura tarifaria a la medida del número de personas que viven en la casa.

En el ciclo urbano del agua debe considerarse el servicio de agua “en alta”, el de agua “en baja” y el de saneamiento. El servicio “en alta” debe captar agua de ríos o acuíferos, almacenarla (posibles embalses…) y transportarla hasta los depósitos de la ciudad. Desde esos depósitos se inicia el tramo del servicio “en baja”, en el que se incluyen la potabilización y distribución a través de la red. Por último, el tramo del saneamiento incluye la recogida de retornos a través del alcantarillado y su tratamiento en adecuadas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), cuyo objetivo es preservar y conservar el buen estado de los ecosistemas sobre los que se produzca el vertido.

El coste total del ciclo urbano del agua varía mucho de unas ciudades a otras. El coste del agua “en alta” depende de las infraestructuras de regulación, de la distancia y de los posibles bombeos hasta la ciudad. En España, buena parte de estos servicios son provistos por las Confederaciones y las Agencias Autonómicas, promotoras y gestoras, tanto de los embalses de regulación, como de los canales y sistemas presurizados que transportan el agua hasta las ciudades. El coste pagado por el agua “en alta” suele estar lejos de cubrir los costes reales de amortización y gestión de las correspondientes infraestructuras, y ello a pesar de que, cuando las presas y canales son compartidos con sistemas de riego, los usos urbanos suelen pagar el triple que el regadío, generándose una subvención al riego desde las tarifas urbanas.

En lo que se refiere al agua “en baja”, los depósitos, sistemas de potabilización, redes urbanas, bombeos y sistemas de control son fruto de un prolongado esfuerzo de los municipios, pagado de una u otra forma por la ciudadanía. Sin embargo es importante reseñar que en la tarifa no se suelen incluir las inversiones necesarias para reponer sistemáticamente la red. El nivel de fugas, que nos da una referencia de la insuficiente inversión en la red, puede superar el 20%. En muchas ciudades de América Latina, llega incluso al 40 y al 50%, lo que motiva la programación sistemática de cortes de agua, por sectores…Al quitar la presión, ciertamente, se ahorran fugas, pero se producen intrusiones contaminantes, que hacen de estas redes, por definición, redes no potables.

Respecto al saneamiento, a finales de los 90, la UE estableció la obligación de depurar los retornos urbanos, al tiempo que ofreció fondos de cohesión a los países de la Unión menos ricos para construir las correspondientes EDARs. España recibió mucho dinero europeo a fondo perdido. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, los costes de amortización de estas instalaciones no se están repercutiendo en las tarifas que pagamos, con lo cual, cuando haya que reponer esas infraestructuras tendremos problemas, que se añadirán a los derivados de sufragar los elevados costes de gestión de estas instalaciones. El sobredimensionado de muchas de estas plantas y la inadecuada selección tecnológica, especialmente en pequeños pueblos, donde adecuados sistemas biológicos de saneamiento serían apropiados, están llevando a serios problemas de mantenimiento de las estaciones.

El ciclo urbano completo, cubriendo los costes reales del agua “en alta”, invirtiendo lo necesario para reponer y mantener en buen estado las redes (menos de un 10% de fugas) y cubriendo los costes de amortización y funcionamiento de un saneamiento eficaz, están suponiendo en países europeos como Holanda o Suiza entre 3 y 5 €/m3 de media. En España, aunque existen tarifas muy variadas, solemos pagar entre 1 y 2 €/m3. El reto de garantizar unos buenos servicios en materia tan básica supondrá sin duda afrontar subidas tarifarias que serán difícilmente aceptables si no se promueven modelos transparentes de gestión pública en los que la recuperación de costes excluya todo posible lucro por este tipo de servicios.

Una vez garantizado el derecho humano, fijando un “mínimo vital gratuito”, cuando menos para quienes estén bajo el umbral de la pobreza, habría que organizar los servicios domiciliarios como un derecho ciudadano de acceso universal, pero vinculado a los correspondientes deberes ciudadanos.

No se trata de hacer un buen negocio sino un buen servicio público de interés general y de acceso universal que minimice impactos ambientales.

Teniendo en cuenta que desde las redes urbanas abastecemos usos muy diversos, es necesario diseñar un sistema tarifario que identifique categorías éticas, fijando prioridades y criterios de gestión adecuados para los diversos tipos de uso.

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¿El hecho de que el coste total del ciclo urbano del agua varíe de unas ciudades a otras debe conllevar tarifas distintas?

¿Es necesario afrontar subidas tarifarias  para garantizar unos buenos servicios en materia tan básica?

¿Puede o debe combinarse el criterio de recuperación de costes con subvenciones justificadas desde criterios sociales y/o ambientales?

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