Las aguas residuales urbanas están en un lugar crítico del ciclo integral del agua. En ese punto el ciclo se puede romper desparramando los residuos contaminantes y los caudales, lo que por un lado afectará a otros usuarios de la cuenca hidrográfica y al medio ambiente y, por otro, requerirá nuevas aportaciones de recurso natural para satisfacer la demanda, incrementando injustificadamente la entropía (en el sentido de desorden e incapacidad para cumplir su misión) ambiental, social y económica. La otra alternativa es engarzar los eslabones sueltos, responsabilizándonos de nuestros impactos o externalidades, que se provocan principalmente sobre la calidad hacia aguas abajo y sobre la cantidad hacia aguas arriba de la cuenca, mediante la transformación de los residuos en productos valiosos y energía y apostando por la regeneración del agua. La depuración y la reutilización son los retos para cerrar el ciclo urbano del agua dentro de la gestión integral de los recursos y de la cuenca, de la sostenibilidad ambiental y de la eficiencia en el uso de los inputs necesarios para proveer estos servicios urbanos.
La Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y su transposición por el RD Ley 11/95 impulsaron en España el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005, con el objetivo de cumplir los niveles de depuración exigidos según el tamaño del núcleo urbano y el medio receptor, en función de su declaración como zona sensible, que a su vez depende del riesgo de eutrofización. A pesar del importante avance alcanzado—a finales de 2008 con el cumplimiento del 83% de la carga contaminante tratada (EC 2011 y OSE 2011)—aún queda muchísimo por hacer, especialmente en aglomeraciones urbanas pequeñas y medianas. España realizó una Declaración de zonas sensibles en 1998 afectadas por 84 aglomeraciones urbanas mayores de 10.000 habitantes equivalentes, que se ampliaron a 204 aglomeraciones en la Declaración de 2006. En estas aglomeraciones que descargan en zonas sensibles el grado de cumplimiento es mucho más bajo (bastante por debajo del 50%) y aunque se disponga de un plazo transitorio de siete años para la adaptación de los tratamientos, éste se encuentra prácticamente agotado.
Para culminar los flecos pendientes correspondientes al cumplimiento de la Directiva 91/271 y de la declaración de zonas sensibles de 2006 y dentro del nuevo espíritu de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y el Plan A.G.U.A. (Actuaciones Gestión y Utilización del Agua), se desarrolla un segundo impulso para la planificación, diseño y operación de los sistemas de saneamiento y depuración del agua, el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. Este Plan pretende relacionar la gestión del agua con otros aspectos como la gestión del suelo, los ríos y los vertidos, y mejorar la calidad de la depuración en ámbitos ambientalmente exigentes, con el objetivo global de alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua.
Los modelos de gestión de alcance supramunicipal o regional autofinanciados vía tarifas han demostrado en general su suficiencia económica y técnica, frente a sistemas locales sin una financiación diferenciada. Sin embargo, está vivo el debate para desarrollar la gobernanza de la depuración entre las alternativas de regulación, con el objetivo de fomentar la comparación entre operadores, potenciar la eficiencia y proteger a los usuarios en relación con los niveles de calidad y las tarifas. De acuerdo con la legislación europea, la gestión debe adaptarse a los principios de eficiencia, responsabilidad -“quien contamina paga”- y de recuperación de costes, incluyendo los de mantenimiento y amortización de las infraestructuras.
Las bacterias y otros microorganismos son nuestros aliados para alcanzar el objetivo de transformar los residuos en recursos. La mejora de la eficiencia en los procesos, incorporando tecnología, software de simulación e instrumentación para el control de los procesos biológicos, y la valorización de los subproductos de la depuración en forma de fangos y estruvita como fertilizantes renovables y de biogás como energía limpia, deben contribuir a minimizar el incremento de la entropía y a reducir los costes de la depuración.
Los contaminantes emergentes presentes en las aguas residuales, entre los que se encuentran fármacos, productos de cuidado personal, disruptores endocrinos, pesticidas, productos químicos y subproductos de la desinfección del agua, son sustancias no reguladas cuyos efectos potenciales sobre la salud y el medio ambiente se están investigando. Su posible reglamentación supondría un reto formidable para los servicios urbanos de depuración, que implicaría la necesidad de incorporar sistemáticamente tecnologías avanzadas con membranas, con un incremento de costes enorme.
La reutilización es la parte del ciclo urbano del agua que va desde la salida de la EDAR hasta el punto de entrega al usuario final, en la que se produce y suministra agua regenerada con calidades adaptadas a los usos finales. En un caso extremo, como por ejemplo en una estación espacial, la reutilización cierra totalmente el ciclo del agua, evitando salidas del ciclo y eliminando la necesidad de nuevos recursos. A nivel de cuenca, la reutilización permite varios usos de la misma gota de agua, de manera que con unos recursos naturales determinados se pueden satisfacer demandas superiores.
En un sistema de gestión de reutilización participan los responsables de los sistemas de depuración, regeneración y distribución del agua regenerada y del control de la calidad, el usuario final y las autoridades hídrica, ambiental y sanitaria.
La reutilización es una alternativa posterior a otras opciones más eficientes desde el lado de la demanda, como pueden ser el ahorro, el control de fugas, la gestión de presiones y otras en cada caso. Es una herramienta de gestión de la demanda pues aunque tiene como resultado un recurso adicional para el Sistema local de suministro urbano, no requiere detraer recursos naturales adicionales a nivel de cuenca hidrográfica. Además incorpora otros elementos desde el lado de la demanda como la diferenciación de la calidad del agua regenerada en función de los usos finales, el precio del agua regenerada vs. agua potable, la garantía de suministro y la gestión de conflictos por derechos de agua.
La recientemente publicada Nueva Política Europea del agua a largo plazo (Water Blueprint: Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa), en el marco de la vulnerabilidad de las aguas de la UE y en relación con la sequía y la escasez, considera la reutilización como una alternativa mejor que las transferencias entre cuencas o la desalación. Y establece su compromiso para presentar en 2015 una propuesta de un instrumento normativo común europeo para fomentar la reutilización, mejorando de esta forma la escueta referencia a la reutilización que aparece en la DMA. El RD 1620/2007 por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas ha facilitado un desarrollo amplio de la reutilización en España y será una de las precursoras a nivel europeo de esta legislación. En 2010 se publicó la Guía para la aplicación del RD 1620/2007.
En España se comenzó a tramitar el Plan Nacional de Reutilización de Aguas (PNRA, documento inicial febrero 2009, presentación de José Luis Yagüe) como herramienta de planificación y gestión para el fomento de la reutilización con dos horizontes: 2015 y largo plazo. El PNRA se planteó sin compromisos de financiación y parece haber sucumbido a los cambios de gobierno. Sin embargo, continúan desarrollándose multitud de iniciativas de reutilización a escala regional y local.
La reutilización no planificada consistente en captar aguas abajo las aguas residuales depuradas (o no depuradas) vertidas por una población ubicada aguas arriba del cauce, se ha realizado históricamente. Y se sigue realizando. La reutilización planificada es radicalmente distinta e implica un modelo de gestión que defina: la autorización o concesión administrativa emitida por la autoridad hidrológica en el marco del régimen jurídico, la titularidad de las infraestructuras de depuración, regeneración y distribución, los responsables de su operación y mantenimiento, la responsabilidad de asegurar la calidad y de controlarla y el sistema tarifario que permita la recuperación de costes. El R.D. 1620/2007 es flexible en muchas de estas variables con el objetivo de que el modelo de gestión se adapte a cada caso particular. El servicio se debería basar en la gestión del riesgo sanitario y ambiental (WateReuse Research Foundation 2011).
En el momento de planificar la reutilización del agua urbana, se recomienda su integración en el marco del Plan Hidrológico de Cuenca, de forma que la toma de decisiones se realice para cada suministro o sistema de agua regenerada individual, pero teniendo en cuenta los costes y beneficios sobre el conjunto del Sistema de suministro urbano y también sobre el resto de la cuenca y el medio natural. En esta etapa es preciso concretar el modelo de gestión y en particular decidir sobre cómo asignar la repercusión de costes, si se reparte entre todos los usuarios del Sistema (de agua urbana e incluso de cuenca) y no sólo sobre el usuario final de agua regenerada, teniendo en cuenta las externalidades positivas que genera (en este sentido, también es discutible si debe discriminarse esta subvención cruzada en función del uso al que se destina) y, por este motivo, la conveniencia de incentivar su uso (Análisis de las fórmulas de recuperación de costes de tratamiento de aguas residuales y de su distribución para reutilización). También es conveniente que la planificación de la reutilización se integre en el proceso de urbanización del suelo, de manera que durante la urbanización se implante la tercera red, evitando de esta forma los elevados costes e impactos de las actuaciones que se realizan cuando el medio urbano ya se ha consolidado. Por último, aunque el R.D. 1620/2007 establece el régimen jurídico y la asignación de recursos de agua, en el caso de plantear un esquema de intercambio de agua regenerada urbana por derechos agrícolas sobre recursos naturales de agua, la planificación debe abordar la viabilidad del intercambio de derechos.
La reutilización presenta las siguientes ventajas para la asignación de recursos: mejora el binomio agua-energía con un menor consumo energético que otras alternativas, minimiza los conflictos entre usuarios de la cuenca hidrográfica (esto es así porque los recursos que salen del sistema urbano no tienen tanta competencia como los recursos naturales que entran, aunque en zonas no costeras casi siempre existen usuarios aguas debajo de las zonas urbanas), mejora la garantía de suministro, tanto para el usuario final del agua regenerada como dentro del sistema de abastecimiento urbano donde se desarrolla y también de los caudales ecológicos, permite achatar los picos estacionales de demanda de agua urbana mejorando la gestión y capacidad de los sistemas de abastecimiento y es un agua producida a la medida de las necesidades del usuario final. Este último aspecto es muy importante porque los costes asociados a la obtención y control de la calidad del agua regenerada y a la gestión del riesgo se pueden adaptar a las necesidades del uso final.
Existe capacidad tecnológica para purificar el agua tanto cuanto deseemos. Aunque en España no se permite a priori la reutilización para consumo humano, en el mundo los esquemas de reutilización potable indirecta (a través de un cauce, un embalse o un acuífero) se están extendiendo velozmente e incluso existe una experiencia de reutilización potable directa (Windhoek, Namibia). Esto es si hablamos de reutilización planificada, pues en España la reutilización potable indirecta no planificada se practica en todas partes. El agua regenerada puede por tanto satisfacer casi todos los usos imaginables de carácter urbano, agrícola, industrial, recreativo y ambiental. En este sentido, debemos convencer desde el rigor, la gestión del riesgo y la transparencia hacia los ciudadanos de que “el agua debe juzgarse por su calidad y no por su historia”.
Un ciudadano informado será capaz de relacionar el uso que realiza del agua recibida y la calidad del agua residual que entrega, con los costes de depuración y con los recursos extraíbles del agua residual en forma de energía y fertilizantes, facilitando su comprensión sobre el impacto de las externalidades que él mismo provoca (y que no se reflejan en su factura) y generando incentivos para que las personas mejoren su eficiencia. Si conseguimos que el ciudadano interiorice que el agua que utiliza siempre tendrá un uso posterior (al menos ambiental) y que ese uso, mediante la reutilización, puede ser en sus propias calles y parques, se puede conseguir un efecto positivo adicional sobre los servicios de saneamiento y depuración. Explicar los riesgos y los beneficios de las distintas alternativas, fomentando la participación de los usuarios en la toma de decisiones, facilitará la justificación de las inversiones en infraestructuras necesarias y de su repercusión justa en el coste de los servicios.
También los reguladores de los servicios de depuración y reutilización deben incentivar la eficiencia y la innovación de los gestores, promoviendo una industria competitiva, con alto valor añadido y consciente de sus responsabilidades sociales y ambientales.