El agua es un patrimonio con muy diversas funciones, usos y valores asociados, del que dependen la vida y las actividades económicas, y por tanto en su gestión hay muy diversos intereses. La contraposición de esos intereses ha generado graves conflictos sociales tanto histórica como recientemente, y es previsible que siga siendo así en un futuro.

A pesar de que cada conflicto tenga sus particularidades y deba ser analizado en su contexto, se pueden identificar una serie de características comunes que pueden ayudar a situarlos y comprenderlos. En primer lugar, el agua como bien común sitúa el conflicto en el ámbito de lo público, con una intervención de autoridades públicas, y habitualmente de grupos de personas a través de acciones públicas colectivas. Las disputas clásicas se han dado entre ecologistas y sectores económicos, entre usuarios urbanos y rurales, entre la parte alta y baja de una cuenca, entre alguno de estos sectores y la Administración, o dentro de la propia Administración entre autoridades con competencias concurrentes en la política de aguas. En segundo lugar la complejidad intrínseca a estos conflictos conlleva incertidumbre a la hora de prever las consecuencias de las medidas propuestas, más cuando la falta de información es habitual. En tercer lugar, es común que el objeto de discusión se politice y se utilice con fines electorales. Y en cuarto lugar, los conflictos hídricos suelen eclosionar en torno a una situación de competencia por el recurso, tanto en cantidad como en calidad, o por el control sobre su gestión –pública versus privada-  o bien en situación de riesgo natural ligado a inundaciones o sequías.

Junto a esta base común se pueden identificar una serie de causas generadoras de los conflictos. No pretendemos excluir otras causas posibles sino identificar las que se consideran más habituales. Teniendo en cuenta que los conflictos hídricos son multidimensionales y dinámicos, el desarrollo de un mismo conflicto podrá resultar de la combinación de diversas causas que a lo largo del tiempo pueden manifestarse con distintas intensidades:

• Insuficiente calidad o acceso a la información: Un primer grupo de motivos está relacionado con la accesibilidad y calidad de la información. Se pueden dar distintas situaciones: de un lado, la falta de información, ya sea por su inexistencia como por la ausencia de difusión de la misma; de otro lado, la desinformación, ya sea por la poca calidad de la información disponible como por una transmisión poco clara, así como por la confusión sobre los datos existentes o un desacuerdo en sus distintas interpretaciones.
• Insuficiente legitimidad social en la toma de decisiones: Un segundo grupo de causas se asocia a  cómo se toman las decisiones y, en consecuencia, a las relaciones que se establecen entre los distintos actores implicados en el conflicto. Sería el caso de una toma de decisiones autoritaria, tecnocrática, sin inclusión de mecanismos de participación del público, y sin tiempo suficiente; de un desequilibrio en la capacidad de participación de las partes interesadas en la toma de decisiones; de la voluntad de una de las partes en imponer su posición; del surgimiento de comportamientos violentos entre parte de los implicados; ode la falta de asunción de responsabilidades públicamente por parte de la autoridad competente.
• Divergencia de los sistemas de valores: Un tercer grupo de causas tiene relación con la diferencia entre los sistemas de creencias y las distintas percepciones en relación  con el medio ambiente y cómo se debe preservar o gestionar. Podríamos ver por ejemplo posiciones de conservación y protección ambiental sustentadas en la dimensión cultural, simbólica, espiritual y afectiva del agua, en la que entran en juego significados e intereses no cuantificables, como el sentimiento de identidad con un territorio o las distintas miradas inherentes a las experiencias e historia de vida personales, que generalmente priman una perspectiva de gestión de largo plazo, frente a posiciones en las que prima la valoración del agua como factor productivo de la economía y una perspectiva de gestión de corto plazo  sustentada en intereses políticos y económicos. Un ejemplo serían los recurrentes desacuerdos en la definición de interés general, que llevan implícita una diferencia de percepciones en la definición del problema y las soluciones.
• Contraposición de intereses entre las partes: Un cuarto grupo de motivos tiene que ver con  la diversidad de intereses en juego. En este caso podemos encontrar valores similares con intereses confrontados. Sería el caso de conflictos en los que existen intereses similares en ambas partes –ya sean económicos, territoriales o políticos- que se contraponen. 

La construcción de infraestructuras hidráulicas (en particular, grandes embalses y trasvases) es una de las fuentes más importantes, aunque no la única, de conflictos hídricos en España a lo largo del siglo XX. En torno a este tipo de medidas se articuló la política española del agua, basada en el incremento de la oferta de agua para satisfacer las necesidades vinculadas al crecimiento económico, así como en la modificación de la hidromorfología fluvial (p.ej. desvío de cauces, canalizaciones e impermeabilización de cauces, motas, etc.) para prevenir inundaciones de áreas construidas o con aprovechamientos económicos en zonas inundables. Estas grandes infraestructuras financiadas en gran medida a través de los presupuestos públicos, regionales o estatales, se han justificado elevando los intereses económicos de algunos sectores (p.ej. desarrollo de  la agricultura de regadío, de la producción hidroeléctrica o de urbanizaciones) en unos territorios a la categoría de “interés general de la nación”, en detrimento de intereses sociales, ambientales y económicos en otros territorios. La construcción y la explotación de muchas grandes infraestructuras hidráulicas han venido acompañadas de conflictos socio-ambientales ante el rechazo de una parte de la sociedad que cuestiona su eficacia así como el grave perjuicio ecológico, social, económico y emocional provocado por la intensa alteración de los ecosistemas acuáticos en las cuencas afectadas por las infraestructuras de regulación hidrológica así como por la promoción de modelos de producción y consumo insostenibles en los territorios beneficiarios de las infraestructuras hidráulicas.

A modo de ejemplo y sin ánimo de exhaustividad, reseñamos algunos conflictos hídricos acontecidos en los últimos años en España (en futuras actualizaciones de este artículo se irá completando esta lista inicial)^[1]. En ellos confluyen, con intensidad diversa, las distintas de las causas identificadas anteriormente y que han generado o generan importantes movilizaciones sociales contrarias a su construcción y explotación.En torno a estos conflictos se han articulado grupos ciudadanos en defensa de los ríos que han pervivido al propio conflicto y han enfocado sus esfuerzos a reivindicar la recuperación de los ríos como patrimonio ecosocial de la sociedad así como a difundir los principios y perspectivas de la Nueva Cultura del Agua para la planificación y gestión del agua en sus territorios.

1- Proyecto embalse de Caleao (Asturias): Embalse de 35hm³, situado en el valle de Caleao. Año:1998.Estado:Incluido como infraestructura de regulación en el Plan hidrológico del Cantábrico del año 1998, desestimado en el Plan Hidrológico Nacional del año 2001, recuperado en el año 2004, y con falta de claridad y especificación sobre su inclusión en el nuevo Plan hidrológico de cuenca del Cantábrico Occidental.Argumento principal para su construcción:Abastecimiento del centro de Asturias.

2- Embalse de Riaño (León): Embalse sobre el río Esla, de 651hm³, con la inundación de 10 pueblos, en el marco de los Plan General de Riego de la Tierra de Campos (Valladolid). Año: 1966. Entró en funcionamiento en 1988 hasta la actualidad. Estado: En funcionamiento. Argumentos principales: Abastecimiento para al riego de 80.000 hectáreas y para al aprovechamiento hidroeléctrico.

3- Proyecto embalse Korrosparri (Navarra): Embalse de 4,6hm³ situado en la cabecera del Arakilpara trasvasar agua a la cuenca del Zadorra, propuesta como obra de interés general en el Plan Hidrológico Nacional (anexo II). Año: 2001. Estado: Desestimado. Argumento principal: Abastecimiento urbano (doméstico e industrial de San Millán, Salvatierra-Agurain y Aspárrena) y agrícola (7.500 nuevas hectáreas en la Llanada Oriental Alavesa).

4- Embalse de Itoiz (Navarra): Propuesta de embalse de 417hm³ sobre el río Irati, 2km aguas arriba de la población de Aoiz. Año: 1990. Estado: En funcionamiento desde 2003 hasta la actualidad.Argumento principal: Abastecimiento urbano y de regadío, generación de electricidad.

5- Recrecimiento del embalse de Yesa (Aragón): Recrecimiento del embalse de Yesa de 447hm³ a 1079hm³.Año: 1992 Estado: En construcción. Argumento principal de construcción: Abastecimiento para usos urbanos (Zaragoza) y regadío (Bardenas II y III) y vinculada a las propuestas de trasvase del Ebro que requerían mayor regulación de la cuenca.

6- Embalse de Biscarrués (Aragón): Propuesta de un embalse 192hm³ de capacidad en su inicio reducidos a 35hm³ en su última propuesta, en el contexto del Pacto del Agua de Aragón y el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Año: 2000. Estado: Se da por finalizado el DIA en 2012. Se ha recurrido en contencioso administrativo por ayuntamientos y organizaciones ambientales. En diciembre de 2012 se aprueba por el Consejo de Ministros la licitación de redacción de proyecto y obra del Pantano de Almudévar (192hm³) como primera fase del sistema Biscarrués-Almudévar. Biscarrués se pospone para cuando haya disponibilidad financiera. Argumento principal: Abastecimiento para regadíos (Hoya de Huesca y Monegros II).

7- Trasvase Tajo-Segura (Castilla La-Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana): Trasvase de aguas del Tajo al Segura, 600hm³/año en una primera fase incrementables a 1000hm³/año en una segunda fase, dentro del II Plan de Desarrollo (1968-71). Año: 1968. Estado: Inició su funcionamiento en 1979 hasta la actualidad. Argumento principal de construcción: Resolver el “déficit hídrico” en las provincias de Alicante, Murcia y Almería, y asegurar el abastecimiento urbano y de regadío.

8- Trasvase Ebro-Barcelona (Cataluña): Propuesta de trasvase del Ebro de 4,1hm³/mes, para el abastecimiento de Barcelona y su área metropolitana. Año: 2008. Estado: Desestimado. Argumento principal de construcción: Abastecimiento urbano ante el riesgo de desabastecimiento como consecuencia de la sequía.

9- Trasvase Ebro-Barcelona/Levante/Almería (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía): Propuesta de trasvase de 1050hm³/año, en el marco del Plan Hidrológico Nacional. Año: 2001. Estado: Desestimado. Argumento principal de construcción: Resolver los problemas de déficit hídrico, la sobreexplotación de acuíferos y la demanda urbana, industrial y de regadío.

10- Trasvase Júcar-Vinalopó (Comunidad Valenciana): Trasvase de hasta 80 hm³/año de aguas del Júcar hasta el Vinalopó, en el marco del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar aprobado en 1998. Año: 2003. Estado: punto de toma de aguas en el Júcar modificado para situarlo en el Azud de la Marquesa (a 4 km. de la desembocadura) y aguas del trasvase para usos agrarios mediante sustitución de bombeos. Obras finalizadas en 2010.  Argumento principal de construcción: Solucionar el “déficit hídrico estructural” de la provincia de Alicante –agua para regadío en las comarcas del Vinalopó y l’Alacantí y abastecimiento humano en la comarca de la Marina Baixa- y la situación de sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó.

11- Proyecto de trasvase desde la presa de Cerro Blanco (río Grande) a la E.T .A.P. de El Atabal (Málaga): Construcción de una presa en el río Grande (con capacidad para almacenar 8 hm³ de agua) y de un trasvase para transferir hasta 20 hm³/año de agua para suministrar los usos urbanos de Málaga y la Costa del Sol, aprobado en el Plan Hidrológico Nacional en 2001. Año: 2006. Estado: Desestimado. Argumento principal de la construcción: Garantizar el suministro de agua potable a la ciudad de Málaga y la Costa del Sol para impulsar el turismo, captar inversiones públicas en el territorio en forma de obras hidráulicas y facilitar la construcción posterior de una gran presa de regulación en el río Grande.

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