Las inundaciones en la legislación

La legislación española a través del  Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y gestión de riesgos de inundación, establece: "La lucha contra los efectos de las inundaciones ha sido desde hace muchos años una constante en la política de aguas y de protección civil y así el enfoque tradicional consistente en plantear y ejecutar soluciones estructurales, como la construcción de presas, encauzamientos y diques de protección, se han revelado en determinados casos insuficientes, por lo que ha sido complementado en las últimas décadas con actuaciones no estructurales, tales como planes de protección civil, implantación de sistemas de alerta, corrección hidrológico-forestal de las cuencas y medidas de ordenación del territorio, para atenuar las posibles consecuencias de las inundaciones. Este último tipo de actuaciones son menos costosas económicamente y a la vez menos agresivas medioambientalmente." Como también refleja dicho decreto, la búsqueda de soluciones ha tenido un importante respaldo en la legislación. Así, la seguridad de las personas y bienes frente a las inundaciones ha sido recogida tanto en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así como en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio.

La Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil se desarrolla mediante la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, incluyendo entre los planes especiales de protección civil a elaborar por la Administración General del Estado y por las comunidades autónomas, los correspondientes al riesgo por inundación. En el marco de esta legislación destaca la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994, la cual establece el marco sobre el que se han desarrollado los planes especiales de protección civil ante el riesgo de inundaciones y que puede considerarse como la primera disposición que relaciona expresamente el nivel de riesgo de inundación del territorio con la planificación territorial y los usos del suelo.

Por su parte el Artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de aguas),  dice que: "..En las zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe[1], y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno[2], se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas."

A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios:

  • Que el calado sea superior a 1 m.
  • Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
  • Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s.

En el ámbito europeo y precedida por dos directivas más relativas al agua—Directiva Marco del Agua (DMA  2000/60) y La Directiva Hábitats (1992/42)—, la Unión Europea publicó en 2007 una tercera directiva relacionada con la gestión hídrica: la directiva relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, conocida como la Directiva de Inundaciones (2007/60). Esta directiva sienta un precedente importantísimo y novedoso al reconocer que “las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse”, y que “algunas actividades humanas (como el incremento de los asentamientos humanos y los bienes económicos en las llanuras aluviales y la reducción de la capacidad natural de retención de las aguas por el suelo), a la vez que el cambio climático,  están contribuyendo a aumentar las posibilidades de que ocurran, así como su impacto negativo”.

La Directiva y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio que la traspone al ordenamiento español, establece desde el año 2007 la forma en que las administraciones deben de trabajar para evitar los daños producidos por las inundaciones, ya sean estos en forma de pérdidas de millones de euros o de vidas humanas. Para ello, indica que debe de trabajarse en tres líneas: la prevención, evitando por ejemplo construir en zonas inundables, la preparación mediante instrucciones a los habitantes sobre el comportamiento que deben seguir en caso de inundación y la optimización de todos los mecanismos de alerta y control y la protección para lo que propone “dar más espacio a los ríos (…) mediante el mantenimiento o restablecimiento de llanuras aluviales y las zonas húmedas”. A su vez, obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases dentro de un calendario concreto: 

  1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) (Diciembre 2011).
  2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI) (Diciembre 2013).
  3.  Plan de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI) (Diciembre 2015).
 

Foto Camino ext1

Mapas de peligrosidad según la directiva 60/2007

En definitiva, esta Directiva aboga por un cambio en las políticas de prevención de las inundaciones, que hasta la fecha se han basado en la construcción de infraestructuras, por la recuperación de la laminación natural de las avenidas en las llanuras de inundación, recuperando así tanto los procesos naturales como los valores ecológicos dependientes de éstos, al tiempo que se previenen los daños causados por las inundaciones. 


[1] Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo de retorno sin producir una sobre-elevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación existente. La sobre-elevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos.

[2] El periodo de retorno define la probabilidad de que una crecida de ese caudal vuelva a ocurrir, lo que no quita para que dos años consecutivos puedan darse crecidas de retorno elevado ya que es un concepto estadístico.