Presentación
Los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) alertan de la urgencia de actuar en dos sentidos. Por un lado, en la rápida reducción de las emisiones netas globales de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero hasta alcanzar el cero neto en 2050, si se quiere limitar el calentamiento global a 1.5°C para finales de este siglo. Por otro, en la adaptación de las sociedades humanas a unos cambios que, independientemente de las acciones anteriores, persistirán por siglos y milenios y continuarán ocasionando cambios a largo plazo adicionales en el sistema climático. Por una u otra razón se necesitarán transiciones sin precedentes en muchos aspectos de la sociedad, por ejemplo, en los ámbitos de la energía, los usos del territorio y los ecosistemas, las zonas urbanas y las infraestructuras, y la industria.
El ciclo hidrológico en su conjunto está afectado por los cambios producidos en el sistema climático, ya que forma parte de él. Hasta hace unas décadas, las variables climáticas que sustentan la gestión del agua (p.ej. precipitación), dibujaban un marco estable (considerado exógeno) a largo plazo, a pesar de su variabilidad intrínseca en el corto periodo. La desestabilización antropogénica del sistema climático erosiona la gestión del agua tradicional en sus fundamentos, al volatilizar la base de información en la que se sustenta. Por otro lado, hoy no es posible concebir una política hídrica al margen de las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un intento por mitigar sus efectos sobre el clima y para adaptar las sociedades a los cambios ya en marcha.
La política del agua debe responder a la urgencia de actuar con decisión para prevenir y evitar un agravamiento de los problemas, tomando en consideración el incremento de la incertidumbre derivada de cambios sin precedentes y de la globalidad simultánea de dichos cambios, que retroalimenta la incertidumbre.
Para abordar la política del agua en este contexto podemos acotar el campo del debate con algunas certezas y algunas intuiciones. Entre las primeras, como ya se ha apuntado, la necesidad urgente de limitar en el corto plazo las emisiones de GEI, con las implicaciones que eso tiene para el modelo energético fosilista y, por tanto, para todo el sistema de producción y consumo y, en última instancia, para el régimen de adquisición de riqueza (y poder). También, la urgencia de adoptar medidas preventivas frente a los efectos inevitables del cambio climático, como los derivados de las sequías, las inundaciones fluviales o costeras, la extinción de especies, etc.
En cuanto a las segundas, partiendo de la intuición de que las prácticas -y los enfoques teóricos que las sustentan- que han conducido a la desestabilización del sistema climático global no pueden formar parte de la solución, proponemos explorar otras formas de actuación, basadas en el reconocimiento de la complejidad de los socioecosistemas, que posibiliten la transición hacia modelos de gestión hídrica compatibles con el mantenimiento de las funciones vitales del planeta.
Debatir las políticas del agua a la luz de tales certezas e intuiciones es particularmente urgente en la Península Ibérica, donde al igual que en el conjunto de países mediterráneos el cambio va a afectar – está afectando ya – de forma particularmente intensa en términos de reducción de recursos hídricos disponibles y de incremento de la intensidad de los eventos climáticos extremos, como sequías y precipitaciones torrenciales. El XI Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua (XICIGPA) pretende contribuir a este marco de debate.
Hablar de transición hídrica exige un ejercicio de anticipación y prefiguración de los escenarios posibles de destino. ¿Hacia dónde queremos transitar? ¿Qué debemos mantener o lograr de manera prioritaria? ¿Qué podemos o tendremos que sacrificar? Proponemos tratar separadamente en el XICIGPA dos aspectos relacionados con estas cuestiones. Por un lado, cómo diseñar una transición justa, en la que se preserven derechos fundamentales como los derechos humanos al agua y al saneamiento, se repartan de manera equitativa los beneficios, costes y riesgos de la gestión del agua y se proteja a los grupos más vulnerables de la sociedad. Ante una perspectiva de menor disponibilidad de agua para usos humanos esto remite de manera directa a un nuevo reparto del agua y a transformaciones importantes en las políticas sectoriales y territoriales.
Por otro lado, partimos del convencimiento de que los modelos actuales de gobernanza no son los adecuados para enfrentar la indeterminación inherente a un proceso de cambio global abierto. Si existe alguna posibilidad de influir de forma racional en el proceso de cambio con criterios de justicia global, es imprescindible crear nuevos modelos de gobernanza más democráticos y más eficaces en la preservación de los valores de protección de la vida, reparto justo de cargas y beneficios y libertad, que asumimos como propios. El contexto de incertidumbre y riesgo creciente, de complejidad irreductible de los fenómenos y la relevancia de los valores en juego demandan nuevas instituciones y procedimientos.
A pesar de la desestabilización antropogénica de los sistemas vitales del planeta, la naturaleza todavía ofrece -frente a los artefactos técnicos con la que se pretende sustituirla- una enorme capacidad de funcionamiento autónomo que podemos aprovechar sin comprometer su pervivencia. Bajo la etiqueta común de ‘soluciones basadas en la naturaleza’ se engloba un conjunto de ideas y proyectos que persiguen el aprovechamiento con fines humanos de procesos naturales sin alterarlos sustancialmente, superando la visión tradicional en Occidente de dominio de la naturaleza. Desde esta perspectiva cobran una nueva dimensión los llamados servicios ecosistémicos, es decir, la contribución de los ecosistemas al bienestar humano, que pueden (y deben) ser gestionados manteniendo el buen funcionamiento de los sistemas naturales y que facilitan una gestión del agua más resiliente frente al cambio climático y otros riesgos.
Por último, el XICIGPA ofrece la posibilidad de concretar aquí y ahora las ideas y los debates apuntados más arriba, en cuanto a promover una transición hídrica justa, asegurar una gobernanza democrática y eficaz y preservar en buen estado de funcionamiento los ecosistemas acuáticos (y terrestres asociados), con el fin de obtener los beneficios de su contribución al bienestar humano. Por ello, queremos reservar un espacio en el XICIGPA para discutir los trabajos en marcha de revisión de los planes de gestión de las cuencas fluviales, así como la de las directivas que regulan la política europea del agua.