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Documento de alegaciones para contrarrestar la última maniobra de algunas administraciones públicas autonómicas, con el propósito de saltarse la Evaluación de Impacto Ambiental en proyectos que tienen impacto en el medio ambiente.
En el caso de que estos proyectos, como los de modernización de regadíos y otros, pretendan recibir fondos Covid, estas administraciones públicas podrán saltarse la legislación de protección ambiental con el objeto de agilizar la gestión de estas ayudas y evitar cualquier obstáculo para su recepción.
Los trabajos recogidos en este nuevo volumen del Informe OPPA trazan un recorrido temático que va de las emergencias que la pandemia ha generado, o sencillamente evidenciado, al debate sobre una obra emblemática de una concepción de la política de aguas obsoleta. Por un lado, la necesidad de garantizar los derechos humanos al agua y el saneamiento, latente en ciertos grupos de la población, que emerge como una urgencia para la prevención del contagio, evidenciando carencias ocultas. Por otro, la obstinación de los representantes (incluidos políticos electos) de ciertos grupos de presión y parte de la administración hidráulica en defender una obra –el recrecimiento de la presa de Yesa- contra la evidencia de su inestabilidad y, por ende, de su inutilidad. La insistencia en apuntalar un modelo de producción agroindustrial, cuyo balance neto de gases de efecto invernadero y los efectos de contaminación de aguas y suelos, pérdida de biodiversidad, erosión, etc. que conlleva, han sido firmemente establecidos y están en última instancia en el origen zoonótico de pandemias como la actual, compromete el buen estado de los ecosistemas y la provisión de servicios ecosistémicos vitales. Pero, además, condena al atraso a los territorios que siguen apostando por la vieja cultura del agua. Atraso, entiéndase bien, no como posicionamiento en una senda predeterminada de progreso, sino como incapacidad para reconocer los problemas y abordar los cambios necesarios para superarlos.
Este artículo forma parte del Informe "Los retos de la gestión y planificación del agua. Informe OPPA 2020" y está enmarcado en el contexto del mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo Agudo; quien actualmente trabaja en el impacto de la Covid- 19 en los derechos humanos al agua y el saneamiento como parte de su mandato.
El 8 de junio el Presidente de la Comisión de Medio Ambiento, Agua y Ordenación del Territorio, Juan Ignacio Ponce Guardiola, cursó una invitación a diferentes profesionales, entidades y asociaciones para […] presentar aportaciones y propuestas, en el ámbito del medio ambiente, el agua y la ordenación del territorio. En respuesta a dicha invitación se redactó el texto cuya traducción al castellano se reproduce a continuación. Se ha decidido mantener el original sin modificaciones, con la única salvedad de un par de observaciones a pie de página que remiten a eventos relevantes, posteriores a la remisión del documento a las Corts en junio de 2020, como la presentación del informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, acerca de Los derechos humanos yla privatización de los servicios de agua y saneamiento, en julio de 2020, o la aprobación de la Directiva (UE) 2020/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano en diciembre de 2020.