Los trabajos recogidos en este nuevo volumen del Informe OPPA trazan un recorrido temático que va de las emergencias que la pandemia ha generado, o sencillamente evidenciado, al debate sobre una obra emblemática de una concepción de la política de aguas obsoleta. Por un lado, la necesidad de garantizar los derechos humanos al agua y el saneamiento, latente en ciertos grupos de la población, que emerge como una urgencia para la prevención del contagio, evidenciando carencias ocultas. Por otro, la obstinación de los representantes (incluidos políticos electos) de ciertos grupos de presión y parte de la administración hidráulica en defender una obra –el recrecimiento de la presa de Yesa- contra la evidencia de su inestabilidad y, por ende, de su inutilidad. La insistencia en apuntalar un modelo de producción agroindustrial, cuyo balance neto de gases de efecto invernadero y los efectos de contaminación de aguas y suelos, pérdida de biodiversidad, erosión, etc. que conlleva, han sido firmemente establecidos y están en última instancia en el origen zoonótico de pandemias como la actual, compromete el buen estado de los ecosistemas y la provisión de servicios ecosistémicos vitales. Pero, además, condena al atraso a los territorios que siguen apostando por la vieja cultura del agua. Atraso, entiéndase bien, no como posicionamiento en una senda predeterminada de progreso, sino como incapacidad para reconocer los problemas y abordar los cambios necesarios para superarlos.

Este artículo forma parte del Informe "Los retos de la gestión y planificación del agua. Informe OPPA 2020"   y está enmarcado en el contexto del mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo Agudo; quien actualmente trabaja en el impacto de la Covid- 19 en los derechos humanos al agua y el saneamiento como parte de su mandato.