Existen algunas interpretaciones según las cuales la laguna del Mar Menor no está eutrofizada, la causa principal de la degradación del Mar Menor no se encuentra en el exceso de nutrientes de origen agrario que alcanzan la laguna o, en todo caso, se trataría de una contaminación acumulada en el acuífero Cuaternario que, de acuerdo con tales interpretaciones, sería la fuente principal de los flujos de nutrientes que alcanzan la laguna y, por tanto, dicha contaminación es una herencia de actividades del pasado y no una responsabilidad directa de las actividades agrarias actuales. Sin embargo, frente a tales interpretaciones falaces, hay que insistir en las numerosas evidencias que permiten sustentar, de acuerdo con el conocimiento científico disponible que el Mar Menor está eutrofizado. 

El siguiente informe analiza una a una estas interpretaciones falaces y las contraargumenta con evidencias científicas.

 

De forma paralela al declive de los regadíos históricos, los cambios socioeconómicos que están teniendo lugar desde mediados del pasado siglo están promoviendo el incremento continuado del regadío en áreas como el Sureste Ibérico (Almería, Murcia y Alicante), la Costa Tropical de Málaga y otra regiones mediterráneas costeras. Estos nuevos regadíos tienen un carácter intensivo en el uso de agua, fertilizantes, tecnología y otros insumos. Estos regadíos se ubican con frecuencia en áreas con baja vocación natural para el regadío, como cuencas neógenas dominadas por margas, saladares, piedemontes y relieves con cierta abruptosidad, todos ellos de baja capacidad agrológica. Diversos cambios tecnológicos (que permiten el aterrazamiento de áreas con pendiente elevada o el cultivo sin suelo), así como el acceso a una fuente de energía barata, el petróleo, han permitido suplir esta ausencia de vocación natural para el regadío a base de un uso creciente de insumos para el cultivo, empezando por la obtención y transporte de agua, aporte de fertilizantes y modificación, en caso necesario, de la topografía a través de grandes movimientos de tierras (Martínez Fernández y Esteve Selma, 2004).

 

Los trabajos recogidos en este nuevo volumen del Informe OPPA trazan un recorrido temático que va de las emergencias que la pandemia ha generado, o sencillamente evidenciado, al debate sobre una obra emblemática de una concepción de la política de aguas obsoleta. Por un lado, la necesidad de garantizar los derechos humanos al agua y el saneamiento, latente en ciertos grupos de la población, que emerge como una urgencia para la prevención del contagio, evidenciando carencias ocultas. Por otro, la obstinación de los representantes (incluidos políticos electos) de ciertos grupos de presión y parte de la administración hidráulica en defender una obra –el recrecimiento de la presa de Yesa- contra la evidencia de su inestabilidad y, por ende, de su inutilidad. La insistencia en apuntalar un modelo de producción agroindustrial, cuyo balance neto de gases de efecto invernadero y los efectos de contaminación de aguas y suelos, pérdida de biodiversidad, erosión, etc. que conlleva, han sido firmemente establecidos y están en última instancia en el origen zoonótico de pandemias como la actual, compromete el buen estado de los ecosistemas y la provisión de servicios ecosistémicos vitales. Pero, además, condena al atraso a los territorios que siguen apostando por la vieja cultura del agua. Atraso, entiéndase bien, no como posicionamiento en una senda predeterminada de progreso, sino como incapacidad para reconocer los problemas y abordar los cambios necesarios para superarlos.

 
 
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