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Los procesos de participación pública implementados a raíz de la Directiva Marco del Agua (DMA) constituyen un importante salto adelante para la democratización de la gestión del agua en España. En el presente texto, a partir de un análisis documental y entrevistas exploratorias, se señalan algunas de las virtudes y debilidades de dichos procesos. En general, se observa que los puntos más problemáticos tienen que ver con la inercia institucional que conforma las relaciones entre los organismos de cuenca y los usuarios tradicionales del agua, así como con la falta de credibilidad que algunos de estos procesos han tenido para algunos de sus potenciales participantes. Como conclusión se advierte la necesidad de pensar nuevos diseños institucionales que respondan a la idea de gobernanza expresada por la DMA.