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La historia de la incorporación a la normativa española del acervo comunitario ambiental es también una historia de incumplimientos. Las resistencias de los gobiernos del franquismo reformado en 1978 y de los grupos de poder (regantes, eléctricas, constructoras…) contribuyen a explicar las denuncias europeas por incumplimiento y los impedimentos legales que limitan la política de aguas, aún condicionada por una visión productivista del agua.
Este artículo es un capítulo del Informe OPPA 2021: https://bit.ly/OPPA-21
El presente informe analiza en qué medida la nueva versión de julio de 2022 del PEPAC 23-27 español, en lo referente a las inversiones en regadío, ha recogido las observaciones que contenía la carta de la Comisión Europea, así como las del Tribunal de Cuentas Europeo y cumple además con los reglamentos 2021/2115 y 2022/126 de la Unión Europea. El análisis se estructura en cuatro apartados. El primero presenta los apartados del PEPAC 23-27 relacionados con los dos reglamentos mencionados, así como diversos informes oficiales europeos y nacionales de interés en relación con el PEPAC 23-27 en lo referentes a las inversiones en regadío. El segundo presenta las principales conclusiones, a modo de resumen ejecutivo de este informe. Los apartados tercero y cuarto analizan en detalle los incumplimientos del PEPAC 23-27 en relación con tales reglamentos europeos.
Este informe pertenece al proyecto de investigación “Modernización de regadíos, emisiones y contaminación difusa. Estado de la cuestión”, cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la convocatoria 2022 de subvenciones a ONG que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.