Texto: Gloria Tobon
Fotografía: Marco Von Borstel
Saltillo es una ciudad de 750,000 habitantes, localizada en el noreste de México. A principios del 2001, el Ayuntamiento de la ciudad aprobó vender 49% de las acciones del sistema de agua, y dejar en manos de la empresa transnacional Aguas de Barcelona, la gestión del mismo.
Con esto, un bien público se convirtió en una mercancía, para beneficio de los socios público y privado, que cada año se reparten utilidades de varias decenas de millones de pesos. Éstas son el resultado de varios aumentos -superiores a la inflación- de las tarifas por consumo, y aún mayores por conexión a los servicios de agua y drenaje; cortes del servicio y cobros altos por reconexión; cambios de medidores y tomas domiciliarias con cargo a los usuarios; violación de los convenios -establecidos por empresa y municipio- de tarifas especiales para colonias populares, etc.
Muchos hogares saltillenses (92% del total son de tipo “popular” o de “interés social”) no tienen agua; para otros, acceder al servicio representa una mengua de sus escasos ingresos.
