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Ante la crisis hídrica de Andalucía.

Transición justa, reparto social del agua y defensa de los ecosistemas  

Conclusiones de la Jornada de la Mesa social del agua de Andalucía del 10 de enero de 2024

 

Andalucía padece una crisis hídrica profunda. Entramos, si no se presenta una primavera extraordinariamente lluviosa, en el sexto año consecutivo de sequía, acompañada de temperaturas muy elevadas y un derrumbe del volumen  de las aportaciones a la red fluvial y a los acuíferos. Cada vez es más evidente que los efectos del cambio climático, reiteradamente anunciados por la comunidad científica, están ya haciéndose presentes. No se trata sólo de problemas de cantidad, sino también de deterioro de la calidad del agua, que conlleva impactos negativos no sólo para los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad, sino también para los usos humanos del agua.

Estos problemas se superponen a un fenómeno previo y crónico: el sobredimensionamiento de la demanda total de agua respecto de los recursos disponibles, es decir, la extracción cada año de mayor volumen de agua de la que de manera natural se renueva, combinando los años secos y húmedos, que los grandes embalses hiperanuales y los acuíferos subterráneos permiten regular. Son estos últimos los que están amortiguando y ocultando,  acosta de su esquilmación, la gravedad de la sobreexplotación y la crisis hídrica.

 

Esta crisis ocasiona que muchos municipios rurales tengan que abandonar sus tradicionales fuentes de suministro (pozos y manantiales) y demanden conectarse a sistemas supramunicipales dependientes de aguas superficiales embalsadas. Es preocupante el aumento de los acuíferos sobreexplotados y contaminados, que los organismos de cuenca deberían declarar en riesgo cuantitativo y químico, para poner en marcha, con la participación de los usuarios, las medidas que permitan conseguir su buen estado.

No se puede excluir la posibilidad de generar en algunos casos recursos alternativos procedentes de la regeneración de aguas residuales urbanas y la desalación. Pero estas tecnologías están limitadas al litoral y a los usos con capacidad de pagar sus altos costes, y siempre para disminuir la sobreexplotación de los recursos, nunca para aumentar regadíos. En el interior, la desalación no es posible y la reutilización directa no aporta nuevos recursos, sino que utiliza los que ya tienen usos aguas abajo; y en caso de dedicarse a nuevos aprovechamientos, no solo no genera sino que detrae. Con todos los matices que exigen las diferencias entre unas zonas y otras, el mensaje fundamental es que la solución no viene simplemente por la ampliación de oferta sino por adaptarse a una situación de déficit crónico y creciente.

La primera condición que se requiere para afrontar esta situación es el cambio profundo de las estructuras de gobierno del agua. Los centros de decisión de la administración del agua no pueden seguir bajo el control de los poderes que tradicionalmente han controlado las Confederaciones hidrográficas y ahora también las Consejerías con competencias sobre el agua. Es imprescindible abrir las ventanas de los despachos y los archivos del agua, introducir transparencia, participación y rendición de cuentas; saber quién y cómo reparte los recursos. Es necesario incorporar nuevos criterios  y nuevas voces que representen a la mayoría de los que conforman el regadío social, familiar y profesional, y a la población usuaria de los restantes servicios del agua,  frente a los viejos y a los nuevos lobbies. Y también, en la base de la gestión del agua, democratizar las Comunidades de Regantes y garantizar la gestión pública democrática del ciclo urbano del agua.

El reto principal es el reparto o reasignación social del agua disponible, con criterios de transición hídrica justa, discriminando positivamente a la agricultura familiar, social y profesional que se define por su multifuncionalidad, el arraigo en el territorio, la producción de alimentos de proximidad, la calidad de los productos, el capital social que genera, la transmisión intergeneracional de conocimiento. Un modelo agrario que cumple funciones sociales (incluidas condiciones y retribuciones dignas de las personas trabajadoras) y ambientales (imprescindibles para mantener la biodiversidad y la calidad del mundo rural). Frente a este modelo, el agua se ve amenazada por el crecimiento de las grandes explotaciones intensivas en forma de sociedades mercantiles, el proceso de precarización de la agricultura, los modelos de integración productiva y la pérdida de  capacidad de decisión  del agricultor en el conjunto del sector alimentario.

Es necesario un Pacto por la Agricultura Familiar, asegurar su sostenibilidad económica mediante precios justos para sus producciones. Es necesario que en esta legislatura se apruebe la ley de la Agricultura Familiar, que recoja los cambios estructurales producidos en el mundo agrario e incorpore compromisos que consoliden el respaldo público al modelo de explotación social y profesional.  

Una transición justa, como la que exige la gestión del agua, tiene implicaciones sociales, económicas, ecológicas y territoriales que requieren un profundo debate social con apoyo científico, cultural y político para lograr acuerdos. Ese gran debate solo será posible si se genera un amplio movimiento social con presencia de los actores y partes interesadas capaces de neutralizar los planteamientos negacionistas (o retardistas) y partidarios de la concentración de la riqueza,  con fuerte presencia actualmente en los ámbitos de toma de decisiones. Somos conscientes que este proceso encontrará dificultades de aplicación en los territorios concretos, lo que obligará a la adaptación y negociación con los agentes interesados en cada caso.

Hay que reclamar que el Ministerio de Transición Ecológica afronte los cambios normativos que permitan incluir claramente los aspectos sociales en la gestión del agua. Eso significa reformar la Ley de Aguas para incluir una visión social en aspectos como el régimen concesional, la gestión de la escasez en el marco del cambio climático, la recuperación de costes basada en el principio de quien contamina paga, que permita avanzar en la implantación del canon volumétrico, y los centros de intercambio de derechos de uso del agua (bancos públicos de agua) que permitan una distribución justa de la escasa agua disponible en beneficio de las explotaciones familiares y profesionales. La Ley debe regular la participación de forma que se evite el acaparamiento de poder en la toma de decisiones sobre el uso de agua.

Esto significa también introducir en la Planificación Hidrológica los impactos del cambio climático, superpuestos a los procesos actuales de sobrexplotación de recursos, que deben conducir a la moratoria de nuevos regadíos y a medidas de reconversión del sector del regadío con criterios de la transición justa. A más corto plazo, es necesario que estos criterios de reparto social del agua sean tenidos en cuenta en las próximas Comisiones de Desembalse, que, a la mayor brevedad, deberán incorporar a los actores sociales interesados, actualmente excluidos.

Pero también la administración tiene que evaluar las medidas tomadas en años anteriores para la gestión de la sequía y esta se comparta en los órganos de participación creados precisamente para la gestión de las sequías, antes de proponer nuevas si siguen las circunstancias actuales. No se pueden olvidar las cuantiosas pérdidas económicas que han representado para la agricultura familiar las restricciones de agua de las últimas campañas de riego, en parte responsabilidad de las administraciones que han fomentado, o tolerado, el incremento de regadíos por parte de grandes empresas mercantiles o no han vigilado los usos ilegales del agua. Esa evaluación tiene que incluir el impacto de la crisis hídrica sobre el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo. 

En el sector urbano hay algunos ejemplos de éxito en los que los operadores públicos de agua han dado pasos firmes para responder a las obligaciones derivadas de los principios de universalidad, disponibilidad, igualdad y no discriminación, calidad, accesibilidad, asequibilidad y sostenibilidad, inherentes al derecho humano al agua. Se han desarrollado incentivos al ahorro a través de la individualización de contadores, sistemas tarifarios que premian la eficiencia y castigan los altos consumos, reducción muy significativa del agua no controlada (las “pérdidas”), información y participación pública, planificación de sequías y emergencias, y conciencia frente al cambio climático. Estas experiencias son un punto de referencia para mejorar la gestión del agua en lugares donde, por presión de la industria del turismo sobre todo, no se han tomado este tipo de medidas, o incluso en otros sectores.  

A pesar de estos avances, este sistema maduro presenta ciertos síntomas de agotamiento y precisa integrarse (y a veces condicionar) el modelo de ciudad y la gestión del entorno. En este sentido los Planes de Emergencia ante situaciones de Sequía no deben ser simples planes operacionales, sino que deben transformarse en verdaderos planes de cómo las ciudades se deben adaptar ante este fenómeno climático.

Situaciones como la gestión de la sequía de las ciudades de Córdoba o Cádiz, evitando hasta ahora el corte suministro, no se podrían gestionar con esta eficacia sin que se hubieran elaborado previamente planes de gestión de sequía municipales coordinados con los planes de gestión de sequía de los organismos de cuenca. Por el contrario, muchos otros municipios andaluces (en las cuencas gestionadas por la Junta de Andalucía deben disponer de ellos los municipios mayores 10.000 habitantes,  como establece la actual Ley de Aguas de Andalucía) carecen de este valioso instrumento.

Urge la elaboración de un nuevo Reglamento de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano, que reconozca explícitamente el Derecho Humano al Agua, la defensa de la titularidad pública del recurso y su administración y control, superando la actual obsolescencia técnica del actual reglamento de suministros.

La dimensión social del agua ha estado ausente del debate institucional, y en gran parte del público, frente a la preponderancia de los intereses económicos cortoplacistas. La Directiva Marco del Agua aprobada en el año 2000, pone el énfasis en la restauración y protección de los ecosistemas acuáticos, que constituyen la base de una disponibilidad renovada y duradera de agua para los usos sostenibles. La persistencia de los enfoques productivistas y especulativos del pasado y el desarrollo insuficiente de los instrumentos de racionalidad económica y de participación previstos en la norma han limitado su eficacia ecológica y social en nuestro país. Abordar la transición hídrica justa exige agrupar actores diferentes, capaces de llegar a acuerdos, con mestizaje de conocimientos técnicos y experiencias prácticas en el uso del agua, capacidad de interlocución con las instituciones y atención simultánea a los temas urgentes y de largo plazo. La Mesa Social del Agua de Andalucía aspira  a contribuir a esta tarea con este documento, que se añade a una serie de seis años de debates y propuestas colectivas.

Sevilla, 24 de enero de 2024

 

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