Rechazamos la pretensión de la Comisión Europea de modificar la Directiva Marco del Agua en 2026, reduciendo obligaciones ambientales clave para garantizar el no deterioro y el buen estado de las aguas

 El pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó un paquete Ómnibus de propuestas de modificaciones en distintas normativas con el objetivo, según la Comisión, de continuar con la simplificación de la carga administrativa que impone el cumplimiento de tales normativas europeas (se pueden consultar estas propuestas de modificación, que afectan a seis normativas, aquí: https://environment.ec.europa.eu/publications/simplification-administrative-burdens-environmental-legislation_en). Una de tales propuestas de cambio afecta a la Directiva Marco del Agua (DMA). La Comisión Europea, sin previo aviso, pretende revisar esta Directiva en 2026, pese a que hace poco se llevó a cabo  la evaluación de dicha Directiva, que determinó que era adecuada a su propósito. El objetivo declarado por la Comisión para justificar la revisión de la DMA no deja espacio a la duda: simplificar y facilitar el acceso a materias primas esenciales para la Unión Europea, en respuesta directa a las demandas de las grandes empresas mineras, que serán claras beneficiarias de la revisión propuesta.

La DMA ya sufrió en septiembre de 2025 algunos cambios justificados como de simplificación en relación con los contaminantes de las aguas superficiales, reduciendo las obligaciones de información e introduciendo nuevas exenciones. Continuando en esa senda de desregulación, en el primer semestre de 2026 la Comisión pretende llevar a cabo una guía en relación con las autorizaciones de proyectos y un diálogo con las partes interesadas, en el que estará muy presente el lobby minero, tras lo cual pretende revisar la DMA.

Las modificaciones no afectarán sólo a los proyectos mineros, ya que también se aplicarán a proyectos industriales y agrarios que pueden suponer un claro deterioro por nuevas obras hidráulicas, incremento de las captaciones o mayor contaminación.  No olvidemos que muchos ecosistemas de agua dulce ya se encuentran en estado crítico, sufriendo problemas de sobreexplotación, contaminación y pérdida de biodiversidad y que un mayor daño a tales ecosistemas agravará los riesgos para la salud pública y reducirá su capacidad para protegernos de los desastres climáticos. Por ejemplo, una normativa más laxa aumentará la exposición a sustancias químicas tóxicas y empeorará la calidad del agua, aumentando los riesgos a corto y largo plazo para la población humana.

En definitiva, la Comisión de Von der Leyen está desmantelando décadas de protección de la naturaleza conseguidas con esfuerzo, poniendo en riesgo el aire, el agua y la salud humana en nombre de la competitividad y priorizando a los lobbies económicos por encima del interés público. Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua consideramos que la Comisión Europea debe dar marcha atrás en esta ola de desregulación que está impulsando, incluyendo el debilitamiento de elementos clave de la Directiva Marco del Agua y que debe volver a poner el interés de la ciudadanía y del medio ambiente por encima del interés de las grandes corporaciones y lobbies económicos.