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La Mesa Social del Agua de Andalucía, de la que forma parte todo el espectro ecologista (EeA, SEO, WWF, Greenpeace), consumidores (FACUA), agricultores (COAG, UPA)  y portavoces del mundo rural (Fundación SAVIA), empresas públicas de agua  (AEOPAS), sindicatos (CCOO) profesionales e investigadores (FNCA), es una experiencia interesante por la amplitud de los sectores incluidos en ella. Lleva más de 3 años funcionando, desde su participación activa en el debate del Reglamento de ciclo urbano del agua de Andalucía (a lo largo de 2018) hasta el documento conjunto de posicionamiento frente al Plan Hidrológico del Guadalquivir cuya exposición pública acaba de terminar (ver documento). Por medio, presentó alegaciones al Plan Especial de Sequia del Guadalquivir (PES, 2019) y se posicionó frente al Pacto Andaluz por el Agua de la Junta de Andalucía de 2020 .

Las recientes declaraciones críticas de COAG y UPA contra algunos contenidos del Plan Hidrológico del Guadalquivir están en la línea de lo que pretendemos en la Mesa:  ayudar a poner de manifiesto las diferencias y conflictos internos del sector agraria, para poder diferenciar y poder apoyar aquellas explotaciones  agrarias con funciones  productivas, ambientales y territoriales socialmente positivas. 

Estas declaraciones importantes, novedosos y significativos en el marco de los debates sobre la gestión del agua, han animado a la última acción de la Mesa Social consistente en el documento conjunto de alegaciones contra el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Alarma social por la situación del agua en Andalucía

Mesa Social del Agua de Andaluza *

Pese a las recientes y benefactoras lluvias, la situación estructural de la gestión del agua en la cuenca del Guadalquivir, y en toda Andalucía, es dramática. La Mesa Social del Agua, formada por organizaciones agrarias, ambientales, de consumidores, profesionales y empresariales acaba de denunciar esta situación en sus alegaciones al Plan hidrológico del Guadalquivir.

La nueva declaración de sequía vuelve a poner de manifiesto que la demanda total de agua ha sobrepasado las disponibilidades en la mayor parte de Andalucía, lo que refleja un escenario de sobreexplotación de los recursos. De manera inevitable, en periodos de varios años de aportaciones escasas a los embalses, esta sobreexplotación da la cara y tienen que reducirse drásticamente los suministros para los diferentes usos de la sociedad. Como en anteriores ocasiones, se pretende resolver los impactos de la escasez de agua embalsada aplicando únicamente criterios hidráulicos de disminución de las dotaciones para el regadío, obviando que se debe minimizar la repercusión sobre la economía, el empleo y los diferentes territorios rurales, y que hay que proteger especialmente a los sectores agrarios que resultan más perjudicados, generalmente las explotaciones familiares de regadío,  así como a las explotaciones con cultivo ecológico.  

Pese a las mejoras de la información en algunos aspectos que hay que reconocer, la documentación de la Administración del Agua sigue aportando datos insuficientes, imprecisos o inexactos sobre aspectos fundamentales. Es imprescindible mejorar la información, especialmente en lo que se refiere a dotaciones, consumos reales, superficies, hectáreas ampliadas, cambios de cultivo y tipologías de estos.  Es imprescindible también aclarar la evolución errática de los datos de sobre recursos realmente existentes  a lo largo de los últimos 20 años, así como las estimaciones de los recursos en escenarios futuros.

La pobreza de indicadores, especialmente biológicos e hidromorfológicos, hace que los planes ofrezcan un diagnóstico del estado ecológico del agua menos malo del que realmente debiera hacerse. Cuando se reconoce el mal estado, la documentación lo asume como un forzoso “daño colateral” ocasionado por  inevitables procesos de intensificación de las presiones, como el descenso de niveles de muchos acuíferos, que ocasiona la pérdida de numerosas pequeñas y medianas fuentes y manantiales de gran importancia territorial, en una situación que pervive desde hace décadas.

La Administración defiende que en los proyectos de modernización o transformación de regadíos que impliquen un ahorro de agua se permitirá destinar hasta un 45% del mismo a la ampliación de los regadíos, modificando las características de la concesión. Esto abre la puerta al incremento de las superficies y del consumo de agua, sin que se hayan calculado los ahorros reales para las cuencas, y sin que se hayan evaluado los efectos sobre las masas de agua receptoras. Esto va en contra del espíritu de reducir las presiones por extracción y contaminación difusa, y también en contra de los intereses de los propios agricultores que solicitan una garantía mayor en la atención a las demandas actuales.  La Administración está propiciando una reconversión agrícola que sólo beneficiará a unos determinados territorios y modelos de explotación en detrimento de la agricultura familiar profesional, que mantienen aún hoy el medio rural con vida. El regadío debe servir para vertebrar el territorio, generando riqueza y empleo en el medio rural y no para expandir cultivos con mayores dotaciones de riego, como es el caso del olivar superintensivo, que además está llevando a la ruina al olivar tradicional. .   

Esta situación afecta gravemente a los abastecimiento urbano, al agotar o deteriorar los recursos de los que se surten. Se trata de una dinámica que se desarrolla desde hace décadas, que ha llevado a la construcción de sistemas de abastecimiento que abandonan sus fuentes tradicionales agotadas o contaminadas, y conectan las poblaciones con largas redes de suministro desde alejados embalses. Entre los casos actuales de estos impactos se encuentra la crisis de los abastecimientos  de la comarca de Estepa; la crisis de los abastecimientos de la comarca de Antequera, en la cuenca Mediterránea, para cuya solución se plantea la conexión al embalse de Iznájar, en la cuenca del Guadalquivir; o la crisis, en este caso propiciada con alevosía,  del abastecimiento de Baza, en el Altiplano de Granada, que desde hace décadas persigue su innecesaria conexión con el embalse del Portillo, en el río Castril. Todos estos casos, y otros, constituyen una de las peores herencias de la política seguida por la Administración del agua (autonómica y central) durante las últimas décadas, intensificada recientemente por la aceleración de la expansión del olivar en sistemas de cultivo intensivo y superintensivo.

* La Mesa Social del Agua de Andalucía está formada por las siguientes organizaciones: AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), CCOO (Comisiones Obreras), COAG ANDALUCÍA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía), EeA (Ecologistas en Acción-Andalucía), FACUA Andalucía (Consumidores en Acción), FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua), FUNDACIÓN SAVIA, Greenpeace, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología), UPA (Unión Pequeños Agricultores y Ganaderos) y WWF-ESPAÑA (World Wildlife Fund).