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Sra. Ministra,

La Red Agua Pública (RAP), entidad que reúne a decenas de organizaciones y plataformas de carácter estatal, autonómico y local, en defensa de la gestión pública del agua, del medioambiente hídrico y de los derechos humanos al agua y al saneamiento, quiere hacerle llegar su opinión sobre el actual proceso de transposición de la Directiva 2120/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. El objetivo fundamental, que en el texto se reitera y justifica, es solicitar que se abra un espacio de participación, en el que las organizaciones sociales, y en concreto la RAP, puedan presentar y debatir sus propuestas respecto del mencionado proceso de trasposición.

La adopción por la CE en marzo de 2014 de la Iniciativa Ciudadana Right2Water «El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!» fue uno de los factores que impulsaron la revisión de la Directiva de agua potable (Directiva 98/83/CCE), en el sentido de incluir en ella la obligación de que todos los ciudadanos puedan ejercer los Derechos Humanos al Abastecimiento y Saneamiento. El proceso de revisión, que ha culminado con la aprobación de la Directiva 2020/2184 de 16 de diciembre de 2020 (DAP), se fundamentó en las ideas de que el abastecimiento de agua no debe regirse por las normas del mercado interior y debe quedar fuera del proceso de liberalización, al mismo tiempo que debe cumplir las condiciones de información, participación pública y rendición de cuentas con las que los derechos humanos se deben aplicar.  En la base de la necesidad de la revisión se situó también la evidencia de que el tradicional enfoque de control de la calidad en el punto de consumo (a final de tubería) estaba basado en parámetros obsoletos y superados por los planteamientos ecosistémicos introducidos por la Directiva 2000/60/CE (DMA). Todo ello suscitó expectativas de que la nueva Directiva supondría importantes avances, expectativas que solo parcialmente se han cumplido.

Pero ahora nos encontramos en otro momento clave del proceso: la transposición a la normativa española de la DAP. Gracias al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la UE -concretado en las decenas de ocasiones en las que la DAP se refiere a los “Estados miembros” como sujetos activos del desarrollo y aplicación de la nueva normativa- la transposición contiene grandes potencialidades de mejora de aquellos contenidos que no han cubierto las expectativas mencionadas. Desgraciadamente nos hemos encontrado con el proyecto del Real Decreto por el que se establecen los criterios técnico sanitarios del suministro y control de la calidad del agua de consumo (Versión 2. 29.04.2021), en el que no se aprovechan las posibilidades que el proceso de trasposición contiene. A continuación, señalamos los temas principales sobre los que, en nuestra opinión, el proyecto de RD debe mejorar, buena parte de ellos relacionados con el contenido de los criterios normativos y los principios transversales de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

1. El tema del acceso al agua destinada al consumo humano ha ocupado un lugar central en los debates de la elaboración de la DAP.  La redacción incorporada al proyecto de R.D. no garantiza el acceso a la red de suministro en el domicilio, ni menciona la prohibición o regulación de los cortes del suministro.  El R.D. debería incluir la regulación de un suministro mínimo vital, que permita hacer efectivo el derecho humano al agua a todos los ciudadanos, incluidos los que se encuentren en situación de pobreza o exclusión social.  Uno de los temas más relevantes para la RAP se refiere a la necesidad de que en el R.D. se haga una referencia explícita al derecho humano al agua en los términos recogidos en la Iniciativa Europea Right2Water y la obligación de las administraciones públicas de protegerlo, promoverlo y defenderlo.

2. Al referirse al acceso al agua, la DAP incide de manera especial en colectivos vulnerables desde una perspectiva étnica, cultural, de situación socioeconómica colectiva. Textualmente se dice: “Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a definir los grupos, sería importante que estos grupos incluyan a los refugiados, las comunidades nómadas, las personas sin hogar y las culturas minoritarias como los gitanos e itinerantes, sean sedentarios o no” (Considerando 35), o “… el acceso de colectivos vulnerables y marginados tal como los determinen los Estados miembro” (artículo 16.1). Esto abre un espacio a la profundización contextualizada en este importante tema que, entre otros, afecta de manera lacerante a grandes sectores de trabajadores agrícolas temporeros de las zonas de agricultura más intensiva y productiva del país, en las que a lo largo de pandemia no se ha logrado siquiera establecer esos “… sistemas de suministro alternativos, por ejemplo, dispositivos de tratamiento individuales, el suministro de agua mediante depósitos, como, por ejemplo, camiones y cisternas, y la instalación de las infraestructuras necesarias para los campamentos” (Considerando 35). En este sentido, la atención de la DAP a los problemas de disponibilidad y accesibilidad por carencia o deficiencia de infraestructuras que afecta a colectivos sociales o étnicos territorialmente definidos, debe ser incorporado de manera explícita en la transposición. No podemos dejar de mencionar el problema de los asentamientos informales, que incluyen el caso de los asentamientos de trabajadores temporeros, pero también el de otros asentamientos sin acceso al agua existentes en las periferias de las ciudades, como es el caso de la Cañada Real en Madrid, y el de otros colectivos en situaciones de precariedad habitacional que padecen problemas similares.

3. Con respecto a la asequibilidad, también se abre un gran espacio de concreción en el proceso de transposición: la responsabilidad principal en la actuación consecutiva y la revisión a escala nacional, regional y mundial de los avances para lograr dichos objetivos recae en los Estados miembros. “Los Estados miembros podrían servirse de los documentos de orientación elaborados en el ámbito de competencia de dicho Protocolo [de  1992, sobre el agua y la salud de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) y la Oficina Regional para Europa de la OMS], para evaluar el contexto de actuación y la situación de partida en relación con el acceso al agua y definir las medidas necesarias para mejorar el acceso equitativo para todos al agua destinada al consumo humano" (considerando 34). En el proyecto de RD se pierde la oportunidad de hacerlo.

4. Al mismo tiempo, la accesibilidad y la asequibilidad no se pueden abordar sin considerar la financiación sostenible de los servicios de agua y el papel de la tarificación en la promoción de la eficiencia del agua. Por lo tanto, la trasposición debe abordar conjuntamente estos principios, ya que la realización de un principio puede tener efectos sobre los demás, y esta interacción debe considerarse de manera integral.

5. La DAP introduce un enfoque de gestión del riesgo en todas las fases del sistema, incluidas las zonas de captación de los puntos de extracción. Los Estados miembros tienen la obligación de detectar los peligros y eventos peligrosos en estas zonas de captación que podrían causar el deterioro de la calidad del agua. Esta obligación de los Estados se debe materializar en los procesos de planificación de demarcaciones hidrográficas que ha entrado ya en su tercer ciclo de planificación. Efectivamente, la DMA exige a los Estados miembros que especifiquen las masas de agua utilizadas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, hagan un control de estas masas de agua y adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro de su calidad a fin de reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de aguas aptas para el consumo humano. En este aspecto en España es esencial mejorar la coordinación entre las autoridades competentes en materia de sanidad, planificación territorial, agraria y urbanística y las autoridades competentes en gestión del agua, de manera que se identifiquen adecuadamente todos los puntos de captación, se incorporen en el registro de las zonas protegidas de los planes hidrológicos de demarcación.  Sin embargo, el proyecto de R.D.  no avanza en la declaración de los perímetros de protección y obvia responsabilidades que corresponden a los organismos de cuenca. En ese sentido, consideramos importante que la transposición establezca la obligatoriedad de fijar perímetros de protección en todas las captaciones, con las correspondientes medidas de protección. La transposición debe incluir plazos para el desarrollo reglamentario de estos aspectos, para la obligatoria (no potencial) elaboración de instrucciones metodológicas y para su aplicación. Esto no debe conducir a ignorar, como el proyecto de R.D.  ignora, que el principal problema actual no es solo la falta de declaración de perímetros de protección – hay unos 8.000 declarados – sino la ausencia de planes de protección y de identificación de actuaciones que no se desarrollan en los mismos. 

6. En lo que se refiere al ámbito de la gobernanza, en el Anexo IV de la DAP se incluye la obligación de proporcionar información al ciudadano en distintos ámbitos importantes de la gestión del ciclo urbano del agua. Se echan en falta, sin embargo, algunos temas que se deberían incorporar en el marco jurídico español. Por ejemplo, no se garantiza nada sobre la información acerca de las condiciones contractuales que vinculan al operador del servicio con la administración responsable del agua; tampoco hay requisitos para la información sobre los flujos financieros (como la distribución de beneficios, pago de dividendos, honorarios de gestión). Además, no solo es necesario concretar el alcance de la información a suministrar, sino que también es fundamental concretar los instrumentos que hay que poner a disposición de la ciudadanía para garantizar su acceso; es decir, los sistemas de información que hagan posible la transparencia de la gestión de los servicios.

7. Es especialmente importante, en este sentido, la revisión en profundidad del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), que actualmente presenta deficiencias que afectan tanto a su gobernanza, como a la recopilación de datos, a la publicación de la información sobre el estado de la calidad del agua y a la propia aplicación informática en la que se apoya el SINAC, que debería ser coherente con las políticas de datos abiertos promovidas por la Comisión Europea. Como puso de manifiesto el informe de fiscalización sobre el control sanitario del agua realizado por el Tribunal de Cuentas (Nº 1.344), el SINAC necesita una reforma urgente y profunda, no solo como apunta el proyecto de R.D. como un repositorio de información en el que los distintos usuarios (sin tener en cuenta la diferenciación entre el operador privado y el público) intercambian información, sino como un sistema de información pública que permita la participación de la ciudadanía en los distintos aspectos relacionados con la gobernanza del ciclo integral urbano del agua.

8. Por otra parte, respecto de la participación pública propiamente dicha en los procesos de decisión y específicamente en la elaboración de los instrumentos de planificación, en el proyecto de RD no se contempla aspecto alguno. En estos temas también, la transposición al marco jurídico español tiene un importante margen de mejora, en sintonía con el abundante trabajo realizado en esta materia por las organizaciones integradas en la Red Agua Pública, que vienen haciendo detalladas propuestas de modelos e instrumentos concretos de participación pública en la gestión del ciclo urbano del agua. Es de mencionar también en este punto el informe de Joan Gaya en el proceso de elaboración del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España.[1]

9.  Finalmente, el proyecto de RD ignora el debate sobre la prevalencia del modelo de gestión pública directa, de la resistencia a procesos de privatización y de impulso de experiencias de remunicipalización que constituyen el eje del movimiento social por el Agua Pública en España y en el conjunto de Europa. Aquí también, hay un recorrido posible para una transposición que quiera avanzar en la línea de lo que la racionalidad, el interés público y las experiencias más recientes en tiempos de pandemia muestran: la preferencia o prevalencia de un sistema de gestión público de un bien común, imprescindible, insustituible, institucionalizado como un Derecho Humano y gestionado, necesariamente, en régimen de monopolio natural. Es ineludible en este caso hacer una referencia al informe de junio de 2020 del anterior Relator de NNUU para los DHAS Léo Heller, titulado Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento[2] 

Estas razones nos mueven a solicitar que se abra un debate democrático amplio y fructífero que permita que el proceso de transposición de la DAP en el Estado español aproveche todas las potencialidades que la nueva Directiva ofrece.

Cordialmente,

Comisión de Coordinación de la Red Agua Pública

(Integrada por AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies, Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua Pública de Aragón, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública)

 

[1] https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/10-informe-tematico-regulacion-ciclo-urbano-agua-en-espana_tcm30-517276.pdf.

[2] https://undocs.org/es/A/75/208.