Declaración conjunta de los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU en el Día Mundial del Retrete (19 de noviembre de 2020)

“La pandemia de COVID-19 y los derechos humanos al agua y el saneamiento”1

Este año celebramos el Día Mundial de los Inodoros en medio de la pandemia de COVID-19, que pone de relieve la necesidad vital de garantizar el acceso al agua y el saneamiento, en particular a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables. Hay quien dice que estamos viviendo en la “nueva normalidad”, con la pandemia de COVID-19 cambiando ciertas formas de vida. Sin embargo, para muchas personas, estamos viviendo en un momento de crisis debido a las graves consecuencias de la pandemia COVID-19, que pone en riesgo nuestro sustento. Para muchas mujeres que viven en la pobreza, la falta de acceso al agua y al saneamiento las expone a riesgos de violencia de género y pone en peligro su salud sexual y reproductiva.

Se nos recuerda que una forma de prevenir la propagación del virus es practicar una higiene personal adecuada lavándonos las manos con agua y jabón. “Lavarse las manos con frecuencia” es una simple rutina diaria para muchas personas, pero es un privilegio y un lujo para quienes no tienen servicios adecuados de agua y saneamiento y para quienes se enfrentan a la irónica decisión de beber agua o utilizarla para lavarse las manos.

Como expertos y expertas en derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento, una vez más, a los gobiernos de todo el mundo para que apliquen o restablezcan la política de prohibir los cortes de agua y otros suministros básicos y para que garanticen un nivel mínimo vital de agua y de suministros básicos esenciales a quienes tienen dificultades para pagar esos servicios y suministros.

Recordamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos humanos en su resolución 64/292 de 2010 y en resoluciones posteriores en el último decenio. En 2020, año en que se cumple el décimo aniversario de ese reconocimiento internacional, recordamos a todos los gobiernos, también a los gobiernos locales y subnacionales su compromiso y su obligación en materia de derechos humanos de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos al agua y el saneamiento, prestando especial atención a las personas, familias y comunidades en situaciones más vulnerables, incluidos los grupos que sufren discriminación racial y étnica.

Subrayamos que a quien más afecta la pandemia de COVID-19 es a las comunidades más pobres, en particular algunos pueblos indígenas, minorías y comunidades rurales empobrecidas, así como las personas que viven en condiciones de hacinamiento y con dificultades para acceder a servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene en los campamentos de refugiados y desplazados internos, asentamientos informales o alojamiento temporal de trabajadores y trabajadoras migrantes, entre otros. Por otra parte, estas personas se ven obligadas a salir todos los días para ganarse la vida, a menudo viajando en transportes públicos abarrotados, lo que multiplica los riesgos de contagio. Las necesidades específicas de las personas de edad, que son las más vulnerables en caso de infección, se han visto especialmente exacerbadas por la pandemia, sobre todo en el caso de las personas que viven solas, en residencias de la tercera edad o que necesitan asistencia. En este contexto, en el que la pobreza y la desigualdad crecen cada vez más, es necesario y urgente garantizar el acceso universal al agua y el saneamiento, ante todo porque son derechos humanos, y también porque son esenciales para lograr una higiene adecuada que permita frenar las infecciones y combatir la pandemia.

El 23 de marzo de 2020, el ex Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Sr. Léo Heller, junto con otros Relatores Especiales de las Naciones Unidas, hizo un llamamiento conjunto a todos los gobiernos para que prohibieran inmediatamente los cortes de agua a quienes no pueden pagar las facturas de agua. Observamos con satisfacción que, tras el llamamiento conjunto, muchos gobiernos establecieron medidas de protección social que prohibían la desconexión del agua como parte de las medidas políticas para luchar contra la pandemia, en particular durante el confinamiento. Sin embargo, con el tiempo, en muchos países esa medida de protección que protegía a las personas en situación vulnerable se ha flexibilizado o se ha levantado, a pesar de que la pandemia sigue siendo más activa que nunca, sin que se disponga todavía de una vacuna eficaz. Incluso cuando se disponga de una vacuna, que difícilmente será de acceso universal, el acceso garantizado al agua potable y el saneamiento para todos seguirá siendo esencial para combatir el virus.

Deseamos subrayar que la pandemia de COVID-19 sigue presente y que su impacto no sólo sigue siendo devastador para la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo, sino que también sigue aumentando la pobreza y la vulnerabilidad de millones de personas. Muchos países siguen permitiendo que se desconecte el agua cuando los hogares no pueden pagar las facturas de agua. Otros países todavía no han considerado la posibilidad de volver a conectar los servicios de agua a los hogares cuya agua había sido cortada antes de la pandemia. En muchos casos, la falta de instalaciones de higiene resultante de servicios de agua y saneamiento inadecuados e insuficientes en las cárceles, centros de detención, escuelas y otras instalaciones educativas sigue siendo trágica. La situación de las personas sin hogar es aún más devastadora. Además, observamos con preocupación que esta emergencia sanitaria mundial ha hecho que se agudicen las disparidades existentes causadas por la discriminación sistémica y estructural, las políticas y las prácticas que han afectado de forma rutinaria al acceso de la población marginada al agua y el saneamiento y a la seguridad alimentaria.
Las repercusiones son particularmente graves para las mujeres y las niñas, en lo que respecta a sus necesidades específicas de higiene durante la menstruación y su mayor riesgo de sufrir violencia sexual, a pesar de que a menudo son las mujeres las que se ocupan de las familias y las niñas las que recogen el agua para su familia. De hecho, las mujeres y las niñas corren el mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de género, incluida la violación, en los retretes y las instalaciones de agua e higiene y sus alrededores, especialmente en los espacios públicos y compartidos. Además, junto con la falta de instalaciones de higiene y servicios de saneamiento accesibles, afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad en todo el mundo. La obligación legal de realizar “ajustes razonables” y ofrecer servicios personalizados incluye el derecho de asistencia para las “actividades de la vida diaria”, que incluyen el uso de baños y el acceso al agua potable para las personas con discapacidad. Las personas de edad también siguen viéndose afectadas de manera desproporcionada en este contexto, incluidas las personas de edad con discapacidades y las mujeres de edad.

Mediante este llamamiento conjunto lanzado en el Día Mundial del Retrete, instamos a los gobiernos, así como a los gobiernos locales y subnacionales, a que prohíban la desconexión del servicio de agua a las personas en situaciones vulnerables, dando prioridad al acceso universal al agua y el saneamiento, como derechos humanos.2 Hacemos un llamamiento para que la vida de las personas y sus medios de subsistencia se sitúen por encima de los beneficios y ganancias que buscan los agentes privados que gestionan estos servicios, ya sean públicos o privados. Por último, destacamos que, independientemente de la prevalencia de la pandemia de COVID-19 o de otras emergencias de salud pública, la prohibición de desconectar el agua y los servicios básicos a las personas en situaciones vulnerables debe ampliarse de manera general. Reiteramos que debe garantizarse el núcleo mínimo de los derechos humanos al agua y el saneamiento en todo momento y en toda circunstancia. Recordamos además los compromisos mundiales contraídos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 3, relativo a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades, y el Objetivo 6, relativo a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas, sin discriminación por ningún motivo. Es necesario promover y aplicar urgentemente cambios normativos y de políticas que transformen la urgente necesidad que plantea la crisis de salud pública en garantías y salvaguardias para hacer efectivos los derechos humanos al agua y el saneamiento a fin de superar la pandemia.
La declaración ha sido firmada por los siguientes titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la ONU:

  • Sr. Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
  • Sr. Gerard Quinn, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad
  • Sr. Yao Agbetse, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana
  • Sra. Karima Bennoune, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales
  • Sr. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo
  • Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación
  • Sr. David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente
  • Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
  • Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación
  • Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
  • Sr. Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada
  • Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
  • Sra. Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos
  • Sr. Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán
  • Sr. Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías
  • Sra. Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad
  • Sr. Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
  • Sra. E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
  • Sr. Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias
  • Sra. Elizabeth Broderick (Presidenta), Sra. Elena Dorothy Estrada-Tanck, Sra. Meskerem Geset Techane, Sra. Ivana RadačIć, Sra. Melissa Upreti (Vicepresidenta), Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas
  • Sr. Livingstone Sewanyana, Experto Independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo

Traducción no oficial del original en inglés.

Véanse también las recomendaciones del Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada en su informe sobre la COVID-19, A/75/148, y las Notas de orientación de la COVID-19 sobre la protección de las personas residentes de los asentamientos informales y la protección de arrendatarios y los pagadores de hipotecas.