pactoA lo largo de las dos últimas semanas, las diversas organizaciones que componemos la Mesa Social del Agua, hemos asistido a los Foros convocados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para presentar su propuesta de Pacto Andaluz por el Agua, en Sevilla, Málaga y Córdoba. 

Es necesario involucrar a la ciudadanía en el conocimiento del valor del agua como elemento básico de la naturaleza y de nuestras vidas. No obstante, la responsabilidad principal es de los poderes públicos, que deben garantizar el  correcto uso de un bien público y el acceso al agua potable y el saneamiento desde las instituciones locales, provinciales, nacionales y mundiales para asegurarlo como un auténtico derecho ciudadano. Por eso, apostamos por un auténtico pacto del agua como bien público, basado en la salud de los ecosistemas,  de todas y para todas las personas, . En este sentido el modelo expuesto por la Junta de Andalucía  tiene un contenido y un procedimiento que no responde a los retos que afronta Andalucía en estos momentos de emergencia climática y urgente necesidad de un nuevo modelo de política del agua en todo su territorio, no solo en parte de él.

La propuesta de Pacto andaluz no cuenta con las mínimas garantías jurídicas ya que no se sigue ningún procedimiento legal establecido por lo que su resultado no puede ser jurídicamente vinculante. La participación pública ideada para desarrollar el Pacto es un procedimiento inadecuado para resolver los problemas del agua de Andalucía. Desde la Mesa creemos necesario: 1) crear un debate social que permita identificar los problemas, sin temas predeterminados, 2) que el proceso sea libre y abierto, no solo accesible a invitados y 3) que no se limite a un simple cuestionario elaborado sin intervención de los partícipes.  

Para la realización de las consultas sectoriales previstas se ha escogido un momento muy desafortunado porque coincide con la consulta pública y reglada de la planificación hidrológica y ello produce un efecto cortocircuito de la planificación hidrológica que sí es jurídicamente vinculante, no como el pacto propuesto.

Resulta inaceptable que los presupuestos de 2020 no hayan dotado económicamente la participación pública en la planificación hidrológica y sí doten su iniciativa de pacto andaluz del agua con 360.000 euros. 

Frente a estos procedimientos disponemos del proceso de Planificación hidrológica, reglado a escala nacional y europea, que cuenta con calendarios, criterios y métodos participativos avanzados y bien definidos. Defendemos la prevalencia del proceso de Planificación, al que deben dedicarse los esfuerzos necesarios para promover la participación pública y la búsqueda de consensos en la fase clave actual que es el debate sobre los Temas Importantes de cada una de las Demarcación que cubren la totalidad del territorio Andaluz: Guadalquivir, Tinto-Odiel -Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterraneas. Este es el marco legal en el que deben de concretarse los diagnósticos, los objetivos y las medidas, identificando en cada caso las administraciones competentes y los análisis económicos necesarios.

CCOO, COAG, UPA, AEOPAS, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación SAVIA, Fundación NCA, Red Andaluza de la NCA, CIREF

Sevilla, 14 febrero 2020