LA RED AGUA PÚBLICA (RAP) DENUNCIA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA Y UNIDAS PODEMOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO NO RECOGEN SUS REIVINDICACIONES FUNDAMENTALES SOBRE EL CICLO INTEGRAL URBANO DEL AGUA

La Red Agua Pública, a pesar de no haber sido consultada durante la redacción de ambos documentos, sí que ha hecho llegar a ambas formaciones políticas sus reivindicaciones.

Con motivo de las negociaciones para acordar un eventual programa de gobierno, tanto Unidas Podemos (UP) como el Partido Socialista (PSOE) han hecho públicos recientemente sendos documentos en los que se sintetizan sus respectivos planteamientos programáticos generales. Unidas Podemos lo hizo a finales de agosto con sus Propuestas para retomar el diálogo por un acuerdo integral de gobierno de coalición, mientras que el PSOE presentó a principios de septiembre su Propuesta abierta para un programa común progresista. La Red Agua Pública (RAP) expresa su preocupación por no haber sido consultada durante la redacción de ambos documentos y, especialmente, porque en los documentos aludidos no se recogen sus reivindicaciones sobre el ciclo integral urbano del agua, a pesar de que, en su momento hizo llegar tanto al PSOE como a UP, así como a otros partidos del arco parlamentario, sus reivindicaciones al respecto.

Sorprendentemente, los planteamientos programáticos del PSOE y UP sobre el agua coinciden, incluso literalmente, aunque con matices, como la denuncia expresa de la mercantilización del agua por parte de UP. En ambos casos, se contempla de una forma imprecisa e insuficiente la problemática de los recursos hídricos; en concreto, en relación con la política del agua en el contexto de la transición ecológica de la economía, se propone (punto 267 del PSOE y 14 de UP) incrementar los recursos disponibles, rodeado de una serie de conceptos inconcretos (tecnologías, control del consumo y la calidad, gestión de acuíferos, Pacto Nacional del Agua) sin ningún contenido preciso. Este planteamiento tiene muy poco de transición ecológica y se sitúa en clara contradicción con el diagnóstico a que se llegó en el Acuerdo social por el agua en defensa de nuestros ríos y por el agua pública, suscrito en 2018 por la RAP junto con decenas de organizaciones de la sociedad civil. En el Acuerdo se afirma que es necesario revertir el crecimiento insostenible de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbano-industriales, que constituye actualmente uno de los principales problemas para lograr un uso sostenible del agua y el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas, a la vez que se rechazan por ineficaces las iniciativas de promoción de la oferta basadas en nuevos embalses y trasvases. Entendemos que es fundamental que se reconsideren los objetivos de las Propuestas de una y otra formación política en la línea indicada en el Acuerdo Social.

Por lo que se refiere específicamente a los servicios de abastecimiento y saneamiento, PSOE y UP los consideran de refilón en dos temas en los que se alude a ellos conjuntamente con los servicios de energía -luz y gas- (186 de PSOE y 16 de UP en relación con la pobreza energética, y 246 PSOE y 1 UP en el apartado de emergencia climática). En el primero se asume la prohibición de cortes de suministro básicos en situaciones de vulnerabilidad económica y social en el contexto de la pobreza energética, sin considerar que la pobreza hídrica tiene especificidades importantes que es necesario tener en cuenta de forma diferenciada con otros servicios públicos. En el segundo, se plantea la necesidad de definir el acceso al agua y a la energía como servicios de interés general, cuando los de abastecimiento de poblaciones ya tienen esta consideración en el ámbito de la Unión Europea.

Ni el PSOE ni UP abordan los principales problemas y retos de los servicios del ciclo integral urbano del agua, que están sintetizados en el documento que al respecto presentó la RAP a las candidaturas políticas ante las elecciones de abril de 2019. En este sentido, es fundamental que se asuma el compromiso de reconocer legalmente al más alto nivel el derecho humano al agua y al saneamiento, toda vez que, respetando las competencias y autonomía municipal, configura un nuevo paradigma de la regulación del abastecimiento y saneamiento urbano al reconocer expresamente el papel protagonista de la ciudadanía en su gestión, en tanto que titulares del derecho, junto a los ayuntamientos como titulares de estos servicios. El nuevo marco regulatorio debe ser consecuente con los criterios definitorios del derecho humano de acceso universal, no discriminación, equidad, participación activa, libre y significativa, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas que, en su conjunto, configuran modelos de gestión públicos sin ánimo de lucro, democráticos y con control ciudadano.

Tampoco se tienen en cuenta en la Propuesta las exigencias fundamentales de la RAP para asegurar la gestión pública, como son la prohibición de los cánones concesionales -verdaderas simientes de corrupción-, y la derogación de la legislación impulsada por el PP tendente a favorecer la privatización de los servicios y obstaculizar, cuando no impedir, su remunicipalización; concretamente nos referimos a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que, además, limita de forma injusta la financiación y la autonomía local, especialmente en los ayuntamientos más pequeños.

En definitiva, entendemos que las Propuestas del PSOE y UP no contribuyen a resolver los principales problemas del agua pública y sus servicios de abastecimiento y saneamiento; llamamos a la cordura y a que se tenga en cuenta las reivindicaciones de la RAP al respecto, si se quiere avanzar en la solución consecuente de los problemas del ciclo integral urbano del agua.