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Declaración de la Mesa Social del Agua de Andalucía ante la convocatoria de la Comisión Permanente de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

 

Ante la continuación de la sequía: sigue siendo necesario el reparto social del agua.

La sequía que atraviesa, con diferente intensidad, Andalucía acentúa la escasez estructural de recursos hídricos, con el cambio climático como telón de fondo ya presente. Las actuales reducciones de dotaciones de riego tenderán a hacerse crónicas, poniendo de manifiesto el sobredimensionamiento de la demanda. Es imprescindible afrontar ya la inevitable transición hídrica, que tiene que ser una transición social y ambiental justa. La Mesa Social del Agua de Andalucía propugna que la reducción no se puede hacer a costa de los sectores más vulnerables y por ende de sus trabajadoras y trabajadores. Hay razones, marco jurídico-institucional y experiencias en las que apoyar una reasignación del agua basada en criterios sociales, ecológicos y territoriales,
que denominamos coloquialmente reparto social del agua. No hay recetas fáciles; nadie las tiene para afrontar la crisis socio-ambiental que tenemos por delante. Pero ya existen propuestas concretas referidas al régimen concesional, la planificación hidrológica, la asignación de dotaciones en sequías y la activación de ‘bancos públicos de agua’ participados y transparentes.

1. Escasez de recursos y sobredimensionamiento de la demanda.

Hoy en día, culminando el primer cuarto del siglo XXI, está fuera de cuestión que el cambio climático está añadiendo factores de incertidumbre a la gestión del agua. Hace años que existen datos advirtiendo de escenarios de menor disponibilidad de agua como consecuencia de la crisis climática. Cada vez es más evidente que los efectos del cambio climático, reiteradamente anunciados por la comunidad científica, están ya haciéndose presentes. No se trata sólo de problemas de cantidad, sino también de calidad del agua, que con efectos negativos para los ecosistemas acuáticos y para los usos humanos del agua.

Estos problemas se superponen a un fenómeno previo: el sobredimensionamiento de la demanda total de agua respecto de los recursos disponibles, es decir, la extracción anual de mayor volumen de agua de la que de manera natural se renueva, combinando años secos y húmedos, que los embalses hiperanuales y los acuíferos subterráneos permiten regular. Estos últimos son los que en muchos casos están amortiguando y ocultando la gravedad de la sobreexplotación. lo que ocasiona que muchos municipios rurales tengan que abandonar sus fuentes tradicionales de suministro (pozos y manantiales) y conectarse a sistemas supramunicipales dependientes de aguas superficiales reguladas. Es preocupante el aumento de los acuíferos sobreexplotados y contaminados, que los organismos de cuenca, y concretamente la CH del Guadalquivir, deberían declarar en riesgo cuantitativo y/o cualitativo, para poner en marcha, con la participación de las personas usuarias, así como del tejido empresarial que también utiliza este preciado recurso, las medidas que permitan recuperar su buen estado. En muchos casos, pues, es toda la población rural la que más duramente padece el deterioro de los sistemas acuáticos.

Esta situación, que no es nueva, ha impulsado en las últimas décadas el desarrollo de tecnologías que incrementan la eficiencia en usos agrarios y urbanos, así como el aumento de recursos no convencionales por medio de la regeneración de aguas residuales y la desalación de aguas marinas. Se han invertido muchos recursos y esfuerzos en modernizar el regadío y en mejorar la aplicación del agua en la parcela. Sin embargo, como es conocido, todo esto no ha dado como resultado una reducción neta del consumo, fundamentalmente porque ha operado la ‘paradoja de Jevons’: a más eficiencia, mayor consumo final en la escala de sistema de explotación o cuenca hidrográfica, porque los ahorros obtenidos se han aplicado a aumentar hectáreas de regadío cada vez más intensivo. El índice de explotación neta (el indicador VVEI+ de obligada aplicación en los documentos de planificación) sigue aumentando.

A este desequilibrio también contribuye que los cánones y tarifas del agua se aplican por hectárea regada, sin gravar los volúmenes realmente consumidos, desincentivando el buen uso del agua.

No se puede excluir la posibilidad de producir en algunos casos recursos alternativos procedentes de la regeneración de aguas residuales urbanas y la desalación. Pero estas tecnologías están limitadas al litoral y a los usos con capacidad de pagar sus altos costes, y siempre para disminuir la sobreexplotación de los recursos, nunca para aumentar regadíos. En el interior, como es el caso mayoritario de la Demarcación del Guadalquivir, la desalación no es posible y la reutilización directa de aguas residuales no aporta nuevos recursos, sino que utiliza los que ya tienen usos aguas abajo. Pueden servir para reasignar aguas de diferentes calidades; pero en caso de dedicarse a nuevos aprovechamientos, la reutilización directa en la zona continental de la cuenca no genera nuevos recursos.

El mensaje fundamental que hay que trasmitir es que la solución no viene ni simple ni principalmente de la ampliación de oferta sino de la adaptación de la demanda a una situación de déficit crónico y creciente. Existe un desequilibrio entre demandas y recursos disponibles que no solo no se va a solucionar gracias al crecimiento de estos últimos, sino que se está intensificando.

2. El reparto social del agua: objetivos y beneficiarios.

En este contexto, la MSA plantea que uno de los retos principales de la gestión del agua es el reparto o reasignación social del recurso disponible con criterios de transición hídrica justa. A partir de esa propuesta surgen muchas preguntas, cuyaformulación ya es en sí misma un avance en el debate: ¿Quiénes deberían ser los beneficiarios de la reasignación y de qué manera puede materializarse? ¿Qué criterios ecológicos, sociales, económicos, territoriales habría que aplicar? ¿Cuáles son las relaciones, conflictos y sinergias entre el enfoque de transición justa en los usos agrarios del agua y la salud de los ecosistemas acuáticos? ¿Qué pueden aportar las experiencias que se están haciendo en el ciclo urbano del agua en materia de transición justa, con aplicación de criterios socioeconómicos en la gestión (tarifación no solo volumétrica sino progresiva, tarifas sociales, garantía mínimo vital)?

La perspectiva del reparto social implica un enfoque de ‘discriminación positiva1 de la agricultura familiar, social y profesional que se define por su multifuncionalidad, el arraigo en el territorio, la producción de alimentos de proximidad, la calidad de los productos, el capital social que genera y la transmisión intergeneracional de conocimiento, entre otros atributos. Un modelo agrario que cumple funciones sociales (incluidas condiciones y retribuciones dignas de las personas trabajadoras), ambientales (imprescindibles para mantener la salud y la calidad del mundo rural) y territoriales (mantenimiento de la población, los paisajes y los valores culturales del mundo rural).

Frente a este modelo, el uso agrario del agua está ligado a una estructura muy desigual de las explotaciones de regadío, agravada por el crecimiento de las grandes explotaciones intensivas agroindustriales en forma de sociedades mercantiles, con menores costes de producción que hacen inviables a muchas explotaciones pequeñas y medianas o situadas en territorios con menores capacidades productivas; por el proceso de precarización y pérdida de peso de la agricultura en la cadena de creación de valor; por los modelos de integración productiva y la pérdida de capacidad de decisión del agricultor en el conjunto del sector alimentario. Todo ello fruto, entre otros factores, de un intercambio desigual y subordinado de la producción agrícola frente a otras fases de la cadena agroalimentaha. que termina afectando a las partes más débiles: la mano de obra familiar y asalariada y los recursos naturales.

La dimensión social del agua ha estado ausente del debate institucional y público, frente a la preponderancia de perspectivas económicas simplistamente planteadas. Desde la asunción, a principios del siglo XX, de la idea de que la inversión pública en obra hidráulica era por naturaleza benéfica para el conjunto de la sociedad, ni siquiera se han aplicado análisis coste-beneficio convencionales y básicos. La Directiva Marco del Agua del año 2000 puso el énfasis en la restauración y protección de los ecosistemas acuáticos, que son la base de una disponibilidad renovada y duradera de agua para los usos sostenible, por lo que considera imprescindible introducir el principio de la recuperación de los costes públicos (económicos, ambientales y del recurso) como incentivo económico a este fin ambiental. Admite la posibilidad de subvencionar a determinados usuarios o territorios vulnerables, de manera justificada, y no de manera genérica a todos los usuarios como ocurre en España. Pero la persistencia de los enfoques productivistas y especulativos del pasado y el desarrollo insuficiente de los instrumentos de racionalidad económica y de participación previstos en esa norma han limitado su eficacia ecológica en nuestro país.

Por eso, además de mejorar la perspectiva económica y ecológica, en el momento histórico actual hay que afrontar los cambios normativos que permitan incorporar claramente los aspectos sociales en la gestión del agua. Eso significa reformar la Ley de Aguas para incluir una visión social en aspectos como la planificación hidrológica, el régimen concesional. la gestión de la escasez en el marco del cambio climático y la recuperación de costes; con concreciones en materia de asignación de dotaciones en sequías y activación de centros de intercambio de derechos de uso del agua (‘bancos públicos de agua») que permitan una distribución del agua a favor de un modelo agrario que responda al interés público general.

Para avanzar en la respuesta a las interrogantes planteadas y también en la perspectiva del reparto social, es importante conocer el impacto económico y social de las medidas de restricción del regadío en las campañas de los años 2022 y 2023. Los resultados de esa situación son de interés para afrontar las futuras políticas de transición justa pensadas en proteger a las personas trabajadoras y la agricultura social y familiar.

3. Marco institucional y diferentes dimensiones del reparto social*

El agua es un patrimonio común, un elemento esencial para garantizar los derechos fundamentales y un bien de dominio público con influencia decisiva sobre los ecosistemas y la sociedad, cuya ordenación está atribuida en España a la Administración General del Estado (en nuestro caso a través de la CH del Guadalquivir) o a la correspondiente Administración Autonómica en cada demarcación hidrográfica intracomunitaria (Demarcaciones de las Cuencas mediterráneas andaluzas, Guadalete y Barbate, Tinto, Odiel y Piedras). La titularidad del agua es siempre del Estado, pero el uso puede ser privado, posibilidad cuya decisión y reparto está atribuida a las mencionadas administraciones Esta realidad jurídica permite plantear en el caso del agua propuestas que sería más difíciles proponer referidas a otros factores, como por ejemplo la tierra.

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el uso del agua solo debe ser un «uso sostenible», aquél que se realiza cumpliendo los objetivos medioambientales, tanto se trate de aguas superficiales como subterráneas. Una vez queda definida el agua disponible por el Estado o la Comunidad Autónoma competente, estos pueden realizar su asignación en concepto de concesión administrativa entre los beneficiarios del uso sostenible. Cuando la Administración realiza un reparto de los derechos de uso de los recursos hídricos debe partir del modelo de «Estado social y democrático de Derecho», establecida en la Constitución, que obliga al Estado a ser decididamente activo y regirse por el principio de igualdad, que debe aplicarse respecto de situaciones concretas en las que puedan identificarse las personas afectadas y sus condiciones económicas y sociales. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha admitido reiteradamente la validez constitucional de las medidas de acción positiva y de discriminación inversa en relación con grupos sociales desfavorecidos.

La obligación constitucional del reparto social del agua no está adecuada y suficientemente desarrollada en la legislación de aguas, lo que justifica plantear la necesidad de una reforma legislativa que incorpore el reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento (Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 28 de julio de 2010, A/RES/64/292) y el reparto social del agua basado en los principios, valores y derechos constitucionales.

En lo que se refiere al reparto del agua, su materialización práctica se tendría que llevar a cabo, a su vez, en tres momentos diferentes: con la asignación de recursos en la planificación hidrológica; con el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones; y en situaciones de escasez o excepcionales. Todo esto afecta al campo de actuación de la CH del Guadalquivir en su ámbito. En el primer caso, los planes recogen los objetivos que persiguen, para la consecución de los cuales se establecen los programas de medidas, entre las que se hallan el orden de preferencias y las asignaciones de recursos hídricos. Por su parte, el sistema concesional establece, bajo el citado orden de preferencias de la planificación hidrológica, un sistema de otorgamiento deautorizaciones y concesiones obsoleto en su diseño y desconectado de los actuales objetivos medioambientales, sociales y económicos.
Asimismo, es imprescindible modificar el régimen de las Comunidades de Regantes, mejorando su funcionamiento democrático, que permita aplicar criterios de reparto social del agua de las concesiones que tienen otorgadas para que, en situaciones de escasez, se garantice a las explotaciones vulnerables las dotaciones completas y no la aplicación de reducciones lineales que perjudican en mayor medida a éstas.

Respecto a la planificación hidrológica y al sistema concesional es viable la incorporación del reparto social del agua a través de las siguientes medidas:

  1. la realización previa de un inventario de regadíos que comprenda entre otras la identificación de los usuarios vulnerables y los grandes usuarios;
  2. el conocimiento de manera real y efectiva del volumen de agua que se consume en cada masa de agua y quién y para qué destino lo hace;
  3. la incorporación de manera transparente de los criterios de reparto social que permitan cumplir las exigencias constitucionales de proteger a aquellos usuarios que tengan la condición de vulnerables, aunque ello suponga un trato menos favorable para el resto de los usuarios.

Respecto del tercer tema, las situaciones de escasez o de excepcional reducción de la disponibilidad de recursos hidricos, ya se están planteando experiencias concretas, en el ámbito de las Comisiones de desembalse de la cuenca del Guadalquivir.

Este es el contenido de la Propuesta de la Mesa Social del Agua de Andalucía dirigida a la Comisión de desembalse del Guadalquivir el 2 de marzo de 2023. Ante la perspectiva de una nueva campaña de riegos, la cuarta consecutiva, con fuertes recortes de dotaciones, la MSA hizo constar: «No podemos culpar siempre a la sequía, que es parte de nuestro clima y nos recuerda que debemos gestionar un regadío con garantías, que haga frente a las sequías y al cambio climático. Esto es contrario a la política de crecimiento de regadío y de cambio de cultivo incentivado por la propia Confederación, a pesar del déficit estructural que padece la cuenca, que condena a los regantes del Guadalquivir a una continua incertidumbre en el abastecimiento del agua. Esta situación afecta a todo el regadío, pero principalmente a las explotaciones más vulnerables, que ven como la rentabilidad de su explotación se ve mermada en algunos casos hasta el 70%, siendo esta la actividad de la que dependen agricultores profesionales y familias […] En estas situaciones, la Confederación aplica un recorte en función de la dotación que. aunque es proporcional a esta, no tiene en cuenta ningún otro criterio. Las grandes explotaciones tienen margen de actuación, ya que pueden decidir repartir esta dotación, pueden regar la cantidad de hectáreas que crean conveniente. Las pequeñas explotaciones no tienen alternativa, ya que disponer o no de agua determina que cultivarlas sea o no rentable […] Demandamos que se tengan en cuenta criterios sociales a la hora de aplicar recortes, la administración debe priorizar claramente un modelo de producción, la agricultura social y profesional. Proponemos que se haga una discriminación positiva que garantice al menos una unidad de trabajo agrario para el titular de la explotación, garantizando el total de su dotación o un recorte menor que para superficies mayores.» (12-Comision-desembalse Sequia-Reparto-Social)

Retomando el planteamiento jurídico, en situaciones de escasez o de excepcional reducción de la disponibilidad la Administración debe, salvaguardadas las necesidades ambientales, identificar la vulnerabilidad de los afectados por dicha situación y adoptar las medidas de acción positiva a favor de los desfavorecidos, aunque ello suponga un trato desigual negativo para aquellos que no tienen la condición de vulnerables, siempre que dichas medidas: a) estén acotadas y se adopten de manera transparente, b) sean proporcionadas al objetivo de igualdad efectiva y real que las justifica; c) tengan una temporalidad determinada o determinable; y d) se evalúe su aplicación.

4. Propuestas para la presente campaña de riego

En la presente campaña reclamamos la modificación de las decisiones de la Comisión de Desembalse del pasado 24 de abril, con la finalidad de que se considere una reducción menor de las dotaciones normales para las Comunidades de Regantes que tienen concesiones de 1.500 a 2.000 m3/ha. Estas dotaciones ya están muy ajustadas a las necesidades mínimas del cultivo, siendo mayoritariamente olivar tradicional. Aplicar un porcentaje de recorte cercano al establecido para las elevadas dotaciones de las grandes zonas regables, donde prima el olivar intensivo y superintensivo, genera agravios comparativos entre las capacidades productivas de las diferentes zonas de la cuenca.

Debe constituirse en esta campaña de riego el Centro de intercambio de derechos de uso del agua del Guadalquivir (Banco Público del Agua) como instrumento de transparencia y eficiencia en la reasignación de dotaciones de agua con criterios económicos, sociales y ambientales.

Consideramos que, para avanzar en la transición hídrica justa, necesaria por la actual situación de sobreexplotación de recursos hidricos y los crecientes impactos del cambio climático, deben realizarse los estudios técnicos que permitan diagnosticar, evaluar y proponer soluciones para asegurar el futuro del regadío sostenible en lo económico, social y ambiental.

  1. Evaluar el impacto económico y social de las medidas de restricción del regadío en las campañas de los años 2022 y 2023
  2. Un mayor conocimiento sobre el estado de las aguas subterráneas en Andalucía, especialmente de las que están en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico.
  3. La actualización del inventario de regadíos del año 2008

 

Sevilla, 6 de mayo de 2024

 

* La Calle Marcos, A. (2023) Notas jurídicas sobre el reparto social del agua. Directorio de documentos – Notas jurídicas sobre el reparto social del agua – Biblioteca del agua – FNCA Documento presentado en la Jornada técnica organizada por la MSA el 10 de enero de 2024.

  • Las organizaciones advierten que la lluvia no ha resuelto la situación de sequía meteorológica y además prevalece la escasez, fruto del desequilibrio entre las altas demandas de agua de sectores productivos y los recursos disponibles.
  • Reclaman la aplicación de los Planes Especiales de Sequía y Planes de Emergencia Municipales para escalonar medidas de reducción de dotaciones tanto en los estadios iniciales como en la desescalada de la sequía.
  • Exigen la aplicación de criterios de justicia social en el reparto de dotaciones, de manera que se garantice la supervivencia de la agricultura familiar y profesional y se palíen los efectos de la destrucción de empleo derivados de la sequía.

El 18 de marzo la Red Agua Pública y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo han organizado un acto en el Congreso con motivo del día mundial del agua moderada por Jaime Morell, con la participación de Pedro Arrojo, actual relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Dalila Argueta, hondureña defensora de derechos humanos y refugiada por la defensa del río Guapinol, Nadua Abu Ghazalah, perteneciente a la diáspora palestina, Pablo Alcalde y Miquel Carrillo en representación de La Coordinadora, y Nuria Hernández Mora y Aura Vidal por la RAP.

Las principales conclusiones a que se llegó durante el acto se concretan a continuación.

Manifiesto:

Por unos ríos vivos, con agua para la vida 

 

Un año más, colectivos ciudadanos y ecologistas de la cuenca del Tajo atraviesan nuestros ríos. La falta de dinámica fluvial, la deficiente calidad de las aguas, las extracciones abusivas, la alteración de cauces y riberas o la proliferación de especies exóticas son identificados como los principales problemas que padecen la mayor parte de los ríos de la cuenca. 

A pesar de las obligaciones que imponen las legislaciones europeas, estatales y autonómicas, nuestros ríos agonizan en imágenes impropias de sociedades del siglo XXI: riberas ocupadas y trasformadas, cauces sin continuidad fluvial, aguas colmatadas de residuos, toallitas, espumas o aguas residuales son frecuentes en los cursos madrileños y castellano-manchegos de la demarcación del Tajo. En su cabecera, el río Tajo sufre el mayor trasvase de agua existente en nuestro país. Se trata de un trasvase que impide la circulación que necesita el río Tajo para alcanzar su buen estado ecológico. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y con la presión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sigue empeñado en continuar adelante con una legislación obsoleta para abastecer una agricultura ajena, insostenible, desmesurada, tóxica e insolidaria que ya está causando enormes daños ecológicos, también en las cuencas receptoras, con el colapso ambiental del Mar Menor o el mantenimiento artificial de las Tablas de Daimiel. Y ello sin tener en cuenta la reducción de aportaciones naturales por efecto del cambio climático que hacen cada vez más inviable seguir derivando agua a otras cuencas hidrográficas.

Actualmente, la ineficiente depuración de las aguas de las urbes madrileñas, convierten los cursos bajos de los ríos madrileños y al río Tajo en cloacas a cielo abierto. El Gobierno Regional madrileño ignora sistemáticamente su  obligación legal de adaptar sus depuradoras al cumplimiento del objetivo del buen estado de las masas de aguas receptoras. Además, numerosos ayuntamientos castellano-manchegos carecen de sistemas de depuración o bien estos son también insuficientes. Por si esto fuera poco, la contaminación difusa de la agricultura es corresponsable de las altas concentraciones de nutrientes en muchos de nuestros ríos.

Los ríos de la cuenca del Tajo siguen careciendo de un auténtico régimen de caudales ecológicos que cumpla con su objetivo de garantizar la funcionalidad y estructura de los ecosistemas fluviales. Los caudales ecológicos fijados por ley, son insuficientes para reproducir los procesos ecológicos naturales de un río. A esto hay que sumar, los incumplimientos legales del Plan Hidrológico para seguir garantizando agua para el trasvase mientras se le priva al río Tajo. A todo esto, hay que añadir la dejación de funciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo respecto a su obligación legal de dar trámite a la eliminación de barreras sin uso que impiden la continuidad fluvial. Por ejemplo, desde 2005 se han retirado en la Comunidad de Madrid solo media docena de barreras (azudes) del más del centenar de existen en los ríos madrileños, la mayoría en estado de abandono.

Todas estas situaciones son impedimentos para asegurar plenamente el derecho humano al agua a toda la ciudadanía de la cuenca del Tajo. La protección de las aguas superficiales y subterráneas y sus ecosistemas asociados son acciones esenciales para garantizar la disponibilidad de agua en la cantidad y calidad suficientes para las generaciones actuales y futuras, especialmente en escenarios de cambio climático.

En definitiva, resulta inaceptable la inhibición de las administraciones que deberían asegurar su conservación: la Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable de la protección del dominio público hidráulico y de garantizar su buen estado; los gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, responsables de los espacios protegidos y de la política agrícola; el Canal de Isabel II, responsable de la gestión de los principales focos de contaminación del agua de la cuenca; así como el Ministerio para la Transición Ecológica, responsable último de la gestión del Trasvase Tajo-Segura. Estas administraciones siguen sin comprender el valor de los ecosistemas fluviales y las oportunidades y beneficios sociales, económicos y recreativos que podrían ofrecer a las localidades ribereñas.

Disfrutar de ríos en buen estado es un derecho ciudadano que exigimos a las administraciones competentes. Aún estamos a tiempo de conseguir que los ríos de la cuenca del Tajo sean ríos vivos con agua para la vida, recuperando
sus funciones ambientales, culturales y sociales.


Colectivos firmantes (por orden alfabético):

A.VV. la Cava de Toledo; A.VV. La Voz del Barrio. Toledo.; AAVV ALCÁNTARA; Actúa; AEMS-Ríos con Vida; Ágora San Fernando de Henares ; ALBA (Acción Local por un Bosque Autóctono); Amigos del Tejo y las Tejedas (AATT); ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono); ARBA AlcoSanse ; ARBA Colmenar Viejo; ARBA El Molar; ARBA Robledo de Chavela ; ARBA Toledo ; Arba Valle del Lozoya; Ardea Ecologistas en Acción Sierra de Ayllón ; Ardeidas; Arriba las Ramas; Asamblea para la Defensa del Tajo en Aranjuez; Asociación AGESMA; Asociación contra el recrecimiento de Yesa "Río Aragón"; Asociación de vecinos La Verdad; Asociación de Vecinos Puerta del Vado-La Muralla ; Asociación Ecologista del Jarama El Soto; Asociación Geográfica Ambiental; Asociación Mar de Fábula; Asociación Ojos del Guadiana Vivos; Asociación Senda Natur Paracuellos;  Asociación Vecinal El Val; Asociación Vecinal Parque Henares; Asociación Vecinal Puebla de la Sierra ; AV Iniciativa Ciudadana Toledo Histórico; AV Pasillo Verde Imperial; AV PAU Ensanche de Vallecas; AV Palomeras Bajas; AVV El Tajo; AVV Riochico; Barrio Vivo Algete; Cátedra del Tajo UCLM-Soliss; CCOO Madrid ; Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF); Colectivo Azálvaro; Confederación Sindical Solidaridad Obrera ; Cooperativa agroecología la zarzosa; Ecologistas en Acción; Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha; Ecologistas en Acción de Palencia ; Ecologistas en Acción de Toledo; Ecologistas en Acción del valle del Tajuña; Ecologistas en Acción Espartal-Valdemoro; Ecologistas en Acción Getafe; Ecologistas en Acción Guadalajara ; Federación Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid; Federación Local de Asociaciones Vecinales de Toledo "El Ciudadano"; Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM); Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA); Fundación Tagus; GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente); Grupo de Hidrobiología de la UPM; Henaresxelclima; Jarama Vivo; Liberum Natura; Mesa del Árbol de Carabanchel; NoiaLimpa ; PARVA ARBA Paracuellos; Plataforma 8M Toledo ; Plataforma contra la especulación urbanística y ambiental de Candeleda ; Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II; Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo; Plataforma en Defensa de los ríos madrileños y el río Tajo; Plataforma en Defensa del Tajo y el Alberche de Talavera de la Reina; Plataforma Salvemos el río Manzanares; Plataforma Torrejón por el clima; Rede proTEJO  Portugal); Proyecto Germen ; Red Ciudadana del Tajo (Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus ríos); Red de Agua Pública de la Comunidad de Madrid (RAPM); Salvemos el Calero; Salvemos Nuestros Parques; Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura; Torrejón x el clima; Urbizi; Vecinos por Algete; Villaviciosa Ecológica/Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón.

Ante la alarmante desaparición del sector agrario en Aragón, especialmente el más pequeño y sostenible, su concentración en menos manos, la falta de rentabilidad, el incremento de la intensificación agrícola y ganadera, etc., diversas asociaciones de productores/as aragoneses/as, sindicatos, asociaciones de consumidores/as, organizaciones ambientales, ecologistas, de defensa del territorio, apoyamos el siguiente MANIFIESTO.

La pasada semana, la Comisión Europea (CE) y la Presidencia belga del Consejo de la Unión anunciaron de manera conjunta un acuerdo para rebajar la ambición de la arquitectura verde de la Política Agraria Común (PAC). De llevarse a cabo esta hoja de ruta, desaparecerán cláusulas clave que hasta ahora condicionan el acceso a las ayudas públicas a prácticas agrarias que contribuyen a la sostenibilidad del sector agroalimentario. Por ello, 336 entidades de la sociedad civil de toda Europa, que representan a productores, consumidoras, ambientalistas y personas expertas en salud y nutrición, han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El objetivo de la misiva es expresar la urgencia de apostar por normativas comunitarias - y no derogarlas o flexibilizarlas- que apoyen una transición justa hacia modelos agrarios realmente resilientes y que protejan la base de su productividad, que no es otra que el agua, el suelo y la biodiversidad. “La acción política debe abandonar la falsa dicotomía de ecología versus economía porque el medio ambiente depende de la agricultura, tanto como la agricultura depende del medio ambiente”, sostienen fuentes de la Coalición Por Otra PAC.

La Coalición ha sido la promotora de esta misiva que también denuncia la falta de transparencia y participación pública en la preparación de las medidas presentadas por la CE. En concreto, se refiere a su propuesta de transformar cuatro de las diez Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) -la 1, 6, 7, 8- de la PAC en ecorregímenes, que tienen carácter voluntario.

“De aplicarse las propuestas de la CE, disminuirá la ambición ambiental y climática que se prometía para la nueva PAC, dificultando el alcance de objetivos clave, como la protección de los recursos naturales y la biodiversidad, o la lucha contra el cambio climático”, expresan representantes de la Coalición Por Otra PAC. Y prosigue: “en lugar de avanzar, representaría un retroceso en comparación con el período anterior, que no logró detener la disminución de la biodiversidad, base de la productividad agraria”.

“Si realmente consideramos al sector agrario como estratégico, debemos hacerlo resiliente ante retos como el cambio climático y la volatilidad de los mercados. Para ello, las instituciones deben garantizar un apoyo suficiente a las explotaciones que ya estén produciendo -o que quieran empezar a hacerlo- de manera sostenible económica, social y ambientalmente”, expresan desde Por Otra PAC.

Otra de las propuestas conjunta de la CE y de la Presidencia belga del Consejo tras el AGRIFISH del 26 de febrero fue la reducción de inspecciones a gran parte de las explotaciones solicitantes de las ayudas públicas. “La posibilidad de que los agricultores no sean controlados sobre los requisitos de condicionalidad de la PAC es muy preocupante porque respetar los estándares básicos que proponen las BCAM es clave para avanzar hacia un modelo de producción agraria más resiliente, saludable y sostenible.”, señalan fuentes de Por Otra PAC.

“La Comisión se apresura a desmantelar requisitos de la condicionalidad que promueven prácticas agrarias respaldadas por evidencia científica inequívoca, esenciales para abordar los problemas actuales de clima, medio ambiente y biodiversidad y que, además, son vitales para la viabilidad de las explotaciones ya que contribuyen a la fertilidad de los suelos o al control de plagas, entre otros ”, enfatizan los firmantes. Además, añaden que “el goteo de cambios en una PAC que apenas ha llegado a ponerse en marcha, sólo genera confusión e incluso inseguridad jurídica a quienes tienen que adoptarlos, esto es, el sector agrario”.

“Las protestas de los agricultores no deben ser utilizadas como excusa para flexibilizar la arquitectura verde de la PAC, convirtiendo los estándares ambientales en chivos expiatorios para evitar abordar el problema de fondo, que es la falta de sostenibilidad social y económica en el actual sistema agrario”, destacan los representantes de la Coalición. La carta pide a la Comisión Europea que, en lugar de poner fin a los requisitos de condicionalidad, se enfoque en medidas que brinden ingresos justos a los agricultores y ganaderos, y repiense los fondos para facilitar una transición agroecológica y justa. Sin dejar a nadie atrás.

La Coalición Por Otra PAC insta a la Comisión a abandonar los planes de desmantelar la arquitectura verde de la PAC y presentar un plan creíble para abordar los problemas que enfrentan los agricultores y la sociedad en su conjunto. La carta solicita a la Comisión que, en el proceso de formulación de políticas, adopte un enfoque basado en la evidencia científica y coherente con los compromisos de la UE con la biodiversidad y la emergencia climática, así como con los objetivos de la Estrategia de Biodiversidad para 2030 y la Estrategia De la Granja a la Mesa derivadas del Pacto Verde Europeo.

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ACCESO A LA CARTA

Logos MSA

 

 

Desde su posición de espacio de cooperación entre todos los sectores sociales vinculados al agua (agricultores, sindicatos, ecologistas, consumidores, empresas públicas del agua, ciudadanos, técnicos y científicos), la Mesa Scial del Agua (MSA) quiere mostrar su solidaridad con el mundo rural, los agricultores y ganaderos: el campo necesita respuestas y soluciones.  La MSA valora positivamente el debate social que esta movilización está generando: el modelo agroalimentario predominante que está en la base de los problemas, es un problema de todos.

Basándonos en nuestra larga experiencia de diálogo intersectorial, generando acuerdos y propuestas positivas, defendemos las siguientes ideas:

Las soluciones a los problemas del sector deben partir de una revisión del modelo agroalimentario actual, con criterios sociales y ambientales, incluyendo  el máximo respeto a los ecosistemas, la calidad del agua, los suelos y la biodiversidad. No podemos retroceder en los avances conseguidos a lo largo de muchos años hacia una producción más sostenible.

Las políticas agrarias vienen incentivando una evolución del sector hacia el redimensionamiento de explotaciones y la intensificación del uso de recursos, como el agua, para poder alcanzar niveles adecuados de rentabilidad a corto plazo. Estas presiones son contradictorias con la necesaria adaptación del sector a objetivos ambientales, que pueden limitar o encarecer la producción, pero que mejoran su calidad y aseguran su futuro.

No todas las personas y las empresas que forman el sector agrario son iguales. Hay que diferenciar y proteger a la agricultura social, familiar y profesional frente al modelo de especulación financiera que ha llegado al sector agrario y concentra la tierra, el agua y otros recursos, además de las redes de comercialización, aumentando las desigualdades en el sector productor.

Para conseguir un sector productivo sostenible y adaptado al cambio climático se deben garantizar unos precios justos y, con ellos, rentas dignas para agricultores y ganaderos.

La alimentación está en juego. Los consumidores son, junto con los productores, los eslabones más vulnerables de la cadena, que sufrirán en mayor medida las consecuencias de un incremento de precios de los productos europeos y/o la disminución de la calidad de los productos. Productores y consumidores deben aliarse para conseguir una alimentación sana, sostenible y a precios justos para todos.

El reto es garantizar la soberanía alimentaria, en un contexto de globalización e industrialización productiva, lo que exige reciprocidad en los intercambios comerciales con terceros países. Por parte del consumo, se debe garantizar alimentos sanos, de calidad y a precios asequibles.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena del sector agrario padecen en muchos casos situaciones de vulnerabilidad que transcienden los factores relacionados con la actividad agraria. Estamos obligados a tomar muy en cuenta este aspecto de la realidad del mundo agrario: la calidad del empleo, las condiciones laborales y la seguridad en el trabajo.

Desde nuestra especial perspectiva del agua, estas reivindicaciones se concretan en nuestra defensa del carácter público del agua, en la necesidad de una administración hidráulica transparente, abierta a la participación real de los agentes que representan alternativas diferentes.

Defendemos el reparto social justo del agua, garantizando la supervivencia y viabilidad de las explotaciones familiares. También la recuperación del buen estado de las masas de agua, sobre las que se sustenta la producción agraria.

Especial atención nos merece la sequía que padece Andalucía. En las próximas reuniones de las Comisiones de Desembalse seguiremos defendiendo la modulación de las reducciones de dotaciones que se propongan. También, pedimos especial atención por parte de las políticas públicas a las explotaciones más vulnerables, como son las de secano y las de ganadería extensiva.

Somos muy conscientes del carácter prioritario de los abastecimientos urbanos, que afectan e incumben a toda la ciudadanía y que padecen los procesos de sobrexplotación y contaminación del agua.

Nos oponemos a la mercantilización del agua a través de los denominados mercados de agua, en los que entidades privadas comercian entre sí con un bien que es público.

En suma, desde nuestra experiencia de diálogo intersectorial, abogamos por la cooperación y la colaboración constructivas, y defendemos las reivindicaciones aquí recogidas del sector agrario, en línea con las propuestas que esta Mesa viene realizando reiteradamente.

Nos hemos unido a otras entidades ambientales europeas, en la demanda de una revisión ambientalmente ambiciosa de la Directiva de aguas residuales para proteger la salud de los ciudadanos y ecosistemas europeos.
 
Pedimos a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y a los estados miembros que no se admitan prórrogas al cumplimiento de los objetivos más allá de 2027 ni excepciones a determinados países o regiones, que se mantenga la ambición en la eliminación de microcontaminantes, que se elaboren planes integrales de gestión de aguas residuales de acceso público y que las empresas cuyos productos generan microcontaminantes en las aguas residuales sean responsables de los costes de su eliminación.
 

A finales de 2023, tuvo lugar el curso: ‘Territorios esponja como reguladores hidrológicos’ en la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, organizado por el CIREF. La grabación del curso está disponible: https://cirefluvial.com/ciref-y-wetlands-international-europe-imparten-el-curso-territorios-esponja-como-reguladores-hidrologicos-en-galicia/ 

https://rediam-indalo.cica.es/mccaa/

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