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Hace unas semanas trascendió a la luz pública la intención de los representantes de la histórica Acequia Real del Júcar de vender parte del agua que tiene concedida para el riego a la empresa Aguas del Almanzora, S.A. de Almería, con el fin de sanear sus cuentas. La del Júcar es una cuenca sobreexplotada, principalmente en su acuífero de cabecera, con transvases operativos al Turia y el Palancia, al norte y el Vinalopó al sur. Los representantes de la Acequia se han opuesto con contumacia a la asignación de caudales ecológicos suficientes para la recuperación de los espacios protegidos del bajo Júcar y l’Albufera. La movilización ciudadana liderada por Xúquer Viu, a la que se han sumado algunos regantes y que ha contado con el apoyo institucional de alcaldes y diputados ha conseguido –de momento- paralizar la apertura de un nuevo boquete en el pantano de Alarcón, a trescientos quilómetros de la desembocadura, por el que desaguar un rio ya muy deteriorado.

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Las organizaciones ambientales, cívicas y sindicales representadas en el Consejo del Agua de la Demarcación del Júcar rechazan el Plan Hidrológico sometido a informe por no frenar el deterioro de los ríos

Las organizaciones cívicas, ambientales y sindicales que integran la Red por una Nueva Cultura en el Júcar rechazan el Plan Hidrológico sometido a informe en el Consejo del Agua de la Demarcación a través de sus representantes en el mismo.

Las organizaciones consideran que, pese a las evidencias de sobreexplotación y deterioro de los ecosistemas acuáticos, el plan no satisface los objetivos legalmente establecidos de frenar el deterioro, recuperar el buen estado ríos, lagos, acuíferos y otras masas de agua y promover el uso sostenible del agua.

Pese a la situación de sobreexplotación acumulada, el plan reparte un agua inexistente incrementando así el déficit reconocido –que pasa de 265 a 310 Hm3/año- aplazando las medidas necesarias para frenar y revertir el deterioro de la cuenca. Con ello se agudizan las tensiones por el reparto del agua en el futuro, que se verán incrementadas con la previsible disminución de la disponibilidad de agua como consecuencia del cambio climático.

Aunque pueda parecer paradójico, poner sobre la mesa de negociación agua de papel, es decir asignar a los usuarios agua no disponible en la demarcación con el fin de obtener su apoyo al plan, no hace sino añadir leña al fuego y alimentar conflictos futuros. La naturaleza no negocia.

El documento presentado supone un retroceso respecto al borrador presentado en junio del año pasado y aleja aún más la posibilidad de cumplir con los objetivos marcados para 2027. La administración hidráulica ha cedido una vez más frente a la presión de los usuarios privativos, favoreciendo sus intereses a corto plazo en detrimento del interés general y de la disponibilidad duradera de agua, retorciendo, a tal fin, la aplicación de la normativa vigente.

Las organizaciones integradas en la Red por una Nueva Cultura del Agua en el Júcar, contrariadas por los cambios de última hora y las negociaciones opacas con regantes y administraciones, analizarán y documentarán los posibles incumplimientos con el fin de recurrir ante las instancias competentes del estado y la Unión Europea.

En una primera lectura se han identificado posibles incumplimientos en relación con los siguientes aspectos:

  • sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, con asignaciones que superan la recarga natural, agravando la acumulada y estableciendo nuevas reservas insostenibles para el regadío
  • aplicación arbitraria de la metodología establecida por el propio ministerio para el cálculo de los caudales ambientales, estableciendo generalmente volúmenes muy alejados de los necesarios para contribuir eficazmente al objetivo del buen estado
  • incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (STS 3353/2018) por lo que se refiere a la exigencia de establecimiento de regímenes de caudales ecológicos completos -con todas sus componentes, incluida la de avenidas- y al rechazo de excepciones mediante la inclusión de márgenes adicionales de tolerancia
  • falta actualización del registro de zonas protegidas
  • impactos ambientales de la modernización de regadíos sin una evaluación rigurosa
  • mantenimiento del transvase Júcar-Vinalopó, pese al reconocimiento de la falta de sobrantes en la cuenca cedente
  • asignación de caudales para el Parque Natural de l’Albufera condicionada a los usos, sin concreción en cuanto a su origen ni garantía de su disponibilidad, lo que perpetúa la precariedad de esta zona protegida
  • desprotección de masas de agua en buen estado (reservas fluviales) y adopción insuficiente de las medidas necesarias para recuperar la conectividad fluvial y la restauración hidromorfológica general de las masas de agua deterioradas, como consecuencia de la priorización de los usos privativos a costa de violar las restricciones ambientales

Las organizaciones ambientales, cívicas y sindicales de la Red por una Nueva Cultura del Agua en el Júcar alertan de las consecuencias de la mala administración y recuerdan que los incumplimientos de la normativa europea pueden tener un elevado coste para el conjunto de la ciudadanía, como muestran las cuantiosas multas que paga el Estado Español, por ejemplo, por incumplimientos de la directiva de aguas residuales urbanas. Por otro lado, siendo el sector agropecuario el principal consumidor de agua, es urgente abordar una reforma estructural –incluida la PAC- que permita su viabilidad a largo plazo, garantizando el empleo, el reequilibrio territorial y la conservación de los recursos naturales.

Dan apoyo a este escrito las siguientes organizaciones: Acció Ecologista Agró, ACEM-Ecologistas de la Manchuela de Cuenca y Albacete, ADIRA, AEMS-Ríos con Vida, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, CCOO PV, Ecologistas en Acción de Albacete, Ecologistas en Acción de Cuenca, Ecologistas en Acción Gudar Javalambre, Ecologistes en Acció del País Valencià, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales, Intersindical Valenciana, Mijares no se Toca, Per l’Horta, Plataforma Ciutadana per la defensa del Riu Serpis, Pueblos Vivos Cuenca, Sociedad Albacetense de Ornitología, SEO/BirdLife, Stop Macrogranjas Castilla la Mancha, Túria Verd, UGT, WWF y Xúquer Viu

La Directiva de Uso Sostenible de los Pesticidas (o SUD, Sustainable Use of Pesticides Directive), que estaba con un calendario de revisión que se debía haber publicado este pasado miércoles, 23 de marzo. El lobby de la industria de los pesticidas, junto a otros actores aliados, reclamaron una demora indefinida de esta Directiva europea bajo el argumento de que la invasión de Ucrania ponía en riesgo la seguridad alimentaria. El EEB y otras organizaciones europea enviaron una carta a Ursula von Der Leyen (que adjunto), pidiendo que no se cediera a las presiones y se mantuviera la publicación de la revisión. Sin embargo finalmente la revisión de dicha Directiva ha sido retrasada y sin nueva fecha, es decir, ha sido eliminada de la agenda europea. Se trata de un tremendo paso atrás para conseguir al menos reducir una de las fuentes contaminantes más importantes en Europea y también en España.

La Fundacion Botín abre el plazo de candidaturas para los premios a la gestión sostenible del agua hasta el 31 de julio. Más información: https://fundacionbotin.org/programas/observatorio-del-agua/premios-al-talento-joven/ 

Ecologistas en acción acaba de publicar su informe "Ríos tóxicos: Contaminación química de ríos y aguas subterráneas" que analiza la presencia de este tipo de contaminantes en nuestros rios y realiza propuestas y recomendaciones al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Ver informe: https://www.ecologistasenaccion.org/191827/informe-rios-toxicos-2022/ 

Hemos suscrito el manifiesto de la Plataforma Salvemos Doñana donde :

  • Exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que ponga en marcha de manera urgente y en el marco de sus competencias, las vías legales y jurídicas necesarias para paralizar el proyecto Marismas Occidental.

  • Exigimos al Gobierno Central que respete el “principio de precaución” que se aplica en los países de la Unión Europea y paralice de inmediato la ejecución de este proyecto gasístico cuyos riesgos ambientales globales no están debidamente evaluados y cuyas consecuencias sufriremos todos y todas.

  • Exigimos al Gobierno Central que impulse el desarrollo sostenible de la Comarca de Doñana y ratifique los acuerdos climáticos de París para defender el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

  • Nos comprometemos a informar a la ciudadanía sobre los valores y riqueza de Doñana para que entre todos y todas garanticemos su conservación y nunca más se ponga en riesgo nuestro patrimonio natural.

Leer manifiesto: http://www.xn--salvemosdoana-rkb.es/ . 

WWF y la Fundación Nueva Cultura del Agua elaboraron en 2020 el informe Estudios de casos para la aplicación de la metodología sobre la recuperación de costes de los servicios del agua: el embalse de Melonares y la presa de Alcolea en el que se ponía de manifiesto la muy mala calidad del agua de la futura presa de Alcolea al recoger aguas con altos contenidos de metales pesados procedentes de los lixiviados ácidos de las múltiples escombreras de la cuenca minera del Odiel.

El Esquema Provisional de Temas Importantes de la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras (EPTI) de 2020 señalaba como uno de los problemas importantes de la demarcación la elevada contaminación de los ríos Tinto y Odiel y hasta en 28 ocasiones señalaba dudas sobre la calidad del agua que almacenaría la presa de Alcolea, que podría no ser útil para los usos previstos o que requeriría costosos tratamientos de depuración.

La presión de los regantes de Huelva sobre la Junta de Andalucía para que se reanudasen los trabajos de construcción de la presa de Alcolea y se neutralizaran los informes científicos y técnicos que avisaban de que el agua que almacenaría no sería adecuada originó el encargo, a finales de 2020, a la consultora holandesa DELTARES de un informe que avalara la construcción de Alcolea.

DELTARES entregó en febrero de 2021 su informe Síntesis sobre los posibles impactos en la calidad del agua en la futura presa de Alcolea, que avalaba la posición de la Junta de Andalucía y consideraba que en el futuro embalse se reduciría drásticamente la acidez del agua y se decantarían gran parte de los metales pesados, pudiéndose utilizar el agua para los usos previstos de abastecimiento, regadío e industria.

La Junta de Andalucía utilizó este informe de DELTARES para suprimir todas las dudas razonadas y cautelas que señalaba el EPTI considerando que la presa de Alcolea era completamente viable.

WWF y la FNCA elaboraron una nota de prensa "La Fundación Nueva Cultura del Agua y WWF se oponen al plan de la Junta de Andalucía de continuar con el proyecto de la presa de Alcolea" en abril de 2021 como réplica al informe de DELTARES en abril de 2021 que dio comienzo a un proceso largo de comunicaciones con la consultora evidenciándole las carencias de datos, simplificaciones y errores de su informe.

DELTARES aceptó discutir técnicamente su documento con la información aportada por WWF y FNCA, y en una reunión celebrada en julio de 2021 reconocieron deficiencias en su informe fruto de la escasa documentación que les aportó la Junta de Andalucía, totalmente favorable a la obra, y que el encargo que recibieron se limitaba a valorar dichos informes. Acordaron reconsiderar las conclusiones de su informe.

A principios de septiembre pasado DELTARES remitió a WWF y FNCA una Adenda a su primer informe en el que reconocen las deficiencias de su primer informe y señalan que no hay información suficiente para poder afirmar que el agua de la presa de Alcolea se pueda utilizar para ningún uso, recomendando la continuación de los estudios de seguimiento de la evolución de la calidad del agua del río Odiel. Trasladaron su nueva Adenda a la Junta de Andalucía para que esta la hiciera pública.

Después de más de tres meses la citada Adenda no ha sido publicada por la Junta de Andalucía por lo que consideramos de interés público su publicación junto con los demás documentos referenciados.

 

Frente a la privatización del agua, la ciudadanía de Alcoi reivindica la remunicipalización, la participación y el derecho humano al agua

5 de enero de 2022

En 2000 el gobierno municipal de Alcoi, entonces presidido por el Partido Socialista del País Valenciá, acometió, con la connivencia del Partido Popular, la privatización del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad mediante un proceso oscuro y antidemocrático que impidió, de hecho, la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, a pesar de que se realizaron movilizaciones masivas y se consiguió el apoyo de más de 10.000 firmas demandando la suspensión de la privatización. El resultado fue la concesión del servicio de abastecimiento de agua a la empresa Aqualia por 20 años y, de paso, propició una crisis en el partido de gobierno favoreciendo que poco después el PP asumiera el poder en el ayuntamiento de Alcoi.

Veinte años después, cuando la concesión ha sido prorrogada y está a punto de finalizar, otro gobierno socialista presidido por Toni Francés Pérez, persiste en optar por la privatización del agua utilizando procedimientos similares a los de entonces: apoyarse en un proceso nada transparente ni participativo que aprovecha la época de fiestas navideñas para ponerlo en marcha, a la vez que presenta un informe encargado a la consultora privada AYMED, que resulta ser un documento claramente sesgado hacia la defensa de la gestión privada, a la vez que incorpora notables inconsistencias técnicas y metodológicas e, incluso, está plagado de matices y posicionamientos ideológicos a favor de la privatización.

Estas cuestiones han sido puestas de manifiesto tanto por Lluís Torró Gil, exregidor y exdiputado de EUPV, la organización ecologista La Carrasca y, específicamente, por el informe que la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) preparó a petición de la plataforma Iniciativa Ciutadana per una Gestió Pública de l'Aigua d´Alcoi. Los criterios y fundamentos que ha aportado la ciudadanía deberían ser tenidos en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre un tema crucial como es el modelo de gestión.

A pesar de ello, el alcalde ha optado por la privatización de los servicios de abastecimiento al margen de la ciudadanía, en clara vulneración del derecho humano al agua que tiene como principios fundamentales la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa, libre y significativa, en cuyo contexto se asume que cualquier decisión que afecte al modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento deben ser previamente contrastados con la ciudadanía. Esta circunstancia es especialmente cuestionable para el actual alcalde socialista, en la medida en la que el presidente de gobierno de España se comprometió en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, a consagrar el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil.

En este contexto, la Red Agua Pública (RAP) llama al actual alcalde a proceder de forma consecuente con las determinaciones de su partido y que ponga en marcha un proceso participativo y democrático sobre la forma de gestión del servicio de agua en Alcoi reconduciendo su propuesta al respecto del pleno del próximo 7 de enero.

Frente a este intento de privatización, la RAP apoya los posicionamientos de la Xarxa Valenciana per l´Aigua Pública y de los movimientos ciudadanos de Alcoi a favor de la remunicipalización y la gestión pública y democrática del agua.

La Mesa Social del Agua de Andalucía, de la que forma parte todo el espectro ecologista (EeA, SEO, WWF, Greenpeace), consumidores (FACUA), agricultores (COAG, UPA)  y portavoces del mundo rural (Fundación SAVIA), empresas públicas de agua  (AEOPAS), sindicatos (CCOO) profesionales e investigadores (FNCA), es una experiencia interesante por la amplitud de los sectores incluidos en ella. Lleva más de 3 años funcionando, desde su participación activa en el debate del Reglamento de ciclo urbano del agua de Andalucía (a lo largo de 2018) hasta el documento conjunto de posicionamiento frente al Plan Hidrológico del Guadalquivir cuya exposición pública acaba de terminar (ver documento). Por medio, presentó alegaciones al Plan Especial de Sequia del Guadalquivir (PES, 2019) y se posicionó frente al Pacto Andaluz por el Agua de la Junta de Andalucía de 2020 .

Las recientes declaraciones críticas de COAG y UPA contra algunos contenidos del Plan Hidrológico del Guadalquivir están en la línea de lo que pretendemos en la Mesa:  ayudar a poner de manifiesto las diferencias y conflictos internos del sector agraria, para poder diferenciar y poder apoyar aquellas explotaciones  agrarias con funciones  productivas, ambientales y territoriales socialmente positivas. 

Estas declaraciones importantes, novedosos y significativos en el marco de los debates sobre la gestión del agua, han animado a la última acción de la Mesa Social consistente en el documento conjunto de alegaciones contra el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Alarma social por la situación del agua en Andalucía

Mesa Social del Agua de Andaluza *

Pese a las recientes y benefactoras lluvias, la situación estructural de la gestión del agua en la cuenca del Guadalquivir, y en toda Andalucía, es dramática. La Mesa Social del Agua, formada por organizaciones agrarias, ambientales, de consumidores, profesionales y empresariales acaba de denunciar esta situación en sus alegaciones al Plan hidrológico del Guadalquivir.

La nueva declaración de sequía vuelve a poner de manifiesto que la demanda total de agua ha sobrepasado las disponibilidades en la mayor parte de Andalucía, lo que refleja un escenario de sobreexplotación de los recursos. De manera inevitable, en periodos de varios años de aportaciones escasas a los embalses, esta sobreexplotación da la cara y tienen que reducirse drásticamente los suministros para los diferentes usos de la sociedad. Como en anteriores ocasiones, se pretende resolver los impactos de la escasez de agua embalsada aplicando únicamente criterios hidráulicos de disminución de las dotaciones para el regadío, obviando que se debe minimizar la repercusión sobre la economía, el empleo y los diferentes territorios rurales, y que hay que proteger especialmente a los sectores agrarios que resultan más perjudicados, generalmente las explotaciones familiares de regadío,  así como a las explotaciones con cultivo ecológico.  

Pese a las mejoras de la información en algunos aspectos que hay que reconocer, la documentación de la Administración del Agua sigue aportando datos insuficientes, imprecisos o inexactos sobre aspectos fundamentales. Es imprescindible mejorar la información, especialmente en lo que se refiere a dotaciones, consumos reales, superficies, hectáreas ampliadas, cambios de cultivo y tipologías de estos.  Es imprescindible también aclarar la evolución errática de los datos de sobre recursos realmente existentes  a lo largo de los últimos 20 años, así como las estimaciones de los recursos en escenarios futuros.

La pobreza de indicadores, especialmente biológicos e hidromorfológicos, hace que los planes ofrezcan un diagnóstico del estado ecológico del agua menos malo del que realmente debiera hacerse. Cuando se reconoce el mal estado, la documentación lo asume como un forzoso “daño colateral” ocasionado por  inevitables procesos de intensificación de las presiones, como el descenso de niveles de muchos acuíferos, que ocasiona la pérdida de numerosas pequeñas y medianas fuentes y manantiales de gran importancia territorial, en una situación que pervive desde hace décadas.

La Administración defiende que en los proyectos de modernización o transformación de regadíos que impliquen un ahorro de agua se permitirá destinar hasta un 45% del mismo a la ampliación de los regadíos, modificando las características de la concesión. Esto abre la puerta al incremento de las superficies y del consumo de agua, sin que se hayan calculado los ahorros reales para las cuencas, y sin que se hayan evaluado los efectos sobre las masas de agua receptoras. Esto va en contra del espíritu de reducir las presiones por extracción y contaminación difusa, y también en contra de los intereses de los propios agricultores que solicitan una garantía mayor en la atención a las demandas actuales.  La Administración está propiciando una reconversión agrícola que sólo beneficiará a unos determinados territorios y modelos de explotación en detrimento de la agricultura familiar profesional, que mantienen aún hoy el medio rural con vida. El regadío debe servir para vertebrar el territorio, generando riqueza y empleo en el medio rural y no para expandir cultivos con mayores dotaciones de riego, como es el caso del olivar superintensivo, que además está llevando a la ruina al olivar tradicional. .   

Esta situación afecta gravemente a los abastecimiento urbano, al agotar o deteriorar los recursos de los que se surten. Se trata de una dinámica que se desarrolla desde hace décadas, que ha llevado a la construcción de sistemas de abastecimiento que abandonan sus fuentes tradicionales agotadas o contaminadas, y conectan las poblaciones con largas redes de suministro desde alejados embalses. Entre los casos actuales de estos impactos se encuentra la crisis de los abastecimientos  de la comarca de Estepa; la crisis de los abastecimientos de la comarca de Antequera, en la cuenca Mediterránea, para cuya solución se plantea la conexión al embalse de Iznájar, en la cuenca del Guadalquivir; o la crisis, en este caso propiciada con alevosía,  del abastecimiento de Baza, en el Altiplano de Granada, que desde hace décadas persigue su innecesaria conexión con el embalse del Portillo, en el río Castril. Todos estos casos, y otros, constituyen una de las peores herencias de la política seguida por la Administración del agua (autonómica y central) durante las últimas décadas, intensificada recientemente por la aceleración de la expansión del olivar en sistemas de cultivo intensivo y superintensivo.

* La Mesa Social del Agua de Andalucía está formada por las siguientes organizaciones: AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), CCOO (Comisiones Obreras), COAG ANDALUCÍA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía), EeA (Ecologistas en Acción-Andalucía), FACUA Andalucía (Consumidores en Acción), FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua), FUNDACIÓN SAVIA, Greenpeace, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología), UPA (Unión Pequeños Agricultores y Ganaderos) y WWF-ESPAÑA (World Wildlife Fund).