LA RED AGUA PÚBLICA -RAP- APOYA LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS DEL CICLO DEL AGUA EN TERRASSA

Ante la difusión de un estudio del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) que pretende descalificar la gestión pública del agua en Terrassa, la RAP reivindica y apoya a la empresa Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (TAIGUA).

Pone en cuestión el estudio de OSUR por considerarlo sesgado debido a sus posicionamientos declarados y constatables a favor de la privatización y en contra de la remunicipalización.

Recientemente el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) ha difundido un estudio -que ha tenido una repercusión mediática relevante-, denominado Análisis de la revisión tarifaria del servicio de abastecimiento de agua en Terrassa, en el que, a pesar de lo específico de su título, desarrolla todo un argumentario general para descalificar la gestión de la empresa Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (TAIGUA) que actualmente desempeña la gestión pública del ciclo integral del agua en esa localidad. Para ello, confronta los resultados de TAIGUA con los de la antigua empresa MINA-AGBAR que, hasta 2018, tenía la concesión del servicio de agua en Terrassa, con el objetivo de realzar la gestión privatizada de los servicios de abastecimiento de agua.

No es de extrañar este planteamiento de OSUR, en la medida en que forma parte de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP), claramente identificada con posiciones privatizadoras y opuesta a cualquier proceso de remunicipalización, como demuestra su oposición ideologizada, activa y militante en los casos, entre otros, de Valladolid y Terrassa, además de estar alineada con los intereses del lobby privado del agua. En este contexto, el estudio de OSUR puede considerarse como un estudio de parte carente de independencia y cuestionable en sus conclusiones.

No está disponible el estudio completo de OSUR, sino tan solo su resumen ejecutivo, muy sintético, que se puede consultar en la web de esta organización; en consecuencia, no se cuenta con una justificación rigurosa de la metodología aplicada, de la procedencia, veracidad y representatividad de los datos usados, ni de los criterios de comparación que se han tenido en cuenta entre los modelos de gestión pública y privatizada. En esta tesitura se pueden cuestionar, por no estar contrastados, los datos relativos a temas estratégicos de la gestión del agua que se consideran en el estudio, como son los referidos a  las inversiones, las políticas tarifarias, el rendimiento hidráulico o los costes de personal. Consecuentemente, también son cuestionables las conclusiones del estudio que afectan a estos temas, como así lo ha puesto de manifiesto el Ayuntamiento de Terrassa en un reciente comunicado en el que se usa información convenientemente auditada y contrastada, y en una nota de prensa sobre el tema que emitió la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

Ante la desinformación con que se tratan temas muy relevantes, como son los que afectan a los servicios públicos y al interés general, es fundamental que los medios de comunicación no reproduzcan acríticamente informes como el de OSUR, contrasten las fuentes y garanticen que la información se basa en datos objetivos, transparentes y verificables. En este sentido, la transparencia y la accesibilidad a la información relevante, convenientemente auditada, está asegurada en el caso TAIGUA.

La RAP apoya la gestión pública de los servicios del ciclo urbano del agua en Terrassa que realiza TAIGUA, en tanto que se caracteriza por respetar, en general, los criterios normativos y los principios transversales del derecho humano al agua, que incluyen el acceso a la información, transparencia, sostenibilidad, rendición de cuentas y participación. Con respecto a la participación, la RAP quiere resaltar la experiencia del Observatorio del Agua de Terrassa, verdadero referente internacional en la intervención ciudadana en la gestión de los servicios del agua urbana, así como su importancia en la coproducción de las políticas públicas y la rendición de cuentas que conllevan.

 2 de diciembre de 2024

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento. https://redaguapublica.wordpress.com

LA MESA SOCIAL DEL AGUA DE ANDALUCÍA ANTE LOS DRAMÁTICOS EFECTOS DE LA DANA Y

EL MANTENIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE LA SEQUÍA

• La Mesa Social del Agua se solidariza con todas las víctimas y los damnificados por las inundaciones en Andalucía y en el resto de España.
• No podemos caer en el error de olvidar la experiencia y las enseñanzas del largo ciclo de sequía que todavía no se ha superado en la totalidad de Andalucía.
• Denunciamos a los sectores que todavía niegan la evidencia de los efectos del cambio climático que intensifica sequías e inundaciones.
• La sobreexplotación de los recursos hídricos y el deterioro de la calidad de los ecosistemas acuáticos están en la base de la crisis del agua en Andalucía.
• La gestión de avenidas e inundaciones necesita un cambio de rumbo en línea con el propio marco legal europeo, estatal y autonómico.
• Estos cambios se deben realizar con criterios de equidad y transición justa tanto laboral como de mantenimiento del tejido empresarial enraizado en el territorio.

La Mesa Social manifiesta su solidaridad con todas las víctimas y damnificados por las inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos de estas últimas semanas en Andalucía, y otras zonas de Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Las lluvias de estas últimas semanas, aunque han producido daños en algunas comarcas, como en el campo de Dalias, Levante de Almería, Valle del Guadalhorce y parte de la cuenca del Guadalete, han sido en general beneficiosas en gran parte de Andalucía. Sin embargo, no podemos caer en el error de olvidar la experiencia y las enseñanzas del largo ciclo de sequía meteorológica y la situación de escasez de agua estructural, que todavía no se ha superado en la totalidad de Andalucía.

En estos momentos de conmoción por la tragedia es necesario reforzar la idea de que debemos de planificar más rigurosamente los riesgos que producen tanto las inundaciones como las sequías, intensificadas por el cambio climático, con el objetivo de minimizar los daños sobre las personas, los bienes y los propios ecosistemas.

La gestión de las avenidas necesita un cambio de rumbo en los modelos de ocupación y utilización del territorio en línea con el propio marco legal europeo, estatal y autonómico, que incluye aplicación rigurosa de cartografía y planes de gestión del riesgo de inundación.

Las inundaciones representan uno de los mayores desafíos para las comunidades y municipios en todo el mundo. Ante el creciente aumento de eventos climáticos extremos, es fundamental que los gobiernos locales se preparen mejor para hacer frente a estos riesgos. En este contexto, tener un plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones emerge como una herramienta vital para la prevención, mitigación y respuesta eficaz ante este tipo de fenómenos extremos. Estos planes deben contribuir a salvaguardar la seguridad y el bienestar de las comunidades locales frente a los efectos del cambio climático y los diferentes escenarios de riesgo de inundación. Es necesario evitar vincular tragedias con fenómenos naturales; por el contrario, hay que  poner el foco en los problemas que se derivan de una mala gestión de eventos extremos.

Es necesario adaptar la urbanización, las infraestructuras de transporte, las actividades agrarias y forestales, a las características propias de los riesgos que afectan a cada territorio. Adaptarse implicará cambios en nuestro modo de relacionarnos con los ríos y asumir los costos que implique, los cuales habrá que repartir justamente dado el beneficio social que aportarán. Entre las adaptaciones, habrá que eliminar viviendas, construcciones e infraestructuras en zonas de alto riesgo de inundación, implementar medidas de retención de agua en los espacios agrarios e implantar sistemas de drenajes sostenible en las ciudades Será una tarea difícil, de larga implementación, que requerirá participación y consenso de todos los afectados, pero ineludible si no queremos repetir, y aún aumentar, los impactos de las inundaciones.

La gravedad de las inundaciones también están relacionados con el avance de la aridez y la pérdida de suelos, que deben paliarse sistemas de cultivo adaptados al terreno y con planes de mantenimiento y recuperación de masas forestales, así como forestaciones que contrarresten los efectos del cambio climático, sobre todo en zonas litorales especialmente vulnerables.

Las lluvias de otoño no han sido suficientes para resolver las situaciones de alerta incluso emergencia de algunas zonas de Andalucía, especialmente en las Cuencas Mediterráneas, como la Axarquía. Es necesario no perder la perspectiva que la sobreexplotación, que volverá a ponerse de manifiesto tras las lluvias, y  el deterioro de la salud de los ríos, humedales y acuíferos están en la base de la profunda crisis estructural del agua en Andalucía. Hay que insistir en esta idea clave: Andalucía está sometida a una crisis de escasez, acentuada por lluvias irregulares, a veces torrenciales, y olas extraordinarias de calor, como consecuencia del cambio climático. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias de unas comarcas a otras, sobrepasa la disponibilidad del recurso actual. El déficit es estructural, y se mantiene a duras penas, en muchos casos, por la sobreexplotación generalizada de aguas subterráneas.

No podemos, y tampoco debemos, esperar a que episodios de lluvias extraordinarias vengan a aliviar la situación. Ante la indiscutible realidad  del cambio climático, y la larga experiencia de crisis hídrica acumulada hay que redefinir el modelo de gestión del agua en Andalucía.

Es inaceptable que, salvo los acuíferos de Campo de Dalías y Doñana y alguna otra excepción, ninguna otra masa de agua subterránea esté declarada sobreexplotada de acuerdo con los planes hidrológicos vigentes que deben, entre otras cosas ordenar y racionalizar el uso del agua sin poner en riesgo el mantenimiento de los ríos, humedales y acuíferos. Es necesario mejorar la gestión de los recursos subterráneos, para lo que es clave implicar a los usuarios a través del impulso de la gobernanza con la creación de órganos de decisión, así como una mejora del conocimiento sobre la cantidad y calidad de las aguas subterráneas.

Todas las medidas para afrontar los objetivos de la gestión del agua en relación con la protección del medio ambiente, los abastecimientos urbanos, la garantía al regadío, o la gestión del riesgo de inundación, se deben modular con criterios sociales, salvaguardando los derechos fundamentales de los sectores vulnerables, y de manera significativa la supervivencia de la agricultura familiar, social y profesional.

Hay que poner en marcha el escudo social necesario para hacer frente a los impactos tanto de sequías como de inundaciones en las condiciones vitales y laborales de la población trabajadora, afectada por la pérdida de empleos y el deterioro de sus condiciones de vida. No se puede olvidar el impacto sobre el propio derecho humano al abastecimiento (cortes de suministro, deterioro de la calidad) y saneamiento (destrucción de redes y depuradoras) como estamos viendo en muchos lugares, tanto por sequía como por inundaciones. Todo esto solo se podrá realizar desde una apuesta por una política fiscal que sostenga un sistema público capaz de prever y actuar eficazmente.

La política del agua necesita más interacción, diálogo y compromiso social para superar las deficiencias y desequilibrios en los procesos de toma de decisión y gobernanza del agua. Hay que defender y apoyar la información científica y técnica, no gobernar al margen de las evidencias. Hace falta reforzar en la sociedad el debate y el compromiso social, la información veraznecesaria labor pedagógica, la participación pública eficaz.

Sevilla, 13 de noviembre de  2024

Os informamos que se ha abierto un nuevo plazo de exposición pública para los Planes Especiales frentea a la Sequía (PES) revisados. En diciembre de 2023 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dijo que el procedimiento de Evaluación Ambiental tenía que ser ordinario y no simplificado (algo por cierto señalado en diferentes momentos por distintas organizaciones). Los organismos de cuenca por tanto llevaron a cabo dicha evaluación ambiental ordinaria. Con los estudios de evaluación ambiental estratégica terminados, cada PES junto con su correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica sale de nuevo a exposición pública durante 45 días a contar desde el 18 de septiembre. Es una nueva oportunidad para revisar los PES e identificar posibles mejoras, así como las deficiencias y carencias que se mantienen. 

El enlace a la documentación de cada PES: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia.html

Curso de Restauración de Ecosistemas Fluviales que impartiremos conjuntamente con Naturalea y el Grup Natura Freixe el 7, 8 y 9 de noviembre.

https://www.freixe.cat/es/curso-restauracion/

En mayo estuvimos conviviendo todo un fin de semana con la gente del colectivo Jara Medioambiental de Coín con motivo de la celebración de nuestra Asamblea anual. Fueron días donde hubo momentos de risas, conversaciones, caminatas, bailes que dificilmente podremos olvidar. En agradecimiento a nuestra comunidad y los vecinos y vecinas de Coín hemos elaborado con mucho cariño este vídeo-album con instantáneas de todos esos momentos compartidos. 

Hasta el 15 de julio puedes presentar tu trabajo que estás realizando a favor de la sostenibilidad mediante una comunicación técnica escrita y/o un póster. Participa con una comunicación escrita y/o un panel, y forma parte de la exposición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, que se realizará del 2 al 5 de diciembre en Madrid. 

La Mesa social del agua de Andalucía reivindica gestionar el agua como un bien público

La Mesa se opone a la venta de agua desde el Altiplano de Granada a la comarca del Almanzora en Almería a través de acuerdos privados

La Ley de Aguas prevé centros de intercambio con garantías ambientales y sociales bajo supervisión pública

De acuerdo con la información disponible, el pasado día 1 de junio una Comunidad de Regantes del Altiplano de Granada aprobó la venta de 4 hm³ de agua a una  Sociedad Anónima del sector del agua radicada en el Almanzora (Almería), utilizando el instrumento legal denominado Cesión de derechos al uso privativo del agua previsto en la normativa vigente (artículos 67-72 de la Ley de aguas) y la infraestructura del trasvase Negratín-Almanzora.  

El Altiplano de Granada, desde donde se vende el agua, es una zona con un gran patrimonio natural y cultural pero socio-económicamente deprimida, con riesgo de despoblamiento, en la que la agricultura y ganadería, con gran presencia de la empresa familiar arraigada en el territorio, son sectores importantes para contrarrestar estas dinámicas. En contraste con ella, la comarca del Almanzora (Almería) es un territorio con un alto ritmo de desarrollo económico y demográfico, con sectores urbano-turístico y residencial  pujantes y con una agricultura intensiva concentrada en un grupo de pocas empresas generadoras de grandes beneficios, en la que la participación de la agricultura familiar casi ha desaparecido.

En estas circunstancias, son muy comprensibles y necesarias las voces de alarma lanzadas desde algunos Ayuntamientos y entidades sociales y empresariales del Altiplano contra una transacción que trasmite el mensaje de que en la comarca sobra el agua o que está tan mal gestionada que se puede trasferir a otros territorios con compensaciones a algunos particulares, que realmente no son sino simples concesionarios temporales de un bien de dominio público. 

Sin entrar en las extrañas circunstancias por las que en la zona vendedora ‘sobra el agua’ al comienzo de la campaña de riegos, es cierto que la Ley de Aguas, desde su reforma en 1999 durante el primer gobierno presidido por José María Aznar, prevé la utilización de los instrumentos de  Cesión de derechos al uso privativo del agua y de Centros de intercambio de derechos, con la finalidad de mejorar la eficiencia económica y social de la asignación del agua. En ese marco legal, la Mesa social del agua considera que la flexibilización del régimen de concesional a través del segundo de estos instrumentos, en algunos casos, puede ser útil para gestionar situaciones de escasez, cada vez más frecuentes. El carácter público de este instrumento (centros públicos de intercambio) debe permitir la participación pública, la transparencia y la evaluación de impactos ambientales, económicos y sociales de su aplicación, que no se dan en el primer caso (cesión entre particulares).

La Mesa defiende la transparencia en las decisiones sobre origen, destinos, volúmenes, usos y precios del agua, imprescindible para la consideración de los factores económicos, sociales y ambientales que afectan a la reasignación.

La Mesa quiere alertar de que,  bajo la figura de la 'Cesión de derechos al uso privativo del agua', se están creando por la vía de los hechos mercados privados del agua, que en este caso, por las razones expuestas, no debieran  contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ni con los informes positivos previos de la Comunidad autónoma y del Ministerio que la normativa exige.

MESA SOCIAL DEL AGUA DE ANDALUCÍA

AEOPAS, CCOO Andalucía, UGT Andalucía, COAG Andalucía, Ecologistas en Acción Andalucía, FACUA Andalucía, Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación SAVIA, Greenpeace, SEO/BirdLife, UPA Andalucía, WWF

Sevilla, 7 de junio de 2024

Declaración de la Mesa Social del Agua de Andalucía ante la convocatoria de la Comisión Permanente de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Ante la continuación de la sequía: sigue siendo necesario el reparto social del agua.

La sequía que atraviesa, con diferente intensidad, Andalucía acentúa la escasez estructural de recursos hídricos, con el cambio climático como telón de fondo ya presente. Las actuales reducciones de dotaciones de riego tenderán a hacerse crónicas, poniendo de manifiesto el sobredimensionamiento de la demanda. Es imprescindible afrontar ya la inevitable transición hídrica, que tiene que ser una transición social y ambiental justa. La Mesa Social del Agua de Andalucía propugna que la reducción no se puede hacer a costa de los sectores más vulnerables y por ende de sus trabajadoras y trabajadores. Hay razones, marco jurídico-institucional y experiencias en las que apoyar una reasignación del agua basada en criterios sociales, ecológicos y territoriales,
que denominamos coloquialmente reparto social del agua. No hay recetas fáciles; nadie las tiene para afrontar la crisis socio-ambiental que tenemos por delante. Pero ya existen propuestas concretas referidas al régimen concesional, la planificación hidrológica, la asignación de dotaciones en sequías y la activación de ‘bancos públicos de agua’ participados y transparentes.

1. Escasez de recursos y sobredimensionamiento de la demanda.

Hoy en día, culminando el primer cuarto del siglo XXI, está fuera de cuestión que el cambio climático está añadiendo factores de incertidumbre a la gestión del agua. Hace años que existen datos advirtiendo de escenarios de menor disponibilidad de agua como consecuencia de la crisis climática. Cada vez es más evidente que los efectos del cambio climático, reiteradamente anunciados por la comunidad científica, están ya haciéndose presentes. No se trata sólo de problemas de cantidad, sino también de calidad del agua, que con efectos negativos para los ecosistemas acuáticos y para los usos humanos del agua.

Estos problemas se superponen a un fenómeno previo: el sobredimensionamiento de la demanda total de agua respecto de los recursos disponibles, es decir, la extracción anual de mayor volumen de agua de la que de manera natural se renueva, combinando años secos y húmedos, que los embalses hiperanuales y los acuíferos subterráneos permiten regular. Estos últimos son los que en muchos casos están amortiguando y ocultando la gravedad de la sobreexplotación. lo que ocasiona que muchos municipios rurales tengan que abandonar sus fuentes tradicionales de suministro (pozos y manantiales) y conectarse a sistemas supramunicipales dependientes de aguas superficiales reguladas. Es preocupante el aumento de los acuíferos sobreexplotados y contaminados, que los organismos de cuenca, y concretamente la CH del Guadalquivir, deberían declarar en riesgo cuantitativo y/o cualitativo, para poner en marcha, con la participación de las personas usuarias, así como del tejido empresarial que también utiliza este preciado recurso, las medidas que permitan recuperar su buen estado. En muchos casos, pues, es toda la población rural la que más duramente padece el deterioro de los sistemas acuáticos.

Esta situación, que no es nueva, ha impulsado en las últimas décadas el desarrollo de tecnologías que incrementan la eficiencia en usos agrarios y urbanos, así como el aumento de recursos no convencionales por medio de la regeneración de aguas residuales y la desalación de aguas marinas. Se han invertido muchos recursos y esfuerzos en modernizar el regadío y en mejorar la aplicación del agua en la parcela. Sin embargo, como es conocido, todo esto no ha dado como resultado una reducción neta del consumo, fundamentalmente porque ha operado la ‘paradoja de Jevons’: a más eficiencia, mayor consumo final en la escala de sistema de explotación o cuenca hidrográfica, porque los ahorros obtenidos se han aplicado a aumentar hectáreas de regadío cada vez más intensivo. El índice de explotación neta (el indicador VVEI+ de obligada aplicación en los documentos de planificación) sigue aumentando.

A este desequilibrio también contribuye que los cánones y tarifas del agua se aplican por hectárea regada, sin gravar los volúmenes realmente consumidos, desincentivando el buen uso del agua.

No se puede excluir la posibilidad de producir en algunos casos recursos alternativos procedentes de la regeneración de aguas residuales urbanas y la desalación. Pero estas tecnologías están limitadas al litoral y a los usos con capacidad de pagar sus altos costes, y siempre para disminuir la sobreexplotación de los recursos, nunca para aumentar regadíos. En el interior, como es el caso mayoritario de la Demarcación del Guadalquivir, la desalación no es posible y la reutilización directa de aguas residuales no aporta nuevos recursos, sino que utiliza los que ya tienen usos aguas abajo. Pueden servir para reasignar aguas de diferentes calidades; pero en caso de dedicarse a nuevos aprovechamientos, la reutilización directa en la zona continental de la cuenca no genera nuevos recursos.

El mensaje fundamental que hay que trasmitir es que la solución no viene ni simple ni principalmente de la ampliación de oferta sino de la adaptación de la demanda a una situación de déficit crónico y creciente. Existe un desequilibrio entre demandas y recursos disponibles que no solo no se va a solucionar gracias al crecimiento de estos últimos, sino que se está intensificando.

2. El reparto social del agua: objetivos y beneficiarios.

En este contexto, la MSA plantea que uno de los retos principales de la gestión del agua es el reparto o reasignación social del recurso disponible con criterios de transición hídrica justa. A partir de esa propuesta surgen muchas preguntas, cuyaformulación ya es en sí misma un avance en el debate: ¿Quiénes deberían ser los beneficiarios de la reasignación y de qué manera puede materializarse? ¿Qué criterios ecológicos, sociales, económicos, territoriales habría que aplicar? ¿Cuáles son las relaciones, conflictos y sinergias entre el enfoque de transición justa en los usos agrarios del agua y la salud de los ecosistemas acuáticos? ¿Qué pueden aportar las experiencias que se están haciendo en el ciclo urbano del agua en materia de transición justa, con aplicación de criterios socioeconómicos en la gestión (tarifación no solo volumétrica sino progresiva, tarifas sociales, garantía mínimo vital)?

La perspectiva del reparto social implica un enfoque de ‘discriminación positiva1 de la agricultura familiar, social y profesional que se define por su multifuncionalidad, el arraigo en el territorio, la producción de alimentos de proximidad, la calidad de los productos, el capital social que genera y la transmisión intergeneracional de conocimiento, entre otros atributos. Un modelo agrario que cumple funciones sociales (incluidas condiciones y retribuciones dignas de las personas trabajadoras), ambientales (imprescindibles para mantener la salud y la calidad del mundo rural) y territoriales (mantenimiento de la población, los paisajes y los valores culturales del mundo rural).

Frente a este modelo, el uso agrario del agua está ligado a una estructura muy desigual de las explotaciones de regadío, agravada por el crecimiento de las grandes explotaciones intensivas agroindustriales en forma de sociedades mercantiles, con menores costes de producción que hacen inviables a muchas explotaciones pequeñas y medianas o situadas en territorios con menores capacidades productivas; por el proceso de precarización y pérdida de peso de la agricultura en la cadena de creación de valor; por los modelos de integración productiva y la pérdida de capacidad de decisión del agricultor en el conjunto del sector alimentario. Todo ello fruto, entre otros factores, de un intercambio desigual y subordinado de la producción agrícola frente a otras fases de la cadena agroalimentaha. que termina afectando a las partes más débiles: la mano de obra familiar y asalariada y los recursos naturales.

La dimensión social del agua ha estado ausente del debate institucional y público, frente a la preponderancia de perspectivas económicas simplistamente planteadas. Desde la asunción, a principios del siglo XX, de la idea de que la inversión pública en obra hidráulica era por naturaleza benéfica para el conjunto de la sociedad, ni siquiera se han aplicado análisis coste-beneficio convencionales y básicos. La Directiva Marco del Agua del año 2000 puso el énfasis en la restauración y protección de los ecosistemas acuáticos, que son la base de una disponibilidad renovada y duradera de agua para los usos sostenible, por lo que considera imprescindible introducir el principio de la recuperación de los costes públicos (económicos, ambientales y del recurso) como incentivo económico a este fin ambiental. Admite la posibilidad de subvencionar a determinados usuarios o territorios vulnerables, de manera justificada, y no de manera genérica a todos los usuarios como ocurre en España. Pero la persistencia de los enfoques productivistas y especulativos del pasado y el desarrollo insuficiente de los instrumentos de racionalidad económica y de participación previstos en esa norma han limitado su eficacia ecológica en nuestro país.

Por eso, además de mejorar la perspectiva económica y ecológica, en el momento histórico actual hay que afrontar los cambios normativos que permitan incorporar claramente los aspectos sociales en la gestión del agua. Eso significa reformar la Ley de Aguas para incluir una visión social en aspectos como la planificación hidrológica, el régimen concesional. la gestión de la escasez en el marco del cambio climático y la recuperación de costes; con concreciones en materia de asignación de dotaciones en sequías y activación de centros de intercambio de derechos de uso del agua (‘bancos públicos de agua») que permitan una distribución del agua a favor de un modelo agrario que responda al interés público general.

Para avanzar en la respuesta a las interrogantes planteadas y también en la perspectiva del reparto social, es importante conocer el impacto económico y social de las medidas de restricción del regadío en las campañas de los años 2022 y 2023. Los resultados de esa situación son de interés para afrontar las futuras políticas de transición justa pensadas en proteger a las personas trabajadoras y la agricultura social y familiar.

3. Marco institucional y diferentes dimensiones del reparto social*

El agua es un patrimonio común, un elemento esencial para garantizar los derechos fundamentales y un bien de dominio público con influencia decisiva sobre los ecosistemas y la sociedad, cuya ordenación está atribuida en España a la Administración General del Estado (en nuestro caso a través de la CH del Guadalquivir) o a la correspondiente Administración Autonómica en cada demarcación hidrográfica intracomunitaria (Demarcaciones de las Cuencas mediterráneas andaluzas, Guadalete y Barbate, Tinto, Odiel y Piedras). La titularidad del agua es siempre del Estado, pero el uso puede ser privado, posibilidad cuya decisión y reparto está atribuida a las mencionadas administraciones Esta realidad jurídica permite plantear en el caso del agua propuestas que sería más difíciles proponer referidas a otros factores, como por ejemplo la tierra.

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el uso del agua solo debe ser un «uso sostenible», aquél que se realiza cumpliendo los objetivos medioambientales, tanto se trate de aguas superficiales como subterráneas. Una vez queda definida el agua disponible por el Estado o la Comunidad Autónoma competente, estos pueden realizar su asignación en concepto de concesión administrativa entre los beneficiarios del uso sostenible. Cuando la Administración realiza un reparto de los derechos de uso de los recursos hídricos debe partir del modelo de «Estado social y democrático de Derecho», establecida en la Constitución, que obliga al Estado a ser decididamente activo y regirse por el principio de igualdad, que debe aplicarse respecto de situaciones concretas en las que puedan identificarse las personas afectadas y sus condiciones económicas y sociales. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha admitido reiteradamente la validez constitucional de las medidas de acción positiva y de discriminación inversa en relación con grupos sociales desfavorecidos.

La obligación constitucional del reparto social del agua no está adecuada y suficientemente desarrollada en la legislación de aguas, lo que justifica plantear la necesidad de una reforma legislativa que incorpore el reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento (Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 28 de julio de 2010, A/RES/64/292) y el reparto social del agua basado en los principios, valores y derechos constitucionales.

En lo que se refiere al reparto del agua, su materialización práctica se tendría que llevar a cabo, a su vez, en tres momentos diferentes: con la asignación de recursos en la planificación hidrológica; con el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones; y en situaciones de escasez o excepcionales. Todo esto afecta al campo de actuación de la CH del Guadalquivir en su ámbito. En el primer caso, los planes recogen los objetivos que persiguen, para la consecución de los cuales se establecen los programas de medidas, entre las que se hallan el orden de preferencias y las asignaciones de recursos hídricos. Por su parte, el sistema concesional establece, bajo el citado orden de preferencias de la planificación hidrológica, un sistema de otorgamiento deautorizaciones y concesiones obsoleto en su diseño y desconectado de los actuales objetivos medioambientales, sociales y económicos.
Asimismo, es imprescindible modificar el régimen de las Comunidades de Regantes, mejorando su funcionamiento democrático, que permita aplicar criterios de reparto social del agua de las concesiones que tienen otorgadas para que, en situaciones de escasez, se garantice a las explotaciones vulnerables las dotaciones completas y no la aplicación de reducciones lineales que perjudican en mayor medida a éstas.

Respecto a la planificación hidrológica y al sistema concesional es viable la incorporación del reparto social del agua a través de las siguientes medidas:

1. la realización previa de un inventario de regadíos que comprenda entre otras la identificación de los usuarios vulnerables y los grandes usuarios;
2. el conocimiento de manera real y efectiva del volumen de agua que se consume en cada masa de agua y quién y para qué destino lo hace;
3. la incorporación de manera transparente de los criterios de reparto social que permitan cumplir las exigencias constitucionales de proteger a aquellos usuarios que tengan la condición de vulnerables, aunque ello suponga un trato menos favorable para el resto de los usuarios.

Respecto del tercer tema, las situaciones de escasez o de excepcional reducción de la disponibilidad de recursos hidricos, ya se están planteando experiencias concretas, en el ámbito de las Comisiones de desembalse de la cuenca del Guadalquivir.

Este es el contenido de la Propuesta de la Mesa Social del Agua de Andalucía dirigida a la Comisión de desembalse del Guadalquivir el 2 de marzo de 2023. Ante la perspectiva de una nueva campaña de riegos, la cuarta consecutiva, con fuertes recortes de dotaciones, la MSA hizo constar: «No podemos culpar siempre a la sequía, que es parte de nuestro clima y nos recuerda que debemos gestionar un regadío con garantías, que haga frente a las sequías y al cambio climático. Esto es contrario a la política de crecimiento de regadío y de cambio de cultivo incentivado por la propia Confederación, a pesar del déficit estructural que padece la cuenca, que condena a los regantes del Guadalquivir a una continua incertidumbre en el abastecimiento del agua. Esta situación afecta a todo el regadío, pero principalmente a las explotaciones más vulnerables, que ven como la rentabilidad de su explotación se ve mermada en algunos casos hasta el 70%, siendo esta la actividad de la que dependen agricultores profesionales y familias […] En estas situaciones, la Confederación aplica un recorte en función de la dotación que. aunque es proporcional a esta, no tiene en cuenta ningún otro criterio. Las grandes explotaciones tienen margen de actuación, ya que pueden decidir repartir esta dotación, pueden regar la cantidad de hectáreas que crean conveniente. Las pequeñas explotaciones no tienen alternativa, ya que disponer o no de agua determina que cultivarlas sea o no rentable […] Demandamos que se tengan en cuenta criterios sociales a la hora de aplicar recortes, la administración debe priorizar claramente un modelo de producción, la agricultura social y profesional. Proponemos que se haga una discriminación positiva que garantice al menos una unidad de trabajo agrario para el titular de la explotación, garantizando el total de su dotación o un recorte menor que para superficies mayores.» (12-Comision-desembalse Sequia-Reparto-Social)

Retomando el planteamiento jurídico, en situaciones de escasez o de excepcional reducción de la disponibilidad la Administración debe, salvaguardadas las necesidades ambientales, identificar la vulnerabilidad de los afectados por dicha situación y adoptar las medidas de acción positiva a favor de los desfavorecidos, aunque ello suponga un trato desigual negativo para aquellos que no tienen la condición de vulnerables, siempre que dichas medidas: a) estén acotadas y se adopten de manera transparente, b) sean proporcionadas al objetivo de igualdad efectiva y real que las justifica; c) tengan una temporalidad determinada o determinable; y d) se evalúe su aplicación.

4. Propuestas para la presente campaña de riego

En la presente campaña reclamamos la modificación de las decisiones de la Comisión de Desembalse del pasado 24 de abril, con la finalidad de que se considere una reducción menor de las dotaciones normales para las Comunidades de Regantes que tienen concesiones de 1.500 a 2.000 m3/ha. Estas dotaciones ya están muy ajustadas a las necesidades mínimas del cultivo, siendo mayoritariamente olivar tradicional. Aplicar un porcentaje de recorte cercano al establecido para las elevadas dotaciones de las grandes zonas regables, donde prima el olivar intensivo y superintensivo, genera agravios comparativos entre las capacidades productivas de las diferentes zonas de la cuenca.

Debe constituirse en esta campaña de riego el Centro de intercambio de derechos de uso del agua del Guadalquivir (Banco Público del Agua) como instrumento de transparencia y eficiencia en la reasignación de dotaciones de agua con criterios económicos, sociales y ambientales.

Consideramos que, para avanzar en la transición hídrica justa, necesaria por la actual situación de sobreexplotación de recursos hidricos y los crecientes impactos del cambio climático, deben realizarse los estudios técnicos que permitan diagnosticar, evaluar y proponer soluciones para asegurar el futuro del regadío sostenible en lo económico, social y ambiental.

1. Evaluar el impacto económico y social de las medidas de restricción del regadío en las campañas de los años 2022 y 2023
2. Un mayor conocimiento sobre el estado de las aguas subterráneas en Andalucía, especialmente de las que están en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico.
3. La actualización del inventario de regadíos del año 2008

Sevilla, 6 de mayo de 2024

* La Calle Marcos, A. (2023) Notas jurídicas sobre el reparto social del agua. Directorio de documentos – Notas jurídicas sobre el reparto social del agua – Biblioteca del agua – FNCA Documento presentado en la Jornada técnica organizada por la MSA el 10 de enero de 2024.