Novedades

PacoPucheEl viernes dieciséis de julio murió Francisco Puche, librepensador y librero desde los lejanos tiempos de la creación de su Proteo-Prometeo en la Málaga de 1969. Fue socio de la Fundación Nueva Cultura del Agua, a la que llegó a través de su intenso compromiso personal con la defensa de los ríos Genal, Grande, Guadalhorce y Guadalmedina, y de la totalidad de los ecosistemas acuáticos. De espíritu inquieto, gran cultura y erudición, desde su fuerte compromiso con el territorio ha sido un punto de referencia imprescindible en la ecología política malagueña, espacio que fue ampliando a otros círculos nacionales e internacionales. Fue de los primeros asociados, desde los años ochenta, a Greenpeace y posteriormente al movimiento de integración estatal de la Confederación Española de Ecologistas en Acción. Fue, y lo seguirá siendo en el corazón de sus compañeros, socio de honor de Silvema Serranía de Ronda-Ecologistas en Acción.  

La muerte de alguien admirado nos deja siempre  desarbolados. En el caso de la pérdida de Paco Puche la sensación es especialmente intensa, por su personalidad irrepetible, su genialidad e intensidad, enorme capacidad de comunicación, sensibilidad e inmensa cultura. Cualidades que siempre puso al servicio de la defensa crítica y argumentada de los patrimonios y bienes comunes. El conjunto del territorio y especialmente los ecosistemas fluviales siempre encontraron en este economista y librero andaluz su mejor defensor y la más rica fuente de proyectos alternativos. 

¡Hasta siempre!

 

 

La Fundación Nueva Cultura del Agua y otras 40 entidades sociales del colectivo #PorOtraPAC hemos enviado una carta abierta a los cinco ministerios de Agricultura, de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de Sanidad, Consumo y de Agenda 2030, y a las consejerías de agricultura con un conjunto de propuestas que deben ser consideradas para conseguir que la PAC retome la senda de transición que contribuya a mitigar los retos de la década. 

Ver la carta.

 

Sra. Ministra,

La Red Agua Pública (RAP), entidad que reúne a decenas de organizaciones y plataformas de carácter estatal, autonómico y local, en defensa de la gestión pública del agua, del medioambiente hídrico y de los derechos humanos al agua y al saneamiento, quiere hacerle llegar su opinión sobre el actual proceso de transposición de la Directiva 2120/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. El objetivo fundamental, que en el texto se reitera y justifica, es solicitar que se abra un espacio de participación, en el que las organizaciones sociales, y en concreto la RAP, puedan presentar y debatir sus propuestas respecto del mencionado proceso de trasposición.

La adopción por la CE en marzo de 2014 de la Iniciativa Ciudadana Right2Water «El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!» fue uno de los factores que impulsaron la revisión de la Directiva de agua potable (Directiva 98/83/CCE), en el sentido de incluir en ella la obligación de que todos los ciudadanos puedan ejercer los Derechos Humanos al Abastecimiento y Saneamiento. El proceso de revisión, que ha culminado con la aprobación de la Directiva 2020/2184 de 16 de diciembre de 2020 (DAP), se fundamentó en las ideas de que el abastecimiento de agua no debe regirse por las normas del mercado interior y debe quedar fuera del proceso de liberalización, al mismo tiempo que debe cumplir las condiciones de información, participación pública y rendición de cuentas con las que los derechos humanos se deben aplicar.  En la base de la necesidad de la revisión se situó también la evidencia de que el tradicional enfoque de control de la calidad en el punto de consumo (a final de tubería) estaba basado en parámetros obsoletos y superados por los planteamientos ecosistémicos introducidos por la Directiva 2000/60/CE (DMA). Todo ello suscitó expectativas de que la nueva Directiva supondría importantes avances, expectativas que solo parcialmente se han cumplido.

Pero ahora nos encontramos en otro momento clave del proceso: la transposición a la normativa española de la DAP. Gracias al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la UE -concretado en las decenas de ocasiones en las que la DAP se refiere a los “Estados miembros” como sujetos activos del desarrollo y aplicación de la nueva normativa- la transposición contiene grandes potencialidades de mejora de aquellos contenidos que no han cubierto las expectativas mencionadas. Desgraciadamente nos hemos encontrado con el proyecto del Real Decreto por el que se establecen los criterios técnico sanitarios del suministro y control de la calidad del agua de consumo (Versión 2. 29.04.2021), en el que no se aprovechan las posibilidades que el proceso de trasposición contiene. A continuación, señalamos los temas principales sobre los que, en nuestra opinión, el proyecto de RD debe mejorar, buena parte de ellos relacionados con el contenido de los criterios normativos y los principios transversales de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

1. El tema del acceso al agua destinada al consumo humano ha ocupado un lugar central en los debates de la elaboración de la DAP.  La redacción incorporada al proyecto de R.D. no garantiza el acceso a la red de suministro en el domicilio, ni menciona la prohibición o regulación de los cortes del suministro.  El R.D. debería incluir la regulación de un suministro mínimo vital, que permita hacer efectivo el derecho humano al agua a todos los ciudadanos, incluidos los que se encuentren en situación de pobreza o exclusión social.  Uno de los temas más relevantes para la RAP se refiere a la necesidad de que en el R.D. se haga una referencia explícita al derecho humano al agua en los términos recogidos en la Iniciativa Europea Right2Water y la obligación de las administraciones públicas de protegerlo, promoverlo y defenderlo.

2. Al referirse al acceso al agua, la DAP incide de manera especial en colectivos vulnerables desde una perspectiva étnica, cultural, de situación socioeconómica colectiva. Textualmente se dice: “Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a definir los grupos, sería importante que estos grupos incluyan a los refugiados, las comunidades nómadas, las personas sin hogar y las culturas minoritarias como los gitanos e itinerantes, sean sedentarios o no” (Considerando 35), o “… el acceso de colectivos vulnerables y marginados tal como los determinen los Estados miembro” (artículo 16.1). Esto abre un espacio a la profundización contextualizada en este importante tema que, entre otros, afecta de manera lacerante a grandes sectores de trabajadores agrícolas temporeros de las zonas de agricultura más intensiva y productiva del país, en las que a lo largo de pandemia no se ha logrado siquiera establecer esos “… sistemas de suministro alternativos, por ejemplo, dispositivos de tratamiento individuales, el suministro de agua mediante depósitos, como, por ejemplo, camiones y cisternas, y la instalación de las infraestructuras necesarias para los campamentos” (Considerando 35). En este sentido, la atención de la DAP a los problemas de disponibilidad y accesibilidad por carencia o deficiencia de infraestructuras que afecta a colectivos sociales o étnicos territorialmente definidos, debe ser incorporado de manera explícita en la transposición. No podemos dejar de mencionar el problema de los asentamientos informales, que incluyen el caso de los asentamientos de trabajadores temporeros, pero también el de otros asentamientos sin acceso al agua existentes en las periferias de las ciudades, como es el caso de la Cañada Real en Madrid, y el de otros colectivos en situaciones de precariedad habitacional que padecen problemas similares.

3. Con respecto a la asequibilidad, también se abre un gran espacio de concreción en el proceso de transposición: la responsabilidad principal en la actuación consecutiva y la revisión a escala nacional, regional y mundial de los avances para lograr dichos objetivos recae en los Estados miembros. “Los Estados miembros podrían servirse de los documentos de orientación elaborados en el ámbito de competencia de dicho Protocolo [de  1992, sobre el agua y la salud de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) y la Oficina Regional para Europa de la OMS], para evaluar el contexto de actuación y la situación de partida en relación con el acceso al agua y definir las medidas necesarias para mejorar el acceso equitativo para todos al agua destinada al consumo humano" (considerando 34). En el proyecto de RD se pierde la oportunidad de hacerlo.

4. Al mismo tiempo, la accesibilidad y la asequibilidad no se pueden abordar sin considerar la financiación sostenible de los servicios de agua y el papel de la tarificación en la promoción de la eficiencia del agua. Por lo tanto, la trasposición debe abordar conjuntamente estos principios, ya que la realización de un principio puede tener efectos sobre los demás, y esta interacción debe considerarse de manera integral.

5. La DAP introduce un enfoque de gestión del riesgo en todas las fases del sistema, incluidas las zonas de captación de los puntos de extracción. Los Estados miembros tienen la obligación de detectar los peligros y eventos peligrosos en estas zonas de captación que podrían causar el deterioro de la calidad del agua. Esta obligación de los Estados se debe materializar en los procesos de planificación de demarcaciones hidrográficas que ha entrado ya en su tercer ciclo de planificación. Efectivamente, la DMA exige a los Estados miembros que especifiquen las masas de agua utilizadas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, hagan un control de estas masas de agua y adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro de su calidad a fin de reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de aguas aptas para el consumo humano. En este aspecto en España es esencial mejorar la coordinación entre las autoridades competentes en materia de sanidad, planificación territorial, agraria y urbanística y las autoridades competentes en gestión del agua, de manera que se identifiquen adecuadamente todos los puntos de captación, se incorporen en el registro de las zonas protegidas de los planes hidrológicos de demarcación.  Sin embargo, el proyecto de R.D.  no avanza en la declaración de los perímetros de protección y obvia responsabilidades que corresponden a los organismos de cuenca. En ese sentido, consideramos importante que la transposición establezca la obligatoriedad de fijar perímetros de protección en todas las captaciones, con las correspondientes medidas de protección. La transposición debe incluir plazos para el desarrollo reglamentario de estos aspectos, para la obligatoria (no potencial) elaboración de instrucciones metodológicas y para su aplicación. Esto no debe conducir a ignorar, como el proyecto de R.D.  ignora, que el principal problema actual no es solo la falta de declaración de perímetros de protección – hay unos 8.000 declarados – sino la ausencia de planes de protección y de identificación de actuaciones que no se desarrollan en los mismos. 

6. En lo que se refiere al ámbito de la gobernanza, en el Anexo IV de la DAP se incluye la obligación de proporcionar información al ciudadano en distintos ámbitos importantes de la gestión del ciclo urbano del agua. Se echan en falta, sin embargo, algunos temas que se deberían incorporar en el marco jurídico español. Por ejemplo, no se garantiza nada sobre la información acerca de las condiciones contractuales que vinculan al operador del servicio con la administración responsable del agua; tampoco hay requisitos para la información sobre los flujos financieros (como la distribución de beneficios, pago de dividendos, honorarios de gestión). Además, no solo es necesario concretar el alcance de la información a suministrar, sino que también es fundamental concretar los instrumentos que hay que poner a disposición de la ciudadanía para garantizar su acceso; es decir, los sistemas de información que hagan posible la transparencia de la gestión de los servicios.

7. Es especialmente importante, en este sentido, la revisión en profundidad del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), que actualmente presenta deficiencias que afectan tanto a su gobernanza, como a la recopilación de datos, a la publicación de la información sobre el estado de la calidad del agua y a la propia aplicación informática en la que se apoya el SINAC, que debería ser coherente con las políticas de datos abiertos promovidas por la Comisión Europea. Como puso de manifiesto el informe de fiscalización sobre el control sanitario del agua realizado por el Tribunal de Cuentas (Nº 1.344), el SINAC necesita una reforma urgente y profunda, no solo como apunta el proyecto de R.D. como un repositorio de información en el que los distintos usuarios (sin tener en cuenta la diferenciación entre el operador privado y el público) intercambian información, sino como un sistema de información pública que permita la participación de la ciudadanía en los distintos aspectos relacionados con la gobernanza del ciclo integral urbano del agua.

8. Por otra parte, respecto de la participación pública propiamente dicha en los procesos de decisión y específicamente en la elaboración de los instrumentos de planificación, en el proyecto de RD no se contempla aspecto alguno. En estos temas también, la transposición al marco jurídico español tiene un importante margen de mejora, en sintonía con el abundante trabajo realizado en esta materia por las organizaciones integradas en la Red Agua Pública, que vienen haciendo detalladas propuestas de modelos e instrumentos concretos de participación pública en la gestión del ciclo urbano del agua. Es de mencionar también en este punto el informe de Joan Gaya en el proceso de elaboración del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España.[1]

9.  Finalmente, el proyecto de RD ignora el debate sobre la prevalencia del modelo de gestión pública directa, de la resistencia a procesos de privatización y de impulso de experiencias de remunicipalización que constituyen el eje del movimiento social por el Agua Pública en España y en el conjunto de Europa. Aquí también, hay un recorrido posible para una transposición que quiera avanzar en la línea de lo que la racionalidad, el interés público y las experiencias más recientes en tiempos de pandemia muestran: la preferencia o prevalencia de un sistema de gestión público de un bien común, imprescindible, insustituible, institucionalizado como un Derecho Humano y gestionado, necesariamente, en régimen de monopolio natural. Es ineludible en este caso hacer una referencia al informe de junio de 2020 del anterior Relator de NNUU para los DHAS Léo Heller, titulado Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento[2] 

Estas razones nos mueven a solicitar que se abra un debate democrático amplio y fructífero que permita que el proceso de transposición de la DAP en el Estado español aproveche todas las potencialidades que la nueva Directiva ofrece.

Cordialmente,

Comisión de Coordinación de la Red Agua Pública

(Integrada por AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies, Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua Pública de Aragón, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública)

 

[1] https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/10-informe-tematico-regulacion-ciclo-urbano-agua-en-espana_tcm30-517276.pdf.

[2] https://undocs.org/es/A/75/208.

En la última sesión del Consejo Nacional del Agua (CNA) se presentó una propuesta de cambio en la composición del mismo, en la que se incorporaba como vocal al presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Hasta ahora el vicepresidente de la FNCA, nombrado por designación del Ministerio a título personal en calidad de experto en regadíos, venía transmitiendo el sentir de la Fundación en los distintos temas sujetos a deliberación. Con el cambio propuesto, la FNCA sería como tal un vocal del CNA. El procedimiento escrito del CNA se ha dividido en dos fases (primera vuelta y segunda vuelta). En su voto motivado en la primera vuelta, nuestro vicepresidente agradecía la incorporación de la FNCA como vocal del Consejo Nacional del Agua, a la vez que señalaba que la modificación de la composición seguía sin dar respuesta a las demandas que veníamos haciendo desde la Fundación, ya presentadas en 2018, que entre otros aspectos solicitaban reducir el elevado peso de las administraciones públicas en este órgano de participación pública e incorporar a sectores poco o nada representados, como representantes de los usos recreativos del agua, de los usos urbanos del agua, asociaciones de consumidores y representantes de las redes ciudadanas de defensa del agua. De esta forma se alcanzaría una representación más completa y equilibrada de todas las partes interesadas, corrigiendo el excesivo peso que los vocales vinculados a los intereses agrarios tienen en la composición actual del CNA. Puede consultarse el documento de observaciones de la FNCA elaborado en 2018 aquí. Por todo ello nuestro vicepresidente agradecía la incorporación de la FNCA al Consejo Nacional del Agua, pero votó en contra de la propuesta de nueva composición. Puede consultarse el voto del vicepresidente de la FNCA en la primera vuelta.

Sin embargo en la segunda vuelta hemos comprobado que la propuesta de nueva composición no sólo no recoge avances en la línea de nuestras demandas sino que incluso retrocede, al desaparecer la inclusión de la FNCA como vocal del CNA y aumentar el número de vocales de las administraciones públicas en el Consejo Nacional del Agua. Hay que señalar que las organizaciones de regantes se han opuesto de forma tajante a dicha incorporación de la FNCA, como se ha podido comprobar tanto en sus votos particulares como en distintas apariciones de las organizaciones de regantes en los medios de comunicación. El Ministerio ha aceptado su petición de excluir a la FNCA del CNA, lo que cabe interpretar como el resultado de las presiones de los representantes del regadío, presiones a las que se ha plegado el Ministerio.

La FNCA considera que el nuevo decreto de composición de CNA constituye una oportunidad perdida para corregir las ausencias y los desequilibrios en la representación de las distintas partes implicadas en el CNA, en línea con las propuestas contenidas en el Libro Verde de la Gobernanza del Agua, elaborado por el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La FNCA lamenta la falta de ambición del Ministerio, al mantener una composición del CNA que no representa de forma completa y equilibrada al conjunto de la sociedad y que está en contradicción con lo propuesto por el Libro Verde. Por todo ello el voto en segunda vuelta del vicepresidente de la FNCA ha sido también negativo.

La Fundación Nueva Cultura del Agua ha elaborado a través de su grupo de trabajo de agricultura, un documento que recoje un conjunto de observaciones al Real Decreto xxx/xxxx, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias que fue puesto en exposición pública por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), hemos presentado al Ayuntamiento de Nájera las siguientes propuestas en respuesta al proceso de recogida de propuestas, ideas, recomendaciones o soluciones para el acondicionamiento de la margen derecha del río Najerilla en su tramo urbano.

En primer lugar, nos complace que se haya abierto este proceso entre la ciudadanía y creemos que marca un interesante punto de inflexión en las intervenciones que se han venido haciendo en el río Najerilla en Nájera. En cualquier caso, lo consideramos claramente insuficiente respecto a las exigencias europeas y estatales en materia de gobernanza y democracia participativa. En la web del Ayuntamiento de Nájera se hace referencia a este proceso como un “Proceso participativo para ofrecer soluciones en la margen derecha del tramo urbano del río Najerilla a su paso por Nájera”. Los procesos participativos deben ser, por definición, una serie de encuentros para promover el debate y el contraste de argumentos entre la ciudadanía, o entre esta y las personas responsables municipales, con el fin de recoger sus opiniones y propuestas con respecto a una actuación municipal concreta. El proceso que ha abierto el Ayuntamiento de Nájera solo considera una fase de recogida de ideas, pero no la posibilidad de debatirlas, ni procesos de formación ni información previos y, además, no garantiza en ningún momento que las ideas aportadas vayan a ser consideradas. Igualmente, no prioriza en ningún momento las opiniones o aportaciones que puedan llegar desde personas o entidades especializadas en el tema y que hayan mostrado su compromiso con el mismo. Por ello, animamos al Ayuntamiento de Nájera a que abra un proceso participativo real entre la ciudadanía.

En segundo lugar, queremos aclarar respecto al informe titulado “Estudio de patologías en márgenes del río Najerilla en tramo urbano antropizado” -que se presenta como documento de inicio para este proceso de recogida de ideas-, que en ningún caso es correcto hablar de patologías al referirse a un tramo fluvial y a sus procesos geomorfológicos. Este error conceptual evidencia importantes limitaciones a la hora de considerar y gestionar dicho tramo fluvial del río Najerilla en Nájera. Este informe recoge de manera demasiado simplificada el estado de la cuestión, puesto que no se consideran aspectos relativos a toda la cuenca, ni a las presiones antrópicas históricas y actuales que se ejercen sobre el río, ni cuestiones geomorfológicas clave, ecológicas o sobre dinámica fluvial, necesarias para entender con mayor profundidad el estado de este tramo fluvial. Este informe de “patologías” presenta además abundantes errores conceptuales y técnicos, como llamar “regresiva” a la erosión de márgenes, hablar de transiciones de régimen observando solo un tipo de caudal, hablar de “anastomosamiento” cuando el cauce es trenzado-divagante, mencionar un “flujo hidráulico anastomosado” que no existe en la literatura científica, llamar “áridos” a las gravas que construyen el propio cauce, atribuir a las escolleras un “gran resultado ambiental, hidráulico y social” cuando está técnicamente demostrado que no es así, etc.

Los problemas de erosión que viene sufriendo el tramo fluvial del río Najerilla en Nájera en su margen derecha están claramente relacionados con la rectificación, estrechamiento y semicanalización del tramo fluvial, así como del ajardinamiento de la ribera, llevados a cabo en la década de los 80 del siglo pasado. Este estrechamiento del cauce implica que el mismo no tenga capacidad para desaguar cuando se producen determinadas crecidas que no es capaz de regular el embalse de Mansilla en cabecera. Cualquier intervención que se haga debe considerar este aspecto y tratar de revertirlo, y en ningún caso intensificarlo.

Asimismo, y de manera general, cualquier intervención del tramo fluvial en cuestión, debe conjugar dos aspectos clave: la gestión del riesgo de inundación del núcleo urbano y el mantenimiento y mejora de la dinámica fluvial y de la biodiversidad, teniendo en cuenta además los escenarios climáticos contemplados por la planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica del Ebro. Para ello, debemos atender al conocimiento científico y a la normativa en la materia.

Respecto a la gestión de los riesgos de inundación, destinado a reducir las consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a las inundaciones, la Comisión Europea adoptó en octubre de 2007 una “Directiva sobre la evaluación y gestión de las inundaciones (Directiva 2007/60)” que introduce un nuevo enfoque e instrumentos para gestionar este tipo de riesgos y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del “Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación”. El anexo A del RD 903/2010 establece cuál debe ser el contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación, así como el conjunto de programas de medidas, entre las que incluye en primer lugar las propias “Medidas de restauración fluvial, conducentes a la recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus valores ambientales asociados y las medidas para la restauración hidrológico-agroforestal de las cuencas.”

En este sentido, y tal y como se indica en la “Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas” aprobada el pasado 27 de octubre de 2020 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECORD), y enmarcada en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, la restauración fluvial ha experimentado en España un fuerte impulso en las dos últimas décadas. La “Estrategia Nacional de Restauración de Ríos”, lanzada en 2006, ha consolidado estos avances en restauración fluvial. Se ha devuelto espacio a los ríos, eliminando o retranqueando defensas en diferentes proyectos, se han eliminado canalizaciones o se han llevado a cabo numerosas acciones de mejora en puntos concretos de la red fluvial, incluyendo las zonas urbanas. La mayoría de los proyectos de restauración o rehabilitación de entornos fluviales urbanos y periurbanos ejecutados recientemente se han dedicado a la mejora del espacio fluvial, a la aplicación de medidas naturales de retención del agua, a la revegetación de espacios ribereños y a la protección de márgenes mediante técnicas de bioingeniería.

La citada “Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas” recomienda la revisión del funcionamiento y necesidad de las obras de defensa y estabilización de márgenes, y otras medidas de protección de bienes situados dentro de terrenos propios del espacio fluvial, con objeto de decidir si se desplazan dando mayor libertad al movimiento natural de los ríos, o se eliminan para recuperar las funciones de los ecosistemas fluviales y reducir la exposición a los riesgos asociados a las avenidas. Es decir, las estrategias estatales en la materia no solo recomiendan que no se construyan más obras duras de defensa (por ejemplo escolleras) en los tramos fluviales, sino que se estudie el posible retranqueo o eliminación de las existentes.

Asimismo, la Estrategia citada indica que la restauración fluvial debe tener en cuenta tanto los principios de la restauración ecológica, como otros principios propios de la geomorfología y la dinámica fluvial. Así, la libertad geomorfológica y la naturalidad en los procesos de erosión, transporte y sedimentación deben constituir un objetivo fundamental y real en los proyectos de restauración fluvial.

El otro aspecto a tener en cuenta en cualquier intervención en el río Najerilla debe ser la conservación y mejora de la biodiversidad. Este aspecto cobra especial relevancia en el este río, uno de los que mayor valor ecológico y mejor estado de conservación presenta en La Rioja. Su cuenca alta cuenta con 5 Reservas Naturales Fluviales declaradas y el propio Gobierno de La Rioja ha comenzado los trámites para la declaración del “Alto Najerilla” como el segundo Parque Natural de la región. El tramo bajo presenta igualmente un extraordinario valor ecológico. Entre otros activos, constituye una de las zonas con mayor densidad de visón europeo de España, especie catalogada en peligro de extinción en La Rioja, y uno de los mamíferos con mayor rango amenaza a nivel europeo afectada de forma especial por la degradación de los hábitats fluviales.

Por otra parte, con el objetivo de mejorar el estado ecológico de los tramos fluviales surge la “Directiva Marco del Agua en el 2000 (DMA 2000/60)”. La promulgación de la DMA generó un punto de inflexión en el modelo de gestión del agua en Europa. Su implementación práctica supuso, entre otros aspectos, la introducción del concepto del estado ecológico de los cursos fluviales como objetivo ambiental o la incorporación de la participación pública en la gestión de los mismos. Para alcanzar un buen estado ecológico de un tramo fluvial ya no debía considerarse únicamente la calidad del agua sino otros componentes del ecosistema, de manera que los ríos deben pasar de gestionarse como meros canales de agua a complejos ecosistemas fluviales. Y en estos ecosistemas deben favorecerse los procesos naturales, incluyendo aquellos relativos a la hidrogeomorfología, dinámica fluvial, ecología y bosque de ribera. Se deben tratar de reducir los impactos humanos en los cursos fluviales, entre los que se encuentran aquellas infraestructuras que eviten una correcta dinámica y procesos ecológicos naturales.

Cabe destacar que el propio Gobierno de La Rioja cita como una de las principales amenazas del visón europeo en La Rioja la “Destrucción y pérdida de su hábitat”. Y cita textualmente que “Los cauces y riberas de los cursos medio y bajo de los ríos son los preferidos por la especie, pero son también los más humanizados. Dragados, canalizaciones y escolleras, suponen tramos sin vegetación natural, pobres en recursos alimenticios, y donde la especie se vuelve más vulnerable”. Por lo tanto, cualquier intervención debiera evitar este tipo de actuaciones y revertir estas infraestructuras donde existan.

Con base en estos antecedentes, pasamos a exponer unas líneas básicas que deben guiar la intervención que se vaya a hacer en el río Najerilla. Se trata de ideas generales que podríamos desarrollar con mayor detalle en caso de que el Ayuntamiento de Nájera muestre interés por las mismas:

    • La puesta en marcha de un proceso participativo real y objetivo, desarrollado por personas expertas en la materia y que garantice dos cuestiones. Una, la formación de la ciudadanía y dos, los debates abiertos y constructivos entre personas expertas, ciudadanía y Administraciones competentes.
    • Que la búsqueda de soluciones parta de un análisis integral del medio fluvial (cauce, márgenes y llanura de inundación) que considere todos los aspectos y disciplinas fluviales, y evalúe la posibilidad de favorecer áreas inundables aguas arriba del tramo en Nájera, de acuerdo a la propia Directiva de Inundaciones anteriormente citada. Este tipo de análisis integrales y que consideren tramos fluviales amplios, más allá de los tramos urbanos aislados, seguirían la línea de otros proyectos como el “Ebro Resilience”, en fase de ejecución en el río Ebro entre Logroño y Zaragoza, o de los ya realizados en el sistema fluvial Arga-Aragón en Navarra. Entendemos que dichos proyectos debieran representar un ejemplo que poder exportar a otras áreas de la cuenca del Ebro, como el río Najerilla.
    • En el caso concreto de tratar de corregir los daños por erosión puntual de la margen derecha del río Najerilla en el tramo urbano de Nájera, recomendamos evitar infraestructuras duras del tipo escollera. Este tipo de intervenciones en las zonas recientemente erosionadas aguas arriba de Nájera, junto a la plaza de toros, aumentaría la velocidad de la corriente y su poder erosivo en el núcleo urbano, al reducir la sección del cauce. De igual manera, una escollera en el talud erosionado del tramo urbano no haría sino intensificar el poder erosivo y la posibilidad de inundación aguas abajo, donde mayor riesgo existe, y con una importante dotación de servicios públicos en zona inundable (Centro de salud, Frontón, Residencia de personas mayores, Biblioteca o Pabellón multiusos). Y en este caso, junto con la escollera existente en la margen izquierda, acrecentaría los problemas de incisión en el fondo, ya evidentes en todo el tramo urbano, con graves consecuencias para la propia estabilidad de la escollera o de los puentes.
    • Para este tipo de soluciones puntuales, recomendamos acudir a intervenciones basadas en el ajuste local de los procesos geomorfológicos y en la bioingeniería, fomentadas por la propia Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que pueden cubrir funciones estructurales con un impacto ambiental reducido, llegando incluso a producir efectos positivos.
    • En esta línea, y para evitar exponer demasiados detalles técnicos en este documento, se sugiere consultar el proyecto “Propuesta de solución para estabilización de márgenes fluviales en el río Najerilla basada en técnicas y materiales de bioingeniería o ingeniería naturalística”, encargado por la agrupación de electores Alternativa Najerina a la empresa “Mediodes” y entregado en el Ayuntamiento en julio de 2018. Sirva este proyecto de ejemplo de algunas medidas de bioingeniería a desarrollar, aunque habría que adaptar las mismas a la situación actual. En cualquier caso, destacar los principios clave de estas medidas:
      • Colocación de deflectores en la orilla erosionada, desviando en cierta medida el flujo de agua hacia la zona central del cauce. Se trataría de deflectores vivos, estructurados con Krainer. Su objetivo es la reducción de la velocidad del agua y la mezcla con reducción de la velocidad de flujo que permite la deposición de material sólido y la protección de las márgenes aguas abajo. También constituyen puntos de refugio para la fauna.
      • Restitución y perfilando de los taludes de la margen derecha. Se trata de hacer más tendida la inclinación de estos taludes y asegurar su fijación mediante la instalación de malla biodegradable sembrada con herbáceas.
      • Plantación de estaquillas de especies arbóreas y arbustivas locales en la orilla que mejoren su resistencia frente a la erosión y los procesos naturales.
    • Las medidas puntuales deben ir dirigidas a la recuperación progresiva del ámbito fluvial. El cauce debe ganar anchura, aumentando la funcionalidad de los ojos del puente de San Juan de Ortega, inutilizados en su mayoría en la actualidad. Estas son las medidas más efectivas para reducir el riesgo de inundación aguas abajo del puente, siendo este el tramo más vulnerable del núcleo urbano.
    • Asimismo, las intervenciones deben provocar un reducido impacto ecológico, aspecto de gran transcendencia, no solo por el gran valor ecológico del tramo, sino porque el río Najerilla aporta una gran variedad de servicios ecosistémicos a la ciudadanía, relacionados con su papel como zona de ocio y esparcimiento, pesca, turismo, belleza y valor sentimental. En este sentido, la construcción de una escollera en la margen derecha, junto con la existente en la margen izquierda, conduciría a la canalización de facto del río, el cual perdería gran parte de los servicios anteriormente citados y con los que las personas de Nájera nos sentimos tan identificadas.
    • Finalmente, recomendamos que se establezcan unas líneas generales prioritarias de gestión fluvial en Nájera, fruto del consenso de la ciudadanía y de todos los grupos políticos, y con base en consultas a personas expertas y con experiencia en la materia, que garanticen una continuidad en el tiempo. Estas líneas deben tener en cuenta no solo la erosión actual del talud de la margen derecha, sino una correcta estrategia de gestión fluvial en todo el tramo urbano, que tenga en consideración la vegetación, riberas y sedimentos. Que sean medidas acordes a las legislaciones europeas y que se eviten en todo momento intervenciones duras como canalizaciones o dragados del fondo, muy recurrentes en el tramo objeto de estudio.

Como conclusión respecto a la erosión de la margen derecha, creemos que las medidas que se tomen deben considerar un tramo fluvial más amplio y estar basadas en la hidromorfología y en la ecología fluvial, pudiendo emplear técnicas de bioingeniería, así como posibilitar procesos de consulta y participación de la ciudadanía. No nos conformemos con un río canalizado basado en actuaciones propias del siglo pasado. Convirtamos al Najerilla en Nájera en un modelo de gestión fluvial segura y sostenible, un ejemplo que mostrar a la ciudadanía y a las personas visitantes. Y no seremos los únicos en hacerlo, ni mucho menos. De acuerdo a estas líneas básicas de intervención se han venido restaurando una gran variedad de tramos fluviales en España, entre los que destacan por su gran impacto mediático, los ríos Besós en Barcelona o Manzanares en Madrid, cuya restauración fluvial se ha convertido en una seña de orgullo para toda la ciudad. Tomemos ejemplo y sigamos las recomendaciones de la normativa y de la Ciencia.

Por último, reiteramos la entera disposición de la FNCA para colaborar con las administraciones competentes en el desarrollo de las diferentes propuestas indicadas.

Bajo el nombre de PROSOXI nace la alianza del “Observatorio para la transición ecológica socialmente justa”.

El objetivo que nos une es el de velar porque los proyectos que se diseñen y ejecuten bajo el Plan Next Generation UE no se desvíen de estos objetivos sociales y ecológicos, exigiendo que se establezcan por parte del gobierno mecanismos de información, transparencia, participación y supervisión adecuados en los que podamos participar como sociedad civil organizada. 

La Alianza está preocupada porque el Plan que España va a presentar a la Unión Europea se ha elaborado sin la preceptiva información y consulta con todas las organizaciones y sectores de la sociedad civil. Así lo ha concretado y detallado en el manifiesto que se hizo público el 14 de abril, en el que figuran las organizaciones que forman parte de PROSOXI.

Prosoxi quiere ser parte activa del proceso para evitar que se pudiera perder esta oportunidad única para una recuperación verde y socialmente justa y que los recursos no se destinen a unos pocos proyectos y destinatarios que no generen valor social añadido, desviándose de los objetivos sociales y ecológicos que demanda la Unión Europea. Por este motivo, desde PROSOXI exigimos al Gobierno de España que genere mecanismos de información, transparencia, participación y supervisión definidos bajo unos criterios que permitan participar a la sociedad civil organizada. Tal como marca el espíritu del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del Parlamento Europeo donde se menciona que los plantes de recuperación deben incluir a “las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes”.

Saber más aquí.

*Organizaciones que forman parte de PROSOXI:

  • Fundación Renovables
  • Sociedad Española de Agricultura Ecológica
  • Fundación Transición Verde
  • Fundación Savia
  • Fundación Nueva Cultura del Agua
  • Retorna
  • Asociación Promoción del Transporte Público
  • Foro Transiciones
  • AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento)
  • Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)

Una veintena de organizaciones sociales impulsan la campaña “Agua y saneamiento, derechos humanos básicos para la vida”, en la Comunidad de Madrid 

Entre las medidas propuestas se incluyen un mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro a hogares vulnerables 

El 2 de marzo se celebrará un acto virtual de presentación de la campaña, en el que participará Pedro Arrojo, relator de Naciones Unidas

 

La crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha ocasionado el aumento de la vulnerabilidad y de la pobreza en España, siendo este problema especialmente grave en la Comunidad de Madrid, que ya en 2019 encabezaba la desigualdad en España con el 16,2% de la población en condiciones de exclusión social (Informe Foessa 2019). Informes recientes de Intermón Oxfam. Cáritas y Fundación Foessa, alertan de un incremento creciente de la pobreza severa y de la vulnerabilidad debido a la crisis sanitaria, económica y social, y de que una parte importante de los hogares vulnerables no disponen de dinero suficiente para pagar los gastos de suministros básicos, como el agua o la energía.  Por otra parte, durante la pandemia se han evidenciado graves problemas de acceso al agua, al saneamiento y a la higiene por parte de sectores de la población vulnerables, generalmente vinculados a situaciones de pobreza y de emergencia habitacional relacionadas con desahucios, asentamientos informales y trabajadores temporeros.

En julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho al agua potable y al saneamiento. Ambos derechos son esenciales para el pleno disfrute de la vida, de la salud y de todos los derechos humanos, y son legalmente vinculantes para los Estados firmantes, como España, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las administraciones públicas  están obligadas, por tanto, a respetarlos, protegerlos, cumplirlos y promoverlos en todos los ámbitos de la vida, tanto en los hogares como en los espacios públicos y comunes.

Esto ha motivado que una veintena de organizaciones sociales hayamos considerado necesario impulsar una campaña de incidencia institucional y ciudadana para avanzar en la implementación efectiva de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en la Comunidad de Madrid, con los siguientes objetivos:

1º. Promulgación de una Ley que garantice la disponibilidad de un mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro para hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

2º. Asegurar la cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento en toda la Comunidad.

3º. Incorporar a los ayuntamientos en la garantía del mínimo vital, mediante la intervención previa de los servicios sociales municipales en casos de cortes de suministro. Establecer criterios uniformes para la identificación de las situaciones de vulnerabilidad que permitan acceder al mínimo vital.

4º. Redactar un nuevo reglamento del  abastecimiento y saneamiento del Canal de Isabel II que sea consecuente con los principios y criterios definitorios de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

5º. Exigir a la administración autonómica y a los ayuntamientos que cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en los espacios públicos y comunes..

6º. Impulsar actividades de concienciación e información ciudadana sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

El próximo 2 de marzo, a las 19:00 horas, se celebrará un acto virtual de presentación de la campaña, a través de la plataforma Youtube, en el que participará Pedro Arrojo, relator de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua y al saneamiento. En breve se remitirá a los medios de comunicación el programa del acto y el enlace correspondiente.

Organizaciones sociales que impulsan la campaña:

Amigos de la Tierra, ATTAC, CCOO, CGT Madrid-CLMEX, Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), Club Debates Urbanos, Coordinadora Vivienda Madrid, Corazón Verde en Chamberí, Ecologistas en Acción, FACUA, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), GRAMA, Jarama Vivo, Marea Azul, Observatorio Patrimonio Sierra de Guadarrama, ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo Humano, Parque Sí Chamberí, Plataforma contra la privatización del CYII (PCPCYII), Red Agua pública de la Comunidad de Madrid (RAPM), Unión General de Trabajadores de Madrid (UGT), Unión Sindical Obrera (USO)

Hay que tener bien en cuenta que la conexión agua-energía opera de forma diferente según cuales sean la geología y, sobre todo, la topografía y las zonas edafoclimáticas de los territorios. Por ejemplo, la altitud media de la Meseta próxima a los 500 m sobre el nivel del mar y el predominio de clima mediterráneo, con zonas especialmente áridas, priman la potencia física, asociada a la cota, pero rebajan la potencia química, asociada a la calidad del agua, pues el agua que discurre por los cauces va ganando contenido en sales y perdiendo calidad de forma natural a medida que se acerca al mar, lo que no ocurre en zonas de clima húmedo, en las que los suelos están muy lavados y predomina la buena calidad natural de las aguas, cuya pérdida de calidad responde en estos casos sobre todo a la contaminación urbana o industrial. A la vez, en las zonas de clima mediterráneo la pérdida natural de agua por evaporación, acentuada además por los regadíos, es mucho mayor y mucho más acentuada en época estival que en las de clima húmedo, lo que explica la gran irregularidad de los caudales en cantidad y calidad (en clima mediterráneo los cauces pierden mucho caudal y calidad de agua en verano, mientras que en clima húmedo puede incluso ocurrir lo contrario: por ejemplo el Po lleva más agua en verano porque es cuando recoge el deshielo de los Alpes) (Véase Gascó y Naredo (dirs) 1996).

Una buena estrategia de gestión de la demanda requiere ajustar la calidad del agua a los requerimientos de cada uso. Esta gestión diferencial o inteligente de la calidad del agua permite un doble beneficio. Por un lado, se mejora y garantiza la calidad requerida para cada uso y por otro se eliminan tratamientos no necesarios y sus costes energéticos (y ambientales). Por ejemplo, reservar las aguas de máxima calidad para el abastecimiento humano en lugar de utilizarlas en regadío u otros usos menos exigentes, no sólo tiene claros beneficios para la salud humana sino que también reduce la necesidad de tratamientos previos y de potabilización, reduciendo la huella energética y ambiental de dicho abastecimiento humano. Por otro lado, un uso diferencial de las calidades del agua (gestionando calidades, de la misma forma que hay que gestionar cantidades) evitaría asignar aguas de elevada calidad a usos que realmente no la necesitan. En este sentido, la gestión inteligente de la calidad del agua es fundamental para minimizar la huella energética en la gestión del agua y sus usos.

Sin embargo, la dimensión energética, ligada a la localización física y a la calidad química del agua, ha recibido una atención secundaria en la visión hidráulica tradicional, la cual se ha centrado sobre todo en gestionar volúmenes, lo que ha dejado lado la importante cuestión de la necesidad de una gestión inteligente o diferencial de la calidad del agua con varios objetivos: reducir la huella energética y reducir las necesidades de captación de agua desde los ecosistemas, dadas las estrechas sinergias existentes entre cantidad y calidad del agua, aspectos ambos fundamentales tanto en el contexto de la transición hídrica como en el contexto de la transición energética. Además, esta gestión inteligente de la calidad del agua es fundamental para impulsar una economía circular del agua verdaderamente sostenible y que realmente contribuya a reducir la presión sobre los ecosistemas ligados al agua.

El presente proyecto de investigación pretende por ello contribuir a un mejor conocimiento de las relaciones entre cantidad, calidad, requerimientos energéticos y costes ambientales en los recursos y usos del agua, con el fin de mejorar y reorientar la gestión hídrica.

Ver memoria del proyecto.