Día a día trabajamos para conseguir que la transición hídrica justa sea una realidad y por ello, recientemente hemos elaborado un primer documento que establece las bases para el reparto social del agua necesario para alcanzar esa transición. 

Actualmente el balance entre disponibilidad y usos del agua no favorece la salud de nuestros ríos por lo que es urgente llevar a cabo un reparto social del agua con un enfoque de justicia social que los proteja y permita a su vez seguir beneficiándonos de los servicios que nos ofrecen. 

El Congreso Resturaríos ya ha publicado las conclusiones de su cuarta edición en la ciudad de Toledo los días 21, 22 y 23 de junio de 2023, con el objetivo de profundizar en el papel que la restauración fluvial va a desempeñar en un contexto de crisis climática y cambio global.

Te invitamos a este encuentro con creadoras feministas donde exploraremos retos, posibilidades, sentires y experiencias sobre formas de encarnar la investigación. Conversaremos sobre procesos de investigación colectivos de arte-ciencia, con énfasis en el uso de lenguajes visuales en los procesos de co-creación.

Lo organiza la University of Leeds, Basque Centre for Climate Change, Fundación Nueva Cultura del Agua y Newave. 

La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a varias decenas de plataformas y organizaciones sociales del estado español en la defensa de la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua-, propone a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 23 de julio, un conjunto de propuestas relacionadas con el sector, con el objetivo de contrastarlas con lo recogido en sus respectivos programas y conocer su disposición a desarrollarlas en actuaciones posteriores de gobierno, si llegara el caso. Las propuestas de la RAP, que las considera fundamentales para avanzar en la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua, se concretan en las actuaciones y reformas legislativas siguientes.

DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

Reconocimiento expreso e incorporación a la normativa en el más alto nivel posible del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con el alcance y contenido definido por Naciones Unidas, que las administraciones públicas tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir. Mientras esto no se consiga, tramitar una ley de mínimo vital de agua que garantice que las personas en situación de vulnerabilidad puedan recibir de forma gratuita un suministro mínimo de agua que cubra sus necesidades básicas que les permita vivir dignamente, a la vez que se prohíba expresamente los cortes del suministro en tales circunstancias.

USOS DEL AGUA, USOS PRIORITARIOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y SEQUÍA

Detener el crecimiento de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbanos e industriales, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas. Este compromiso cobra especial relevancia en la situación de sequía actual que afecta a varios territorios y grandes ciudades que, en algunos casos, se prolonga desde hace cinco años, a pesar de lo cual no se han adoptado restricciones generalizadas debido principalmente a la disminución del consumo urbano. Sin embargo, numerosos municipios, generalmente menores de 20.000 habitantes, que gestionan el agua de forma aislada, ya padecen restricciones o problemas de calidad. De continuar esta situación en el próximo otoñoinvierno se entraría en un escenario inédito de prolongación e intensidad de sequía, con impactos de gran gravedad, empezando por el regadío que ya está padeciendo reducciones de dotaciones muy severas. En este contexto, es de especial importancia garantizar la prioridad de usos establecidos en la Ley de Aguas, poniendo en primer lugar, frente a los otros usos del agua, los del abastecimiento de poblaciones y caudales ecológicos.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Defensa del carácter público de la gestión del ciclo urbano del agua y su blindaje a través de una Ley Orgánica. Hasta tanto esto no sea efectivo, se tendrá en cuenta que toda privatización de los servicios del ciclo urbano del agua deberá estar precedido por un proceso de participación ciudadana informada que culmine en una Consulta Ciudadana vinculante.

CÁNON CONCESIONAL

Prohibición por ley de los denominados cánones concesionales, ya que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados. Promover cambios institucionales para una plena transparencia en la gestión del agua, incluyendo acceso a los datos reales y actualizados de consumos e inversiones, así como una participación ciudadana activa, libre y significativa en un marco de democracia deliberativa.

APOYO A LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN

Apoyo a los procesos de remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua, para lo cual es fundamental revertir la legislación aprobada en el pasado inmediato tendente a obstaculizar, cuando no a impedir la remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua. Garantizar que, cuando se extinga la concesión por finalización del plazo o resolución del contrato, y con una antelación de al menos un año, se aborde un proceso de información y participación pública destinado a decidir el modo de gestión, cuyo resultado será vinculante.

MODELO DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

Defensa de un nuevo modelo de gestión pública que se realice sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Exigencia de que todos los ingresos que se obtengan de la contraprestación económica procedente de los servicios de abastecimiento y saneamiento se destinen a sufragar los costes de dichos servicios. Este modelo es consustancial con la garantía del derecho a la participación pública, activa, libre y significativa en todas las fases de la gestión del ciclo urbano del agua, de forma que sea posible incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de la programación estratégica, de los proyectos y programas que se realicen y financien, así como en la gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de las estructuras y políticas tarifarias. Con objeto de garantizar la transparencia y el acceso a la información de la calidad del agua de consumo, revisar en profundidad el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), de forma que sea posible la participación ciudadana en su gestión, se asegure el conocimiento ágil de la calidad del agua por parte de los usuarios facilitando, en consecuencia, la exigencia de rendición de cuentas.

DEROGACIÓN DE NORMAS Y LEYES QUE FACILITEN LA PRIVATIZACIÓN U OBSTACULICEN LA REMUNICIPALIZACIÓN

Derogar aquellas normas y leyes que facilitan la privatización u obstaculizan la remunicipalización de los servicios públicos municipales, entre ellos los de abastecimiento de agua y saneamiento. En particular, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, y los artículos y disposiciones adicionales específicas de la ley de presupuestos de 2017 y de la ley de contratos del sector público.

CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA Y DE LA DIRECTIVA DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y del resto de Directivas ambientales a través de una gestión orientada al uso sostenible del agua que garantice la conservación y la recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. Para ello, fijar y mantener caudales ambientales adecuados y garantizar la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria. En este sentido, desarrollo de Planes de Depuración que contemplen el desarrollo de programa de financiación público-público, especialmente para el caso de pequeños municipios. En cumplimiento de las orientaciones de la nueva Directiva de Aguas de consumo humano, incorporar el enfoque de gestión del riesgo en todas las fases del sistema de abastecimiento, empezando por el imprescindible control de las zonas de captación mediante la delimitación y aplicación de perímetros de protección suficientes y efectivos.

CONDICIONES LABORALES

Defensa de personal con derechos y condiciones de trabajo justas, en términos de calidad y estabilidad en el empleo. En consonancia con la importancia de los trabajadores, garantizar su participación en las instancias de toma de decisiones. Aplicar de forma consecuente la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con estrategias para eliminar los techos de cristal existentes.

Universidad de Sevilla, 22 de junio de 2023.

La crisis hídrica y la escasez estructural del agua en Andalucía se agrava, en el contexto de una larga sequía intensificada por los efectos del cambio climático. Al déficit de precipitaciones se añaden periodos de altas temperaturas anormales, como las que padecimos en abril, seguidas de varias semanas de bajas temperaturas y precipitaciones locales torrenciales. La situación concreta que afecta a Andalucía se corresponde con las señales que están dando los científicos expertos en alteraciones climáticas: el cambio climático se está acelerando más de lo previsto y ya está manifestándose en estos episodios concretos.

Sin perder de vista lo anterior, el déficit de recursos que padecemos en Andalucía no se debe, solamente, a una reducción excepcional y prolongada de las lluvias, sino a un desequilibrio permanente entre las demandas y los recursos disponibles. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso. El déficit es estructural, ocultado por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas.

Los ecosistemas, el sector agrario, tanto regadíos como ganadería extensiva, están sufriendo duramente esta situación, a la vez que numerosas pequeñas y medias poblaciones ya padecen restricciones y problemas de calidad en su abastecimiento. Por su parte, las grandes poblaciones y áreas metropolitanas resisten todavía sin cortes en el suministro el quinto años de sequía, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior gran sequía de 1991-1995.

Los expertos sobre gestión de sequías valoran positivamente el enfoque de gestión de riesgos que se introdujo en la Ley de Plan Hidrológico Nacional de 2001, con la fórmula de Planes Especiales de Sequía (PES) de cuenca hidrográfica y de Planes de Emergencia de Sequía en ámbitos urbanos. La anticipación y la definición objetiva de indicadores y umbrales antes de que llegue la sequía es positiva. Sin embargo, en los PES aprobados en las cuencas de Andalucía, las situaciones de sequía prolongada y de escasez no están bien definidas y no responden a suficientes y adecuados indicadores. No acaba de asumirse que la denominada escasez coyuntural es en realidad una escasez estructural que exige enfrentar el desequilibrio entre demandas y recursos con una reducción, con criterios sociales, económicos y ecológicos, de las primeras. Los PES tampoco enfocan bien la gran importancia de las aguas subterráneas, especialmente en situaciones de sequía y con escenarios añadidos de cambio climático. Las aguas subterráneas, que son fundamentales para la supervivencia de los caudales ambientales y los ecosistemas terrestres dependientes del agua, no reciben el tratamiento adecuado y suficiente en estos planes.

El debate desarrollado en la Jornada ha abordado el problema de los impactos de la sequía en los abastecimientos urbanos, el uso prioritario para toda la población y el 95% de la actividad económica. No existe una normativa suficiente que regule la programación de la sequía en el ciclo urbano, y la que existe no se cumple. Allí donde hay planes de emergencia de sequía elaborados participativamente se está comprobando sus efectos positivos, permitiendo aplicar con antelación las medidas de control y ahorro, amortiguando la conflictividad.  Allí donde estos planes se han elaborado sin participación, no existe un seguimiento adecuado de su aplicación.

Por otra parte, en la Jornada se han analizado los contenidos y enfoques de los diversos Decretos de Sequía que se han sucedido en los últimos años (tres autonómicos de Andalucía y dos estatales). Hay que señalar que estos decretos en buena parte mantienen la perspectiva tradicional de respuesta reactiva a la sequía. Se presentan como contenedores que aprovechan la declaración de emergencia y de interés general para articular contenidos que van desde las moratorias de los cánones y tarifas de riego hasta la reforma de artículos importantes de la Ley del Agua.

El último decreto autonómico de sequía ha sido redactado sin diálogo, y es totalmente insuficiente, tanto para el sector ganadero y agrario como para muchos ayuntamientos y diputaciones provinciales que tienen que hacer frente a los problemas de suministro que ya comienzan en muchos pueblos de Andalucía. Hay falta de participación y ausencia de planificación y de equilibrio en la distribución de los recursos, con concentración de una gran parte de ellos en una pequeña parte del territorio. Las propuestas de reutilización de aguas regeneradas no pueden suponer reducción de recursos ya utilizados por reutilización indirecta o por ser la base de caudales ambientales ya muy mermados. No se pueden olvidar los déficits de depuración todavía pendientes de resolver como los de Matalascañas, Alhaurín el Grande y Barbate.

En la sesión destinada a la intervención de los agentes sociales, la Mesa Social del Agua, que viene trabajando conjuntamente desde 2018 construyendo consensos compartidos, confirma su crítica a la confusión entre escasez coyuntural (propia de un tratamiento desde la perspectiva de la gestión de sequías) y escasez estructural, asimilable a la sobreexplotación, que debe ser objeto de la Planificación Hidrológica regular. Ratifica su denuncia a un modelo de modernización de regadío que promueve la intensificación de cultivos leñosos, protagonizada por grandes explotaciones ajenas al territorio, que además no reduce los consumos netos de agua y por tanto no contribuye a la imprescindible adaptación a los impactos del cambio climático en las cuencas andaluzas.

Nos parece inaceptable la pervivencia año tras año de guetos de trabajadores en condiciones de vida y laborales indignas. De la misma manera, hay que evitar que los impactos de la sequía puedan deteriorar las condiciones del conjunto de los trabajadores del sector.

En relación con la reducción de dotaciones que vienen sufriendo los regadíos de aguas superficiales por tercer año consecutivo, la Mesa confirma su posicionamiento a favor de un reparto de los recursos que incorpore criterios, técnicos, sociales y ambientales para el reparto del agua, que garantice la supervivencia de la explotación familiar profesional y la de los ecosistemas acuáticos, oponiéndose a reducciones lineales de las dotaciones. .

Por lo que se refiere a las cesiones de derechos de agua de aquellos regantes que no estén en condiciones de utilizarlos dadas las reducciones debidas a la sequía, la Mesa reafirma su posición favorable a la reasignación de estos derechos bajo control público a través de las autoridades del agua, utilizando la fórmula de centros de intercambio que la Ley de Aguas prevé. La Mesa reitera su posición en contra de los mercados del agua sin unas normas adecuadas que garanticen el control público del intercambio de derechos de uso de bienes públicos entre los distintos agentes,.

La información pública y la participación activa son dos de los principios fundamentales en los que se apoya la gestión y planificación del agua. La Mesa Social valora críticamente que se haya perdido la ocasión, tanto en la actual como en anteriores legislaturas, de reformar la Ley del Agua y los Reglamentos que la desarrollan para establecer un modelo de gobernanza del agua realmente coherente con los planteamientos y los objetivos que la Directiva Marco del Agua ya estableció desde su aprobación en el año 2000.

Nos preocupa que algunos avances en gestión y planificación con participación pública desarrollados por algunos sistemas del ciclo urbano del agua de poblaciones, como el área metropolitana de Sevilla y Cádiz, se puedan ver afectadas y sufran retrocesos a consecuencia de los cambios de composición de las autoridades municipales que los gobiernan.

La Mesa defiende la conservación de los ríos, humedales y acuíferos, así como el reparto del agua teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y técnicos. Mientras algunos sectores dudan o relativizan la crisis hídrica profunda que afecta a Andalucía y en general a toda España, la Mesa está trabajando un paso más adelante, criticando los falsos mitos de crecimiento ininterrumpido y pensando ya en la necesaria transición hídrica, que tiene que ser una transición equitativa y justa.

La reutilización de aguas regeneradas se viene presentando como uno de los denominados recursos no convencionales y como instrumento para mitigar los efectos del cambio climático y de las sequías y para mejorar el estado de las masas de agua. Sin embargo, la reutilización de aguas no siempre contribuye a tales objetivos e incluso los puede llegar a empeorar. Por ello la Fundación Nueva Cultura del Agua ha elaborado una serie de observaciones al nuevo reglamento de reutilización de aguas regeneradas, proponiendo diversos condicionantes con el fin de garantizar que la reutilización efectivamente contribuirá a mejorar el estado de ríos y acuíferos y evitará una mayor insostenibilidad en el uso del agua.

Dado que hasta el momento las actuaciones de modernización ni han impedido el aumento del consumo de agua, que supone una mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, ni tampoco han logrado la mejora de su calidad, la consideración de éstas en los nuevos PHD tiene una singular transcendencia. ¿Quieres conocer por qué?

Consulta el informe. 

• La Coalición Por Otra PAC envía una carta a seis ministerios y a las consejerías autonómicas.

• En ella, se insta a todos los estamentos del Gobierno a utilizar toda su influencia para lograr la aprobación de propuestas legislativas europeas claves para la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, en materia de agricultura y medio ambiente. 

• El texto adjunta un documento técnico con las prioridades para el último semestre del año, relacionadas con la PAC, el apoyo a las explotaciones para su transformación y la transparencia.

ACCESO A LA CARTA Y AL DOCUMENTO DE PRIORIDADES

10 de mayo de 2023.- El próximo 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2023, España asume la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y aunque durante seis meses su posición debe ser neutral, tendrá la oportunidad de utilizar toda su influencia para ayudar a la buena consecución de procesos comunitarios que actualmente están encallados. Se trata de normativas claves para la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo (PVE) que han sido impulsadas por los actuales comisarios europeos. Los mismos que previsiblemente dejarán sus puestos en 2024, como también lo harán los miembros del Parlamento europeo. Así que, si estas propuestas legislativas no se tramitan antes de fin de año, corren el riesgo de no aprobarse. Por ello, casi medio centenar de entidades que conforman la Coalición Por Otra PAC han exigido por carta a los diferentes estamentos del Gobierno su máxima implicación para salvar del desastre al Pacto Verde Europeo. Éste brinda una oportunidad sin precedentes para conseguir un sector agroalimentario verdaderamente soberano, sostenible y resiliente. 

La misiva se ha enviado a seis ministerios: a los de Presidencia; de Agricultura; de Transición Ecológica y Reto Demográfico; de Sanidad; de Consumo; y de Agenda 2030. También, a las consejerías del ramo de las Comunidades Autónomas. A todos ellos se les recuerda que el modelo agrario predominante depende en exceso de insumos importados, haciéndolo insostenible y cada vez más demandante de ayudas anticrisis. “Es necesario recordar que la guerra y el consecuente encarecimiento de insumos, así como la sequía, no son meros acontecimientos que deben ser atendidos aisladamente. Son una muestra más de la fragilidad del actual modelo mayoritario de producción de alimentos, tan dependiente de piensos, fertilizantes y pesticidas de síntesis química; y altamente demandante de combustibles fósiles y de agua”, recuerda la carta.

El escrito, denuncia también la pérdida de oportunidad que supone que las medidas ambientales de la Política Agraria Común (PAC) no apoyen suficientemente la transición agroecológica del sector, lo que ayudaría a revertir su insostenibilidad. Un propósito que se ha visto aún más mermado con la aprobación de rebajas en los compromisos ambientales que deben cumplir los beneficiarios de estas ayudas públicas. Debido a la invasión rusa de Ucrania, se han suprimido durante el año que viene las obligaciones relacionadas con la rotación de cultivos y el mantenimiento de barbechos. 

Cinco prioridades

El texto se acompaña de prioridades que, como mínimo, deben ser atendidas por el Estado español para apoyar la necesaria renovación urgente del sistema agroalimentario en su conjunto para que logre adaptarse a los retos actuales y futuros. Así como para garantizar la salud del medio rural y de las personas que viven y trabajan en él.

En concreto, se solicita al presidente del Gobierno que colabore activamente para que la propuesta legislativa sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles vea la luz y se presente ante el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo antes de que finalice el año. Este reglamento pionero, propuesto por la Comisión Europea (CE), pretende definir un marco integral que fomente la sostenibilidad en las políticas alimentarias, implicando a todos los actores de la cadena de valor alimentaria para que contribuyan a ello. 

También, se pide que se ayude a desbloquear las negociaciones sobre la propuesta de la CE de Reglamento sobre el Uso Sostenible de Plaguicidas. Ésta haría vinculante el objetivo del PVE, recogido en las Estrategias De la Granja a la Mesa y de Biodiversidad para 2030, de reducir un 50% el uso y riesgo de estas sustancias de síntesis química, especialmente, aquellas de alto riesgo. 

Respecto a la PAC, se pide que su aplicación, seguimiento y evaluación adaptativa garantice la implementación de las obligaciones de la condicionalidad; favorezca las prácticas sostenibles; y elimine derechos históricos e incentivos perversos que todavía persisten en su actual sistema de pagos y ayudas. No es asumible apoyar con dinero público las inversiones en determinados regadíos con impacto negativo sobre el estado de las masas de agua. Tampoco, a las producciones ganaderas intensivas con un importante efecto sobre la huella ambiental, el bienestar animal y la resistencia a antibióticos.

Además, desde la Coalición Por Otra PAC se considera fundamental que el Gobierno garantice la formación, asesoramiento y acompañamiento de las explotaciones para que la transición agroecológica sea justa, sin dejar a nadie atrás. Esto tiene especial relevancia en las pequeñas y medianas producciones de agricultura y ganadería familiar, a las que hay que acompañar de los fondos suficientes para asegurar su permanencia y viabilidad.

El último punto hace referencia a la necesidad de que se mejore la participación pública, en base a la transparencia, para garantizar una correcta gobernanza de las políticas agroalimentarias. “España debe entender que tiene ante sí el reto de asumir el papel de liderazgo en la transición agroecológica justa en Europa”, concluyen portavoces de la Coalición.

ACCESO A LA CARTA Y AL DOCUMENTO DE PRIORIDADES

Sobre la Coalición Por Otra PAC

La Coalición Por Otra PAC agrupa 50 entidades de diversos ámbitos -ganadería extensiva, producción ecológica, defensa ambiental, desarrollo rural, nutrición y consumo-, que buscan conseguir una nueva Política Agraria Común (PAC) verde y justa que impulse la transición agroecológica.

Para más información:

Elvira del Pozo, comunicación Por Otra PAC: 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / 667 39 78 68

Coalición Por Otra PAC – www.porotrapac.org

• La plataforma ha celebrado una rueda de prensa en la que ha transmitido su preocupación por el mercadeo de un bien público tan necesario y ha instado al organismo de cuenca a que asuma la intermediación en la cesión de derechos con criterios sociales y ambientales y no sólo económicos

• Las organizaciones han alertado de los efectos del cambio climático y la sequía sobre sector agroganadero, los usuarios y los ecosistemas y han presentado una serie de medidas a corto, medio y largo plazo

Sevilla 8 de mayo de 2023-. La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) ha presentado hoy en rueda de prensa su posicionamiento ante la cesión de derechos de riego que iban destinados al arroz y que van a ser gestionados por la empresa una empresa privada. 

En la comisión de desembalse del Guadalquivir, celebrada el pasado 7 de abril, se consideró que no era posible desembalsar un volumen de agua suficiente y constante para garantizar el riego del arroz. Con vistas a la posible cesión de derechos, se propuso para todas las hectáreas de arroz una dotación de 1.283 m3/ha. En la implementación de este proceso de cesión, una entidad privada, pretende asumir una función de  intermediación, ofertando los derechos que se ceden a sus asociados a través de una circular, con el precio que dicha entidad ha determinado y sin hacer públicos los criterios de selección de las solicitudes.

Si bien es cierto que la Ley de Aguas prevé y regula la posibilidad excepcional de la cesión de derechos al uso del agua entre concesionarios, las organizaciones de la MSA consideran que, en una situación tan grave de sequía como la que atravesamos, no se puede mercadear con un bien público como es el agua. Asimismo, con la base legal que brinda el artículo 68.3 de la misma ley, el Organismo de Cuenca debe frenar la operación en marcha y asumir la intermediación en la cesión de derechos, atendiendo en su reparto y  asignación a criterios sociales y ambientales y no solo económicos.

Por otra parte, y dada la urgencia de actuar contra esta situación, las organizaciones de la Mesa consideran que el decreto de sequía que actualmente se encuentra en proceso de redacción debería incluir la creación de los centros de intercambio de derechos. Estos centros de intercambio ya están previstos en el artículo 71 de la Ley de Aguas. De esta forma, la cesión de derechos estaría gestionada por una entidad pública. Además, estos centros de intercambio deberían establecer criterios de distribución del recurso, que contemplen un reparto social del agua destinada a regadío, garantizando la supervivencia de las pequeñas explotaciones y el mantenimiento del empleo que estas generan, además de respetar el régimen de caudales ecológicos.

Por otro lado, las organizaciones de la MSA han querido hacerse eco de la sequía pluviométrica que, con una distribución desigual en Andalucía, acumula aportes por debajo de la media estadística desde el año hidrológico 2018-2019. Esta situación está provocando graves impactos en la agricultura  de secano y en la ganadería extensiva. Igualmente está suponiendo una reducción de las aportaciones a las masas de aguas superficiales y subterráneas, con la consiguiente escasa recarga de acuíferos subterráneos y embalses superficiales, lo que agrava aún más la reducción de dotaciones que el regadío lleva soportando tres años. No obstante, la Mesa advierte que en Andalucía, existe un problema de escasez de agua, puesto que existe un desequilibrio permanente entre las demandas de agua y los recursos disponibles. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso. El déficit es estructural, encubierto  por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas. Esto se ve acentuado además por la actual sequía pluviométrica y se intensifica por las extraordinarias olas de calor, detrás de las cuales asoman los efectos del cambio climático.

La Mesa Social del Agua ha advertido que las infraestructuras hídricas demandadas por la Junta de Andalucía ignoran y, por tanto, no abordan, la problemática de la sobreexplotación de recursos, alienta el incremento de la demanda de agua y además, presenta como urgentes actuaciones que tendrán efecto a medio y largo plazo. Por ello, la MSA ha presentado una serie de medidas a corto plazo que instan sean tenidas en cuenta por la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Entre las medidas de urgencia a corto plazo, la MSA considera imprescindible dotar de ayudas a las explotaciones ganaderas que están en riesgo de cierre. Para ello, se debe suministrar agua a través de pequeñas infraestructuras como pantanetas, canales, abrevaderos o balsas con las que paliar la actual situación. En referencia a la agricultura de regadío, la MSA exige un reparto social del agua, garantizando un mínimo de superficie regada por explotación que asegure la supervivencia de la agricultura familiar y profesional. Igualmente, la MSA considera urgente dotar de apoyos financieros y fiscales directos, tales como compensaciones de rentas, a las explotaciones agrícolas, siempre ajustados a las diferentes situaciones socio-económicas de cada una.

Como medidas a medio y largo plazo, la MSA exhorta a la Junta de Andalucía a que cumpla los objetivos marcados en el Pacto Andaluz por el Agua, aprobado en la anterior legislatura y que contemplan, entre otros: la definición de objetivos medioambientales prioritarios en materia de agua, la mejora en la participación y transparencia en órganos de gestión, la garantía de los servicios urbanos y la creación de un suministro mínimo vital, la atención a los déficits estructurales de agua y demandas sostenibles (incluyendo “limitación de la superficie de regadío”), la generación de planes de resiliencia frente a sequías y de adaptación al cambio climático. Una relación de conceptos aprobados por el Parlamento de Andalucía que han desaparecido de los mensajes de la Junta de Andalucía y otros agentes sociales en la actualidad. Por todo ello, la MSA ha vuelto a remitir el decálogo de medidas que ya presentó en la anterior legislatura y que podría servir de hoja de ruta para una transición hídrica justa para Andalucía.

Recursos

• Escrito de posicionamiento frente a la Cesión de derechos
• Posición de la MSA sobre la sequía (mayo-2023)

El Relator especial por los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, ha elaborado un documento de reflexión tras su presencia y participación en la Conferencia mundial del agua que organizó Naciones Unidas en Nueva York del 22 al 26 de marzo de 2023.

Consultar documento.