Novedades

El 18 de mayo de 2020 se ha dictado una de las sentencias más importantes de la política del agua española en relación a las obras hidráulicas de interés general.

El proyecto de Biscarrués (1994 y 2009) es ante todo un conflicto entre dos concepciones contrapuestas, dos formas de entender la política de aguas: la concepción del siglo XIX de que el agua es un mero recurso que hay que aprovechar al máximo y la concepción del siglo XXI que protege y gestiona los ecosistemas acuáticos porque formamos parte de ellos y son la principal fuente de bienestar.

El Tribunal Supremo confirma la anulación del proyecto y establece las condiciones en las que existe el interés público superior exigido por el Derecho de la Unión Europea en las grandes obras hidráulicas. Este interés no es equivalente al interés general del Derecho español, sino que requiere probar que no haya otra alternativa y que en base a estudios científicos, específicos y comparativos se acredite que los beneficios que se obtendrán son muy superiores a los impactos que se producen. Plus que no se probó en el caso de Biscarrués.

Este pronunciamiento ha sido posible porque los movimientos sociales afectados por el proyecto han llevado a crear un frente común de las organizaciones no gubernamentales nacionales (SEO/BirLife, Ecologistas en Acción, WWF/Adena, Greenpeace, Amigos de la Tierra) y locales (COAGRET y la Coordinadora Biscarrués-Mayos de Riglos), de los Ayuntamientos afectados y de académicos y expertos comprometidos (Fundación Nueva Cultura del Agua). 

El conjunto de deficiencias del anteproyecto de Biscarrués y de su declaración de impacto ambiental fue objeto de estrictos análisis científicos que avalaban la impugnación en su contra. Cabe citar en concreto que no se justificó nunca la necesidad real de su construcción ni se llevó a cabo un estudio de alternativas aceptable como pusieron de manifiesto los estudios y análisis de Pedro Arrojo Agudo y Javier Martínez Gil de la Universidad de Zaragoza y José Javier Gracia Santos, Geólogo e Ingeniero ambiental, así como el informe del CEDEX; no se estudiaron de manera suficiente los impactos sobre los ecosistemas acuáticos como habían señalado Narcís Prat Fornells y Nuria Cid Puey de la Universidad de Barcelona o Alfredo Ollero Ojeda, Universidad de Zaragoza y había confirmado la Comisión Europea; no se analizaron de manera estricta los riesgos geológicos como probó Antonio M. Casas Sainz de la Universidad de Zaragoza; tampoco se analizó de manera estricta los impactos del proyecto sobre las especies, hábitats y lugares de la red Natura 2000 como constataron un conjunto nutrido de expertos y académicos para SEO/BirdLife.

La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a decenas de plataformas y organizaciones ecologistas, sindicales y sociales del estado español en la defensa de la gestión pública y democrática de los servicios del ciclo urbano del agua-,  a través de una carta dirigida a la Ministra para laTransición Ecológica y el Reto Demográfico, manifiesta su preocupación y estupor por la posición que, durante la actual situación de alarma sanitaria, han mantenido las empresas privadas que gestionan los servicios de agua, a través de sus portavoces Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) y Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). 

Ver carta.

El amplio consenso a nivel internacional sobre la necesidad de conservar nuestro planeta azul y su biodiversidad podría verse entorpecido gravemente por la crisis sanitaria y podría llevar a un deterioro medioambiental incluso superior al de antes de la crisis. El cambio climático aún se mantendrá por muchas décadas, pero los efectos del cese de actividad humana han demostrado cómo se puede evitar. Las entidades firmantes de este comunicado, señalan que tenemos que seguir esta enseñanza y aprovechar las nuevas oportunidades para reorientar la inversión para la recuperación económica.

Ver comunicado

 LA RAP APOYA LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA Y DENUNCIA LAS PRESIONES DEL LOBBY PRIVADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POR MANIPULAR LA ACTUAL CRISIS SANITARIA EN FAVOR DE SUS INTERESES EMPRESARIALES

  • En plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud
  • La Red Agua Pública (RAP) demanda el apoyo a ayuntamientos y operadores públicos en su compromiso con la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento, y denuncia la justificación de cortes de suministro y las modificaciones legislativas que promueve el lobby privado de los operadores de los servicios de agua para mantener sus beneficios
  • La RAP pone de manifiesto la necesidad de promover y acometer la remunicipalización de los servicios privatizados para priorizar la función social y ambiental del agua

La RAP rechaza y califica de egoísta, insolidaria y mezquina la actitud del sector privado que ha solicitado al gobierno reanudar los cortes de agua y ampliar la duración de sus concesiones. El pasado 3 de abril, el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) envió una carta dirigida al gobierno donde se argumenta, sin aportar datos ni tener en cuenta que las medidas de los decretos ley emitidos en relación al suministro de agua son circunstanciales mientras dure la pandemia, que, en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, (sic) se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural. También plantean la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que creen que se producirá por la crisis sanitaria; es decir, aprovechan la crisis sanitaria para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, no avaladas por datos sino tan solo por expectativas, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión.

AGA, que junto con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), conforman el lobby defensor de los intereses de las empresas privadas del agua en España, no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales.

El 17 y el 31 de marzo, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua. En el primer decreto ley (8/2020), se establecía la obligación de garantizar el acceso al agua a los colectivos con la condición de vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, mientras que en el segundo (11/2020), la obligación se ampliaba al conjunto de los hogares, mientras dure el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente.

Estas medidas son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Al contrario que el sector privado, los operadores públicos de agua han estado garantizando el suministro en las condiciones establecidas en ambos decretos ley adelantándose, incluso, a su aplicación en tanto que asumen las obligaciones del derecho humano al agua de respetarlo, protegerlo y cumplirlo.

En el contexto de crisis sanitaria, y ante la actitud de AGA, la RAP reivindica los puntos siguientes:

  • Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación. Establecer nuevos enfoques y líneas de financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios públicos esenciales vinculados a derechos humanos
  • Dotar de financiación suficiente a todos los servicios públicos, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como se pone continuamente en evidencia durante la pandemia, ser garantes del mantenimiento de la salud humana
  • Facilitar procesos de remunicipalización que asuman la gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con el paradigma definido por el marco conceptual del derecho humano al agua
  • Tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad, asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de suministro.

22 de abril de 2020

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones

sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del

agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin

ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

https://redaguapublica.wordpress.com

La Red Agua Pública (RAP) en una nota de prensa raliza las siguientes manifestaciones:

  • Denuncia las condiciones de hacinamiento e insalubridad imperantes en los asentamientos informales de varios territorios como Huelva, Sevilla, Madrid, Almería o Murcia donde no se garantiza la vida digna, la higiene y la salud, conculcándose los derechos humanos al agua y al saneamiento.
  • Apoya la denuncia de la Mesa Social del Agua de Andalucía sobre las condiciones de vida en los asentamientos de trabajadores de los invernaderos de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas, que pueden convertirse en sitios vulnerables para la propagación del coronavirus.
  • Ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ahora más que nunca, es urgente poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los asentamientos precarios, chabolistas e infraviviendas.

Para ver el contenido completo de la nota de prensa pinchar aquí.

AEOPAS (Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) ha lanzado una importante campaña con el lema "COVID-19. El agua de grifo es Sana y Segura".

En la situación de alerta que estamos viviendo por el Covid-19 es necesario aclarar a la ciudadanía el importante y vital papel que el agua tiene para luchar contra el virus. La sociedad puede verse alentada por falsos rumores a consumir agua embotellada con los impactos que esto supone, un mayor precio del agua y la generación de resíduos innecesarios. Además, con el consumo de agua del grifo la población evita desplazamientos y seguir las recomendaciones de las autoridades. #YoMeQuedoEnCasa. 

Desde AEOPAS nos recuerdan que optar por el agua de grifo tiene muchos beneficios. Para conocer más sobre éstos y la campaña, acceder aquí.AEOPAS aguagrifo

 

 

COMUNICADO DE PRENSA

DE LA MESA SOCIAL DEL AGUA DE ANDALUCÍA:

UGT, CCOO, AEOPAS, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, SEO, FACUA, Fundación SAVIA, UPA, COAG, Fundación Nueva Cultura del Agua, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.

Domingo 29 de marzo 2020

 

LOS ASENTAMIENTOS DE TRABAJADORES INMIGRANTES DE HUELVA SIGUEN SIN EL ACCESO AL AGUA POTABLE

Dos semanas después de la declaración del estado de alarma y tras innumerables denuncias, solicitudes formales e incluso actuaciones legales, los asentamientos de trabajadores inmigrantes de Huelva, en los que se alojan cerca de 5.000 personas, siguen en las mismas condiciones de insalubridad, elevadísimo riego sanitario y SIN ACCESO MÍNIMO AL AGUA POTABLE.

Todas las circunstancias y detalles de esta situación ya las hemos detallamos en el escrito que en nombre de la Mesa Social del Agua de Andalucía presentó Paco Casero, presidente de SAVIA, el pasado día 21 y que son bien conocidas por la opinión pública.

Las organizaciones sindicales, ecologistas, ciudadanas, empresariales, agrarias y científicas que suscribimos esta nota nos dirigimos a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento como titular para que tome MEDIDAS CON CARÁCTER URGENTE PARA AUTORIZAR UNA TOMA DE EMERGENCIA DESDE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LEPE, operada por la empresa AQUALIA, localizada en el denominado Polígono. Esto facilitaría el acceso al agua a un sector de estos asentamientos, correspondientes al municipio de Lepe. Apoyamos también cualquier otra solución de la misma o mejor funcionalidad que el Ayuntamiento de la localidad considerara más eficiente en orden a cubrir el Derecho Humano al Abastecimiento básico de las personas afectadas.

Así mismo, instamos al MINISTERIO DE SANIDAD como autoridad competente tal como establece el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma, para que inste a este organismo local a que apruebe de forma inmediata dicha autorización. Se trata de apoyar iniciativas que, ante la pasividad de las autoridades competentes hasta la actualidad, vayan aliviando al con menos pequeñas medidas la situación inhumana en la que están varios miles de personas que son y van ser más necesarias que nunca para la urgente realización de los trabajos agrícolas en los campos de Huelva. 

La Plafaforma en defensa del Tajo publica una nota de prensa donde opina sobre el Esquema de temas importantes de la demarcación del Tajo. 

El cambio climático hace pronosticar un incremento de los episodios de lluvias torrenciales, pero dicho incremento no es todavía estadísticamente significativo. Pese a ello, los daños por inundaciones se están disparando, incluso con lluvias menores. ¿Cómo se explica esto?. 

El último número de la revista FORESTA publica un articulo de nuestra Directora técnica donde se da la respuesta: http://bit.ly/2W4pa5q 

Uno de los requisitos establecidos por la Directiva Marco del Agua es el establecimiento de objetivos ambientales específicos en las masas de agua incluidas en espacios protegidos, especialmente en la Red Natura 2000, dado su carácter europeo. En el caso de los tramos fluviales, esos objetivos han de incluir un régimen de caudales que responda a las necesidades de conservación de los hábitats y las especies existentes en dicho espacio protegido y que dependen de los caudales. Este requisito de fijar caudales ambientales específicos en espacios protegidos se ha incumplido y se sigue incumpliendo de forma generalizada en España, como vienen señalando distintos informes de la Comisión Europea. Por ello una de las acciones del proyecto Qclima II, en concreto la Acción A4, se centra en los caudales ambientales en espacios protegidos. Una de las dificultades identificadas es la falta de coordinación existente entre la administración competente en materia de aguas (organismos de cuenca, mayoritariamente pertenecientes a la administración central) y la administración competente en conservación de especies y espacios protegidos (administración ambiental de las comunidades autónomas). El proyecto Qclima II pretende identificar ésta y otras dificultades y proponer las mejoras necesarias para que los espacios protegidos cuenten de forma efectiva con los caudales ecológicos que necesitan las especies y hábitats presentes en los mismos.

Si bien la mayoría de las actividades de análisis y evaluación previstas en esta Acción A4 del proyecto Qclima II están en fase de desarrollo, se dispone ya de un primer resultado práctico de interés: un modelo de escrito para solicitar a la administración autonómica competente en materia de espacios naturales protegidos que lleve a cabo las medidas necesarias para fijar las horquillas de necesidades hídricas de tales espacios y que se las comuniquen al organismo de cuenca correspondiente. Este modelo de escrito puede ser utilizado por parte de cualquier interesado y está disponible en este enlace.