La Mesa Social del Agua de Andalucía critica los mecanismos de participación de la Administración autonómica en materia de agua y medioambiente

• Persiste la inclinación de la Administración autonómica a limitar al máximo los niveles de participación social eficaz
• Se mantiene un modelo aparentemente participativo que ha funcionado de forma arbitraria y errática
• Denuncian un claro desequilibrio en el seno de estos órganos a favor de algunos agentes económicos, frente a los agentes que representan intereses sociales y ambientales más amplios
• Quedan fuera del orden del día, sin información ni debate social, elementos fundamentales de la política del agua que interesan a toda la sociedad

Sevilla, 12 de marzo de 2025.- La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) se ha mostrado crítica con los mecanismos de participación en materia de agua y medioambiente en el Consejo Andaluz del Agua celebrado hoy en Sevilla. En el principal órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua, la MSA ha declarado que, a pesar de que perciben ligeros avances en los últimos procesos de consulta pública, persiste la inclinación de la Administración autonómica a limitar al máximo los niveles de participación social eficaz. Ante ello, la MSA insiste en que la información pública y la participación activa deben ser dos de los principios fundamentales en los que se apoye la gestión y planificación de los recursos hídricos, de los ecosistemas acuáticos y de los acuíferos. Sin embargo, tal y como la MSA ya denunció en Bruselas en el año 2023, las funciones de los órganos de participación reglada, establecidos en los últimos años por imperativo legal, chocan con las reticencias o el rechazo por parte de los representantes políticos y de los equipos técnicos, que frecuentemente los consideran meros apéndices de la estructura político-administrativa.

El conjunto de las organizaciones que forman parte de esta Mesa Social del Agua de Andalucía defiende que la mayoría de estos órganos se convocan generalmente para refrendar decisiones tomadas de antemano por la Administración y no para llevar a debate social los temas realmente candentes y que interesan a los agentes sociales. Así pues, estos órganos se han perpetuado como instancias burocráticas, con una concepción de la participación y la consulta meramente formal, pero muy poco eficaz para trasladar las cuestiones y mejoras que pudieran surgir del debate colectivo y plural necesario para este tipo de asuntos. La MSA critica que, en las reuniones de estos órganos, la mayoría de los miembros se limiten a votar o a asentir, con escaso conocimiento y trabajo previo sobre los proyectos, planes o informes, sometidos a mera consulta, sin tiempo y espacio suficientes para desarrollar debates ni enriquecerlos con prácticamente ninguna aportación. Además, cuando se producen estas propuestas de modificación, son frecuentemente laminadas por la apabullante mayoría de votos con que cuentan las Administraciones en estos órganos.

La MSA considera que la Junta de Andalucía ha venido promoviendo un modelo aparentemente participativo que funciona de forma arbitraria y errática, que se ha reunido significativamente en pocas ocasiones, y cuyos resultados han tenido escasa plasmación real en los procesos de planificación relacionados con el agua. A pesar de que se ha ampliado su número, constituyendo nuevos órganos de participación, no se ha mejorado su operatividad. Persiste un claro desequilibrio en el seno de estos órganos, en los que se da mayor participación a las Administraciones públicas en especial, pero también a representantes de algunos agentes económicos, frente a los agentes que representan intereses sociales y ambientales más amplios, lo que, a juicio de esta mesa social, constituye uno de los principales déficits democráticos del modelo participativo actual.

La imposibilidad práctica de participar ab initio en el diseño de las propuestas de la Administración acentúa aún más el desistimiento de sus miembros a la hora de prestar una colaboración activa y útil. La MSA considera que este modelo participativo se opone a los principios establecidos por el Convenio Aarhus y por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que traspone a la normativa nacional dicho Convenio.

Sirva como ejemplo la segunda reunión del Consejo Andaluz del Agua, celebrada hoy 12 de marzo (tras su constitución formal el 22 de febrero del año 2022), un órgano cuyas reuniones deben ser, al menos, anuales (art. 12 del Decreto 477/2015, de 17 de noviembre), pero cuya primera y única convocatoria hasta ahora tuvo lugar el pasado 1 de febrero de 2023. En esta sesión, la Administración viene a informar del inicio de una nueva revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones intracomunitarias sobre las que ostenta competencias. Una vez más, la Administración informa sobre los proyectos de revisión de los planes hidrológicos y de los proyectos de planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas andaluzas una vez concluido el periodo de información pública y tras el análisis de las alegaciones presentadas. No se someten a consideración de los miembros del Consejo porque ya se habían votado previamente en los Consejos del Agua de cada Demarcación Hidrográfica. Ni se abordan las materias que han suscitado  más interés y polémica, y por supuesto no se abre debate alguno. Una muestra más, a juicio de la MSA, del tipo de funcionamiento, burocratizado, jerárquico y controlado en cierta medida por algunos intereses sectoriales que no representa a la diversidad de intereses de la comunidad andaluza en esta materia, concediendo un espacio muy limitado a la expresión de los valores sociales y del interés general.

Por otro lado, la MSA advierte que una vez más se ha desaprovechado la oportunidad en este mismo Consejo Andaluz del Agua de considerar la importancia de la revisión del Plan hidrológico de la demarcación del Guadalquivir y de la gestión de los recursos hídricos que marca el vigente plan (competencia del estado en este caso), aun cuando este río supone la parte principal de los usos consuntivos (particularmente de regadío) de Andalucía.

El orden del día del Consejo incluye también la presentación de un informe sobre los procesos de revisión de los instrumentos de planificación del riesgo de inundación en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía; la actualización de los Mapas de Peligrosidad del Guadalhorce y la Revisión de la evaluación preliminar de riesgo de inundación. En opinión de la Mesa, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) contienen algunos avances como: reconocer las necesidades de mayor coordinación y planificación de las autoridades de Protección Civil y de los planes municipales de emergencia ante el riesgo de  inundación; como la mejora de los sistemas de alerta temprana y de comunicación a la población, el reconocimiento de las soluciones basadas en la naturaleza como medidas de especial interés, el reconocimiento de la necesidad de estrategias de comunicación social y educación en  torno a la percepción del riesgo de Administraciones, agentes sociales y ciudadanos, y el reconocimiento de la importancia de la evaluación y diagnóstico de las lecciones aprendidas con los eventos  de inundación. Sin embargo, estos avances son excesivamente tímidos y van a un ritmo demasiado lento, lo que no permite una respuesta eficaz ni acompasada al incremento de los daños por inundaciones debido tanto a la aceleración de las consecuencias del cambio climático como al resto de factores que concurren:  ocupación de zonas inundables, prácticas agrarias no adaptadas a las condiciones del terreno, creciente impermeabilización del suelo, nuevas infraestructuras de transporte que desorganizan el drenaje natural, sistemas institucionales de alerta e intervención limitados o de funcionamiento deficiente.

Por último, la MSA denuncia que en la convocatoria del Consejo quedan fuera del orden del día, sin información ni puesta a debate social, elementos fundamentales de la política del agua que interesan a toda la sociedad, y que se van desarrollando con opacidad y sin participación del conjunto de los agentes sociales. Entre estos importantes temas podemos citar los siguientes:

• El proceso de implementación de la estrategia andaluza de aguas regeneradas, que se ha presentado en los últimos años como una de las banderas emblemáticas de la política de aguas autonómica. Un proyecto presentado por Juan Manuel Moreno Bonilla en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
• La evolución errática de las decisiones sobre el canon autonómico de abastecimiento y saneamiento.
• La situación del nuevo Reglamento del ciclo integral de agua urbana, que fue anunciado en fase de información previa y del que no se tiene ninguna noticia.
• Las importantes repercusiones en el dominio público hidráulico de la política minera.
• La inexistencia de una evaluación de los efectos de la sequía sobre la agricultura familiar, social y profesional, que constituye una de columnas vertebrales delterritorio, y que sufre, con la oposición de esta Mesa, reducciones lineales de dotaciones y mecanismos de mercadeo del agua que benefician a los modelos de gran empresa cada vez más ajenos a los territorios.

Tras más de tres décadas de funcionamiento de órganos colegiados de participación en el ámbito medioambiental (Patronatos, Juntas Rectoras, Consejos, Comisiones de seguimiento,…), la MSA quiere insistir en que es necesario abordar un cambio en profundidad en la composición, competencias, objetivos y normas de funcionamiento, de tal manera que se garantice una verdadera participación de la sociedad civil. Así lo han trasladado en  la reunión del Consejo Andaluz del Agua del día 12 de marzo de 2025, con la esperanza y el empeño de no perder una nueva oportunidad para mejorar esta participación de la sociedad en la próxima revisión de los planes hidrológicos de demarcación que acaba de comenzar.

Mesa Social del Agua de Andalucía

Sevilla, 12 de marzo de 2025

2026 UN Water Conference -La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua tendrá lugar en diciembre en Emiratos Árabes. La primera ronda de acreditaciones para ONG está abierta hasta el 21 de marzo. Más información en: https://sdgs.un.org/conferences/water2026 Proceso de acreditación: bit.ly/4kjdUKP

Como sabemos, los humedales son esenciales para la resiliencia del planeta y el bienestar de las comunidades humanas y naturales. Estos espacios desempeñan un papel muy importante como amortiguadores frente a catástrofes y contribuyen, mediante su restauración y buena conservación, a la mitigación del cambio climático. Por ello varias organizaciones hemos elaborado un Manifiesto (que podéis ver en https://fundacionglobalnature.org/humedales-como-aliados-2025/#Manifiesto ) en el que solicitamos la adhesión de entidades de cualquier ámbito a dicho Manifiesto, para reclamar compromiso político y social y financiación suficiente para la conservación de estos valiosos ecosistemas. 

Se puede acceder al formulario de adhesión aquí: https://fundacionglobalnature.org/humedales-como-aliados-2025/#adhesion

Además os invitamos a asistir a la Jornada "Los humedales ante las catástrofes naturales", que se celebrará en el Centro de Cultura Octubre, en Valencia, el 6 de febrero de 10-30 a 14h de la mañana. Tenéis toda la información y la inscripción gratuita a la Jornada en: https://fundacionglobalnature.org/humedales-como-aliados-2025/#programa

Os agradeceríamos difundieras el manifiesto entre las entidades con las que colaboréis para recopilar el mayor número de adhesiones.

LA RED AGUA PÚBLICA SE REÚNE CON EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA

• El Ministerio se compromete a empezar a trabajar en el Informe Nacional sobre Acceso al Agua
• Es urgente que el Ministerio lidere los artículos que regulan el derecho de acceso al agua ante de la situación de desprotección de los hogares vulnerables

El viernes 24 de enero, una delegación de la Red Agua Pública (RAP) se reunió con Nayua Alba, directora del gabinete del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Cristina Linaje, secretaria del mismo gabinete.

La reunión versó sobre la implementación del Real Decreto 3/2023, de agua de consumo humano, el cual incluye la obligación de garantizar el derecho de acceso al agua potable a toda la ciudadanía.

La RAP solicitó el liderazgo del Ministerio para impulsar al derecho al agua que regula el Real Decreto. Dos años después de la aprobación del Real Decreto, no se han aplicado los artículos que garantizan el derecho al agua. Esto es urgente teniendo en cuenta la situación de desprotección en la que se encuentran los más de 1,6 millones de hogares del Estado español que estaban protegidas por el escudo social que prohíbe los cortes del suministro de agua, luz y electricidad, que ha decaído al ser rechazado el Decreto Ley Ómnibus por el voto en contra de PP, Vox y Junts.

El Ministerio se comprometió a empezar a trabajar en el Informe Nacional sobre Acceso al Agua, cuya redacción se establece en el Real Decreto y que debe ser enviado a la Comisión Europea antes de 2028. Este informe necesita de la recolección de datos sobre la población vulnerable, medidas sociales para garantizar el acceso, el precio del agua, entre otros. En este sentido, es urgente empezar a recolectar esta información para conocer el estado de la situación del acceso al agua y la pobreza hídrica en el país.

Finalmente, se convino en mantener una línea de comunicación entre el Ministerio y la RAP para avanzar en el desarrollo de los temas aludidos.

Más información:

Red Agua Pública (RAP) es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y empresariales del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento. https://redaguapublica.wordpress.com.

APORTACIONES DE DIVERSAS ORGANIZACIONES DE LA MESA SOCIAL DEL AGUA DE ANDALUCÍA AL TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL “Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., en régimen de concurrencia competitiva, para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal”

Aunque el ámbito de desarrollo de las subvenciones que se regulan en el proyecto de Orden es de carácter nacional, no debe olvidarse que su primera implementación se desarrollará en el Entorno de Doñana y a esta singularidad van dirigidas las aportaciones que presentamos.

Los acuerdos de noviembre de 2023 entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pretendían resolver la tensión entre la conservación de los espacios de Doñana y la actividad agraria en los regadíos del entorno no contemplada en los instrumentos de planeamiento como el llamado Plan de la fresa.

Se pretendía disminuir la presión sobre el acuífero Almonte-Marismas, imprescindible para recuperar diversos ecosistemas de Doñana, renaturalizar terrenos que dejaran de regarse, restablecer la legalidad en el uso del agua, y hacerlo con el mínimo impacto sobre el tejido social de los pequeños agricultores, promoviendo rentas y oportunidades para reconvertir los modelos agrarios intensivos hacia la agricultura ecológica y actividades de desarrollo local. El conjunto de objetivos es ambicioso, pero difícilmente encajable totalmente en la formulación de medidas concretas. Por ello deben juzgarse estas medidas considerando en qué medida contribuyen adecuadamente a la sinergia de objetivos, sin menoscabo importante de ninguno de ellos.

En este sentido se echa en falta que la retirada de tierras de cultivo en regadío, restableciendo el principio de legalidad en el uso del agua, que podrá ser contemplada en las ayudas previstas en la Orden, no incluya criterios relacionados con el tamaño de las explotaciones y con la capacidad económica de los agricultores. Se resiente gravemente el equilibrio del objetivo entre restablecimiento de la legalidad en el uso del agua y mínimo impacto sobre los pequeños agricultores, al extenderlo a la totalidad de las explotacione­­­s en situación irregular.

Como se desprende de la lectura de la introducción de la Orden, las subvenciones debieran servir para impulsar proyectos que avancen en el impulso de una transición justa en la Comarca de Doñana, sin embargo, el desarrollo del articulado no dispone medida alguna orientada en esa dirección.

Consideramos que la transición hídrica justa, ecológica y social del territorio de Doñana debe asentarse sobre los siguientes principios:

1. Frenar el colapso hídrico que está sufriendo la comarca de Doñana.

Para ello consideramos fundamental, que no se amplíe la superficie de regadío autorizado en toda la zona de influencia de Doñana a la vez que se disminuye la presión sobre el acuífero mediante la clausura de las extracciones ilegales y el cambio de aguas subterráneas de usos legales por las que provengan del trasvase autorizado desde la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras.

Adicionalmente las ayudas para la retirada del cultivo de tierras en regadío o las posibles compras de terrenos de regadío para devolverlos a su condición inicial de secanos deberían centrarse en las zonas en peor estado del acuífero o que mejoraran sustancialmente la funcionalidad hídrica de los ecosistemas de Doñana. En lo referente al mal estado del acuífero deben priorizarse las actuaciones en la cabecera de la Rocina, Norte del Rocío y sur de Villamanrique. Para mejorar la funcionalidad hídrica de los ecosistemas marismeños es imprescindible actuar en la recuperación del caño Guadiamar.

Es imprescindible acelerar el proceso de constitución de las Comunidades de Aguas Subterráneas (CUMAS) para implicar al conjunto de regantes y usuarios en la mejora del estado del acuífero Almonte-Marismas.

El control de las dotaciones asignadas a cada explotación por parte de la administración, en coordinación con la correspondiente CUMA, debe de realizarse de tal manera que no quepa ninguna duda sobre su estricto cumplimiento y sobre la imposibilidad de su trasgresión.

2. Diversificación sectorial.

El sector de los frutos rojos y el turístico de la comarca en la actualidad están en un modelo de mercado de competencia en precio. Esta dinámica provoca que el crecimiento se convierta en una huida hacia adelante que tensiona los recursos pero que en la práctica no mejora la vida de agricultores, trabajadores y la comarca en general. Abordar de forma clara y decidida un proceso de diversificación basado en la diferenciación, la singularidad y la sostenibilidad resulta imprescindible, añadiendo transformación y valor añadido.

Junto a los sectores básicos de la comarca es necesario incorporar otras actividades que enriquezcan el tejido productivo y la solvencia económica y social de la comarca.

3. Equidad social.

Demasiadas personas en la comarca, normalmente asociadas al trabajo agrícola se encuentran en situaciones de precariedad que a todos nos debe avergonzar. Garantizar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras desplazados, normalmente extranjeros, durante toda su estancia en España debe ser objetivo básico. Para ello se tienen que poner en funcionamiento todas aquellas instalaciones necesarias, además de mecanismos de atención social, sanitaria y educativa.

En los procesos de reestructuración productiva de la comarca se debe apoyar decididamente a la agricultura familiar y profesional por estar imbricada en el territorio y que es consciente de la necesidad de conservarlo, frente a modelos de grandes explotaciones cuya propiedad es ajena al territorio y su horizonte de actividad extractiva es a corto plazo.

La justificación de las medidas e inversiones públicas basadas en argumentos sociales no pueden reducirse a expresiones retóricas que ignoren la actual distribución altamente concentrada de los recursos hídricos, en cuya asignación es necesario aplicar, cuando sea necesario, criterios de discriminación positiva que garanticen las explotaciones sociales y familiares.

4. Evitar la traslocación del problema.

Ante la intensa atención y vigilancia sobre la comarca de Doñana, se corre el peligro de que especuladores trasladen su producción a otras zonas para continuar con su modelo de negocio egoísta y cortoplacista. Incorporar mecanismos que eviten que el problema no se traslade desde Doñana a otras comarcas resulta importantísimo, para ello es esencial establecer mecanismos de control, vigilancia y coordinación entre las diversas cuencas hidrográficas.

Por estos motivos proponemos la inclusión en la Orden de criterios que contemplen la modulación de las ayudas para la reducción de la presión sobre las masas de agua subterráneas de Doñana:

1. Discriminar por tipo de cultivo (desde el arrozal hasta los frutos rojos) teniendo en cuenta consideraciones de generación de actividad económica y de empleo en la comarca.
2. Consideraciones de mayor o menor adecuación agroecológica (preocupación, por ejemplo, por la expansión del olivar intensivo, el almendro y otros cultivos leñosos en suelos de arenas o de marisma).
3. Eficiencia de cada retirada de regadío para la reducción de presión sobre el acuífero, teniendo en cuenta factores hidrogeológicos: primar desafectación de regadíos en las zonas más convenientes para el objetivo de la recuperación del acuífero. Para evitar que la incorporación voluntaria al plan podría originar un mosaico inconexo de espacios renaturalizados que presenten escasa viabilidad ecológica, debería primarse la concentración de terrenos a retirar del cultivo o, en su caso, la adquisición pública de las mismas o la oferta de permutas.
4. En las zonas de menor impacto sobre el acuífero o de menor sensibilidad sobre los ecosistemas primar la conversión de regadíos a cultivo ecológico o la reconversión a secanos.
5. Adquisición de las fincas de marisma transformada para su renaturalización. Se trata de un proyecto de agricultura fallida y se precisa su incorporación al patrimonio público para eliminar drenajes y favorecer su renaturalización espontánea.
6. Tamaño de la explotación y vinculación de las empresas con el territorio: criterios sociales que contemplen el apoyo a las explotaciones familiares y profesionales enraizadas en el tejido productivo local.
7. Criterio de legalidad. Impedir que puedan acogerse a las ayudas grandes explotaciones incursas en usos irregulares del agua para el regadío o de la ordenación territorial y forestal.
8. Criterios de buenas prácticas laborales: valorar las condiciones laborales y vitales de las personas trabajadoras, así como prever apoyos para los que resulten afectados por la pérdida del empleo.
9. Transparencia y participación pública, de manera que la concesión de las subvenciones sea transparente y sirva para realizar el seguimiento y evaluación necesarias

La inclusión de estos criterios propuestos en la Orden permitirá obtener una sinergia benéfica entre los objetivos ambientales, de restauración de la legalidad y de apoyo a la agricultura familiar y profesional y, por tanto, compatibilizar la conservación de Doñana, el desarrollo del territorio y el apoyo social a las medidas propuestas.

El Proyecto BlueMissionMed organiza los premios "Blue Rivers and Lakes" Award, en colaboración con la Comisión Europea, para premiar iniciativas que protegen y restauran cuencas pequeñas y medianas. Los ganadores recibirán soporte técnico para el desarrollo del proyecto, además de acceder a oportunidades de promoción y networking. Plazo de solicitudes hasta el 29 de enero 2025. Más información: https://bluemissionmed.eu/bluemissionmed-launches-the-blue-rivers-and-lakes-award/

el pasado 20 de diciembre se inició la consulta pública de los documentos iniciales de los planes hidrológicos del cuarto ciclo 2028-2033 para las demarcaciones intercomunitarias. Estos documentos iniciales son el Estudio General de la Demarcación y el proceso de consulta pública.

Adjunto el anuncio del inicio de dicha consulta pública, que durará 6 meses, hasta el 20 de junio. Los documentos a consulta pública de cada demarcación los tenéis en: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica.html

Viendo como asoma el 2025 queremos tomar un respiro para mirar atrás y compartir contigo unos retazos de lo que hemos sido capaces de conseguir gracias a todas las personas que hacéis posible la FNCA.

Leer más...

LA RED AGUA PÚBLICA -RAP- APOYA LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS DEL CICLO DEL AGUA EN TERRASSA

Ante la difusión de un estudio del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) que pretende descalificar la gestión pública del agua en Terrassa, la RAP reivindica y apoya a la empresa Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (TAIGUA).

Pone en cuestión el estudio de OSUR por considerarlo sesgado debido a sus posicionamientos declarados y constatables a favor de la privatización y en contra de la remunicipalización.

Recientemente el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) ha difundido un estudio -que ha tenido una repercusión mediática relevante-, denominado Análisis de la revisión tarifaria del servicio de abastecimiento de agua en Terrassa, en el que, a pesar de lo específico de su título, desarrolla todo un argumentario general para descalificar la gestión de la empresa Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (TAIGUA) que actualmente desempeña la gestión pública del ciclo integral del agua en esa localidad. Para ello, confronta los resultados de TAIGUA con los de la antigua empresa MINA-AGBAR que, hasta 2018, tenía la concesión del servicio de agua en Terrassa, con el objetivo de realzar la gestión privatizada de los servicios de abastecimiento de agua.

No es de extrañar este planteamiento de OSUR, en la medida en que forma parte de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP), claramente identificada con posiciones privatizadoras y opuesta a cualquier proceso de remunicipalización, como demuestra su oposición ideologizada, activa y militante en los casos, entre otros, de Valladolid y Terrassa, además de estar alineada con los intereses del lobby privado del agua. En este contexto, el estudio de OSUR puede considerarse como un estudio de parte carente de independencia y cuestionable en sus conclusiones.

No está disponible el estudio completo de OSUR, sino tan solo su resumen ejecutivo, muy sintético, que se puede consultar en la web de esta organización; en consecuencia, no se cuenta con una justificación rigurosa de la metodología aplicada, de la procedencia, veracidad y representatividad de los datos usados, ni de los criterios de comparación que se han tenido en cuenta entre los modelos de gestión pública y privatizada. En esta tesitura se pueden cuestionar, por no estar contrastados, los datos relativos a temas estratégicos de la gestión del agua que se consideran en el estudio, como son los referidos a  las inversiones, las políticas tarifarias, el rendimiento hidráulico o los costes de personal. Consecuentemente, también son cuestionables las conclusiones del estudio que afectan a estos temas, como así lo ha puesto de manifiesto el Ayuntamiento de Terrassa en un reciente comunicado en el que se usa información convenientemente auditada y contrastada, y en una nota de prensa sobre el tema que emitió la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

Ante la desinformación con que se tratan temas muy relevantes, como son los que afectan a los servicios públicos y al interés general, es fundamental que los medios de comunicación no reproduzcan acríticamente informes como el de OSUR, contrasten las fuentes y garanticen que la información se basa en datos objetivos, transparentes y verificables. En este sentido, la transparencia y la accesibilidad a la información relevante, convenientemente auditada, está asegurada en el caso TAIGUA.

La RAP apoya la gestión pública de los servicios del ciclo urbano del agua en Terrassa que realiza TAIGUA, en tanto que se caracteriza por respetar, en general, los criterios normativos y los principios transversales del derecho humano al agua, que incluyen el acceso a la información, transparencia, sostenibilidad, rendición de cuentas y participación. Con respecto a la participación, la RAP quiere resaltar la experiencia del Observatorio del Agua de Terrassa, verdadero referente internacional en la intervención ciudadana en la gestión de los servicios del agua urbana, así como su importancia en la coproducción de las políticas públicas y la rendición de cuentas que conllevan.

 2 de diciembre de 2024

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento. https://redaguapublica.wordpress.com