Novedades

Bajo el nombre de PROSOXI nace la alianza del “Observatorio para la transición ecológica socialmente justa”.

El objetivo que nos une es el de velar porque los proyectos que se diseñen y ejecuten bajo el Plan Next Generation UE no se desvíen de estos objetivos sociales y ecológicos, exigiendo que se establezcan por parte del gobierno mecanismos de información, transparencia, participación y supervisión adecuados en los que podamos participar como sociedad civil organizada. 

La Alianza está preocupada porque el Plan que España va a presentar a la Unión Europea se ha elaborado sin la preceptiva información y consulta con todas las organizaciones y sectores de la sociedad civil. Así lo ha concretado y detallado en el manifiesto que se hizo público el 14 de abril, en el que figuran las organizaciones que forman parte de PROSOXI.

Prosoxi quiere ser parte activa del proceso para evitar que se pudiera perder esta oportunidad única para una recuperación verde y socialmente justa y que los recursos no se destinen a unos pocos proyectos y destinatarios que no generen valor social añadido, desviándose de los objetivos sociales y ecológicos que demanda la Unión Europea. Por este motivo, desde PROSOXI exigimos al Gobierno de España que genere mecanismos de información, transparencia, participación y supervisión definidos bajo unos criterios que permitan participar a la sociedad civil organizada. Tal como marca el espíritu del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del Parlamento Europeo donde se menciona que los plantes de recuperación deben incluir a “las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes”.

Saber más aquí.

*Organizaciones que forman parte de PROSOXI:

  • Fundación Renovables
  • Sociedad Española de Agricultura Ecológica
  • Fundación Transición Verde
  • Fundación Savia
  • Fundación Nueva Cultura del Agua
  • Retorna
  • Asociación Promoción del Transporte Público
  • Foro Transiciones
  • AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento)
  • Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)

Una veintena de organizaciones sociales impulsan la campaña “Agua y saneamiento, derechos humanos básicos para la vida”, en la Comunidad de Madrid 

Entre las medidas propuestas se incluyen un mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro a hogares vulnerables 

El 2 de marzo se celebrará un acto virtual de presentación de la campaña, en el que participará Pedro Arrojo, relator de Naciones Unidas

 

La crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha ocasionado el aumento de la vulnerabilidad y de la pobreza en España, siendo este problema especialmente grave en la Comunidad de Madrid, que ya en 2019 encabezaba la desigualdad en España con el 16,2% de la población en condiciones de exclusión social (Informe Foessa 2019). Informes recientes de Intermón Oxfam. Cáritas y Fundación Foessa, alertan de un incremento creciente de la pobreza severa y de la vulnerabilidad debido a la crisis sanitaria, económica y social, y de que una parte importante de los hogares vulnerables no disponen de dinero suficiente para pagar los gastos de suministros básicos, como el agua o la energía.  Por otra parte, durante la pandemia se han evidenciado graves problemas de acceso al agua, al saneamiento y a la higiene por parte de sectores de la población vulnerables, generalmente vinculados a situaciones de pobreza y de emergencia habitacional relacionadas con desahucios, asentamientos informales y trabajadores temporeros.

En julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho al agua potable y al saneamiento. Ambos derechos son esenciales para el pleno disfrute de la vida, de la salud y de todos los derechos humanos, y son legalmente vinculantes para los Estados firmantes, como España, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las administraciones públicas  están obligadas, por tanto, a respetarlos, protegerlos, cumplirlos y promoverlos en todos los ámbitos de la vida, tanto en los hogares como en los espacios públicos y comunes.

Esto ha motivado que una veintena de organizaciones sociales hayamos considerado necesario impulsar una campaña de incidencia institucional y ciudadana para avanzar en la implementación efectiva de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en la Comunidad de Madrid, con los siguientes objetivos:

1º. Promulgación de una Ley que garantice la disponibilidad de un mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro para hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

2º. Asegurar la cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento en toda la Comunidad.

3º. Incorporar a los ayuntamientos en la garantía del mínimo vital, mediante la intervención previa de los servicios sociales municipales en casos de cortes de suministro. Establecer criterios uniformes para la identificación de las situaciones de vulnerabilidad que permitan acceder al mínimo vital.

4º. Redactar un nuevo reglamento del  abastecimiento y saneamiento del Canal de Isabel II que sea consecuente con los principios y criterios definitorios de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

5º. Exigir a la administración autonómica y a los ayuntamientos que cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en los espacios públicos y comunes..

6º. Impulsar actividades de concienciación e información ciudadana sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

El próximo 2 de marzo, a las 19:00 horas, se celebrará un acto virtual de presentación de la campaña, a través de la plataforma Youtube, en el que participará Pedro Arrojo, relator de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua y al saneamiento. En breve se remitirá a los medios de comunicación el programa del acto y el enlace correspondiente.

Organizaciones sociales que impulsan la campaña:

Amigos de la Tierra, ATTAC, CCOO, CGT Madrid-CLMEX, Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), Club Debates Urbanos, Coordinadora Vivienda Madrid, Corazón Verde en Chamberí, Ecologistas en Acción, FACUA, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), GRAMA, Jarama Vivo, Marea Azul, Observatorio Patrimonio Sierra de Guadarrama, ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo Humano, Parque Sí Chamberí, Plataforma contra la privatización del CYII (PCPCYII), Red Agua pública de la Comunidad de Madrid (RAPM), Unión General de Trabajadores de Madrid (UGT), Unión Sindical Obrera (USO)

Hay que tener bien en cuenta que la conexión agua-energía opera de forma diferente según cuales sean la geología y, sobre todo, la topografía y las zonas edafoclimáticas de los territorios. Por ejemplo, la altitud media de la Meseta próxima a los 500 m sobre el nivel del mar y el predominio de clima mediterráneo, con zonas especialmente áridas, priman la potencia física, asociada a la cota, pero rebajan la potencia química, asociada a la calidad del agua, pues el agua que discurre por los cauces va ganando contenido en sales y perdiendo calidad de forma natural a medida que se acerca al mar, lo que no ocurre en zonas de clima húmedo, en las que los suelos están muy lavados y predomina la buena calidad natural de las aguas, cuya pérdida de calidad responde en estos casos sobre todo a la contaminación urbana o industrial. A la vez, en las zonas de clima mediterráneo la pérdida natural de agua por evaporación, acentuada además por los regadíos, es mucho mayor y mucho más acentuada en época estival que en las de clima húmedo, lo que explica la gran irregularidad de los caudales en cantidad y calidad (en clima mediterráneo los cauces pierden mucho caudal y calidad de agua en verano, mientras que en clima húmedo puede incluso ocurrir lo contrario: por ejemplo el Po lleva más agua en verano porque es cuando recoge el deshielo de los Alpes) (Véase Gascó y Naredo (dirs) 1996).

Una buena estrategia de gestión de la demanda requiere ajustar la calidad del agua a los requerimientos de cada uso. Esta gestión diferencial o inteligente de la calidad del agua permite un doble beneficio. Por un lado, se mejora y garantiza la calidad requerida para cada uso y por otro se eliminan tratamientos no necesarios y sus costes energéticos (y ambientales). Por ejemplo, reservar las aguas de máxima calidad para el abastecimiento humano en lugar de utilizarlas en regadío u otros usos menos exigentes, no sólo tiene claros beneficios para la salud humana sino que también reduce la necesidad de tratamientos previos y de potabilización, reduciendo la huella energética y ambiental de dicho abastecimiento humano. Por otro lado, un uso diferencial de las calidades del agua (gestionando calidades, de la misma forma que hay que gestionar cantidades) evitaría asignar aguas de elevada calidad a usos que realmente no la necesitan. En este sentido, la gestión inteligente de la calidad del agua es fundamental para minimizar la huella energética en la gestión del agua y sus usos.

Sin embargo, la dimensión energética, ligada a la localización física y a la calidad química del agua, ha recibido una atención secundaria en la visión hidráulica tradicional, la cual se ha centrado sobre todo en gestionar volúmenes, lo que ha dejado lado la importante cuestión de la necesidad de una gestión inteligente o diferencial de la calidad del agua con varios objetivos: reducir la huella energética y reducir las necesidades de captación de agua desde los ecosistemas, dadas las estrechas sinergias existentes entre cantidad y calidad del agua, aspectos ambos fundamentales tanto en el contexto de la transición hídrica como en el contexto de la transición energética. Además, esta gestión inteligente de la calidad del agua es fundamental para impulsar una economía circular del agua verdaderamente sostenible y que realmente contribuya a reducir la presión sobre los ecosistemas ligados al agua.

El presente proyecto de investigación pretende por ello contribuir a un mejor conocimiento de las relaciones entre cantidad, calidad, requerimientos energéticos y costes ambientales en los recursos y usos del agua, con el fin de mejorar y reorientar la gestión hídrica.

Ver memoria del proyecto.

Más de 45 organizaciones ecologistas, científicas y deportivas respaldan la decisión de eliminar la presa de Los Toranes (Teruel) en una carta enviada a Teresa Ribera, titular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD).

La eliminación de presas obsoletas es algo que está ocurriendo cada vez más en España y en el resto de Europa. Es una parte fundamental del compromiso para frenar la hecatombe de biodiversidad que está ocurriendo en todas las partes del mundo, según informan los mejores estudios científicos disponibles. La conservación y restauración de la salud de los ríos es parte central de la lucha contra la creciente pérdida de biodiversidad porque la mayor concentración de la misma se encuentra en los ecosistemas fluviales y en las zonas húmedas. El desmantelamiento de la presa de Los Toranes es parte de la Estrategia de la Biodiversidad 2030 de la UE, que busca devolver el caudal natural a 25.000 Kms de ríos.

El derribo de la presa de Los Toranes es acorde con la Directiva Marco del Agua, que obliga a las administraciones públicas a restaurar las condiciones naturales para alcanzar el buen estado de los ríos de los Estados miembros. Asimismo, esta medida se hace eco de iniciativas de ámbito europeo como Dam Removal Europe, que identifica en los ríos los obstáculos obsoletos o abandonados, para poder localizarlos y eliminarlos. La Presa de los Toranes (Albentosa, Teruel) es una instalación hidroeléctrica construida en el año 1954 con muy escasa producción energética, en el 2018 caducó la concesión de explotación a la empresa Iberdrola.La presa está situada en un tramo del río Mijares que alimenta espacios de gran valor ambiental integrados en la red Natura-2000 de la UE, como son Los Estrechos del río Mijares.

El río padece una intensiva regulación fluvial en su recorrido por el valle de Olba que genera múltiples agresiones ambientales retroalimentadas (tres centrales hidroeléctricas, grandes canalizaciones que extraen ingentes volúmenes de agua del caudal natural del río para turbinarlas, un gran pantano aguas abajo).

El río Mijares turolense es un insustituible bien común, ambiental, social, económico y cultural, que necesita una mayor protección para contrarrestar la alta concentración de infraestructuras hidráulicas que padece en un tramo de pocos kilómetros.

El dictamen de desmantelamiento de la presa realizado por la Dirección del Agua del MITECO en noviembre de 2020, está respaldado por las evaluaciones de expertos científicos en cauces fluviales, como es el estudio del CIREF (Centro Ibérico de Restauración Fluvial) “Planteamiento de actuaciones de mejora fluvial en el río Mijares” (2018). La decisión de desmantelamiento de la presa ha sido fruto de evaluaciones e informes técnicos realizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Confederación Hidrográfica del Júcar, contando con todos los parabienes jurídicos del Consejo de Estado.

La decisión de desmantelamiento de esta presa destinada a la producción eléctrica está motivada por la mejora del estado ecológico y la eliminación de los daños medioambientales que genera sobre el río Mijares, y por su falta de rentabilidad económica y eléctrica. Este acuerdo responde a criterios científicos, técnicos y ambientales. Su explotación hidroeléctrica no es compatible con la preservación de un mínimo caudal ecológico imprescindible para la salud del ecosistema fluvial.

Consideramos que el derribo de esta barrera hidráulica infranqueable tendrá consecuencias que repercutirán a corto y medio plazo en un mejora sustancial del estado ecológico de buena parte del río Mijares, que resultan cruciales en el actual contexto de emergencia climática crónica. La eliminación de la presa aportará suficiente caudal para reconectar y alimentar con las aguas del río sus riberas y los espacios naturales protegidos de la Red Natura-2000, favoreciendo su continuidad natural y sus metabolismos fluviales.

Además, el derribo de la presa aportará beneficios ambientales, económicos, culturales y sociales para la zona y sus núcleos poblacionales sin aumentar el riesgo de inundaciones. Un río Mijares liberado de la presa y más naturalizado en buena medida aportará riqueza y prosperidad al valle de Olba y su entorno, generará empleo verde, favorecerá la educación ambiental y la difusión de los valores del cuidado y la protección de la naturaleza, y pondrá en valor uno de los paisajes fluviales mediterráneos más valiosos.

Aspiramos a una pronta eliminación de la presa y la central eléctrica de Los Toranes mediante un proyecto técnico que contemple una Declaración de Impacto Ambiental sin riesgos para el medio ambiente, tal y como establece la legislación.

También estamos a favor de las medidas y recursos que sean necesarios para hacer efectivos los derechos legales de toma de agua de los regantes de huertos familiares del valle de Olba.

El río Mijares debe ser una de las zonas prioritarias de restauración fluvial en el territorio español que establecería un importante precedente para la recuperación de los ríos.Sin duda, puede ser un buen ejemplo naturalización y mejora fluvial dentro del marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del MITECO.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES

Organizaciones estatales:

AEMS-Ríos con Vida

Amigos de la Tierra

ARBA (Asociación para la reforestación del bosque autóctono)

Asociación Española de Geografía (AGE)

CIREF (Centro Ibérico de Restauración Fluvial)

Ecologistas en Acción

Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)

SEO Birdlife -Sociedad Española de Ornitología

WWF- World Wildlife Fund

Asociación en Defensa del Piragüismo y el Uso Público del Agua (AEPIRA)

Organizaciones Territoriales:

Acció Ecologista - Agró

Amigos del Parque de Cabo de Gata

Amigos de la Tierra de La Rioja

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante

ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste)

ARBA (Asociación para la reforestación del bosque autóctono Valle del Lozoya)

Asociación Asturiana de Amig@s de la Naturaleza (ANA)

Asociación para la Conservación Piscícola y de los ecosistemas acuáticos del Sur (ACPES)

Asociación para la Conservación y Estudio Naturaleza de Valladolid (ACENVA)

Asociación Territorios Vivos AGADEN (Asociación gaditana para la defensa y estudio de la naturaleza)

Asociación para la Defensa Ecoloxica de Galiza (ADEGA)

Asociación de Defensa de la Naturaleza y Recursos de Extremadura (ADENEX)

Asociación de Amigos de la Laguna de Janda 

Asociación Ecologista Otsoaren Taldea

Asociación Fondo Natural

Club Deportivo Peña de la Cruz de Béjar (Salamanca)

Colla Ecologista d’Almassora

Coordinadora Ecologista d’Asturies Colectivo

Ecologista de Avilés

Depana (Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural)

Ecohabitar Ecologistas Acuho

Amigos del río Cuerpo de Hombre (Béjar)

Ecologistas Extremadura

El Mijares no se toca.

Ecologistas en Acción Gúdar-Javalambre (Teruel)

Federación Española Pesca y Casting

Medio Ambiente Filón Verde GECEN (Grupo de Estudio y Conservación de Espacios Naturales)

GOB (Grup Balear d’Orintologia i defensa de la Naturalesa)

Grupo de Investigación de la Ecología Acuática de la Universidad de Murcia Mesa de la Ría de Huelva

Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo Red Ciudadana para una Nueva Cultura del Agua en el Tajo / Tejo y sus ríos (Red del Tajo)

RedMontañas

URBIZI-Red en defensa de los ríos (Navarra) 

Ibaien aldeko nafar plataforma (Nafaroa)

Xuquer Viu

WWF de Zaragoza

La Xarxa de agua pública de Valencia ha presentado el siguiente manifiesto demandando una EGEVASA (Empresa General Valenciana del Agu) pública 100%

 

MANIFEST “PER LA GESTIÓ PÚBLICA DE L'AIGUA. Recuperem una EGEVASA 100% pública”

El proveïment d'aigua i el sanejament d'aigües residuals són serveis públics bàsics que, entre altres coses contribueixen a l’exercici de drets humans fonamentals reconeguts per l’Organització de Nacions Unides (ONU). Aquest caràcter fonamental s’ha vist reforçat durant l'estat d'alarma decretat pel govern d’Espanya per frenar l'expansió del coronavirus al establir que "els serveis d'aigua i sanejament d'aigües residuals passen a ser serveis essencials per garantir els nivells de salubritat i higiene".

Els drets humans queden plenament garantits quan la gestió és pública i no està condicionada pels interessos mercantilistes que imposa el mercat. Així ha estat reconegut en un recent informe de Nacions Unides dirigit per Léo Heller, relator especial de el dret humà a l'aigua en el qual s'afirma que "existeixen riscos específics per a gaudir dels drets humans a l'aigua i al sanejament en els casos de privatització ".

La gestió pública de l'abastament i sanejament és la forma majoritària que utilitzen els països de la Unió Europea per a la prestació d'aquests serveis. L'estat espanyol és un dels pocs en què la gestió privada encara és la forma majoritària de prestació d'aquests serveis en contra de les tendències marcades pels seus socis europeus.

La realitat de la gestió de l’aigua a la Comunitat Valenciana, és que el servei d'abastament i sanejament està en mans privades en més d'un 95% (concessions directes i empreses mixtes), conseqüència de la febre privatitzadora del Partit Popular i la seua clara aposta per la gestió privada, a la que els governs del Botànic encara no han posat fre.

La gestió pública dels serveis bàsics és una exigència que s'ha manifestat, si cap, amb més força durant la crisi sanitària que ara patim. Els Estats Europeus i en particular l'Espanyol han estat conscients el paper vital que exerceixen els serveis de proveïment i sanejament per a la salut de les persones i el funcionament de la societat, d'aquí la necessitat de protegir-los dels interessos mercantilistes.

La societat valenciana, el pobles i ciutats del nostre País, necessitem urgentment recuperar la gestió pública de l’aigua, mitjançant una remunicipalització d’aquest servei essencial.

Tornar a fer d'EGEVASA una empresa 100% pública, recuperant el seu esperit fundacional, és una oportunitat per a disposar d’un instrument públic de suport tècnic i de gestió als municipis que volen millorar els serveis d’abastament i de sanejament recuperant la gestió directa, tot contribuint a la correcció dels desequilibris generats per la situació de oligopoli de fet en el mapa de concessions de la província de València. D’aquesta manera es donaria compliment als acords assolits pels partits que van signar el Pacte de Botànic de: “continuar treballant en la recuperació dels serveis públics privatitzats , reforçar les estructures i entitats públiques en el Cicle Urbà de l'Aigua i assessorar els municipis per millorar la seva gestió.”

Des de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública entenem que una EGEVASA pública 100% seria l’instrument per fer possible aquesta política de garantir el dret humà a l’aigua i la gestió pública de l’abastament i el sanejament.

*La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica, està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, H2O Paterna, Heterodòxia Castelló, No als Tractats Desiguals, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu.

Antecedents d’EGEVASA

El 1988 es crea per la Diputació de València, l'Empresa General Valenciana de l'Aigua (EGEVASA) amb capital 100% públic amb l'objectiu de “portar a terme els serveis i activitats relatives a la gestió del cicle integral de l’aigua, així com l’execució d’obres i instal·lacions relacionades amb ell”. Durant els primers anys de la seua existència EGEVASA va ser un referent de la gestió del cicle de l’aigua (abastiment d’aigua potable i depuració de residuals) pel seu recolzament als municipis, especialment als menuts.

El menyspreu pel valor del que és públic juntament amb l'interès desencadenat a la fi dels anys noranta pel control empresarial de la gestió de l'aigua en els municipis valencians va precipitar la privatització d'EGEVASA a favor de l'actual GLOBAL OMNIUM. En l’any 1995 el PP accedeix a la Presidència de la Diputació de València i la seua gestió desastrosa d’EGEVASA la porta a una situació de descontrol absolut. Les despeses generals de l’empresa es disparen per la contractació massiva de personal adepte al partit. A juliol de 1998, la sort de l’empresa estava decidida. Es redacta el plec per al concurs de privatització del 49% de les accions i es privatitza EGEVASA. Una vegada privatitzada EGEVASA, després d’uns anys en mans de LUBASA-FACSA -Banc de València, acaba en mans de Aguas de Valencia S.A. (ara rebatejada com a Global Omnium).

En els vint anys transcorreguts, l'interès mercantilista ha prevalgut sobre el públic i la gestió dels seus responsables ha llançat massa ombres sobre les pràctiques realitzades i la seua legalitat. Aquí hi ha la qüestionada legalitat d'alguns convenis interadministratius, el cas d'Aigües de Calp, o el vergonyós procés penal per suborn que encara està pendent de judici en els tribunals que podria fins i tot condicionar la viabilitat de l'empresa.

Des de la privatització, i encara que el Plec de privatització indica que la titularitat del servei del cicle integral de l’aigua de la Diputació continua sent d’aquesta, que la supervisió d’EGEVASA correspon a la Diputació i que les tarifes les ha de fixar ella, el ben cert és que el control per part de la Diputació de València ha anat disminuint fins a ser pràcticament inexistent.

Reivindiquem per tant una EGEVASA 100% pública, transparent, amb participació pública i sense altre objectiu que el servei públic.

Valencia, 8 de enero de 2021

La Red de Agua Pública (RAP) y otras organizaciones sociales, han mantenida un encuentro con 10 grupos con representación parlamentaria con el fin de presentar un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

 

No hay vida digna sin suministros garantizados:

Diez grupos con representación parlamentaria apoyan las medidas ciudadanas para prohibir los cortes

  • Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a la ministra Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.
  • Numerosas entidades sociales reclaman la implementación del principio de precaución, un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la figura de consumidor vulnerable.

 

Madrid, 17 de diciembre de 2020

A las puertas del invierno y en plena pandemia, numerosas entidades sociales han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del Congreso de los Diputados, y ante los recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias vulnerables, las portavoces de los movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de urgencia, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:

  1. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
  1. La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
  1. La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.

En este sentido, se ha incidido en que el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro debe necesariamente abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios.

Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han conocido diferentes noticias relacionadas con esta problemática. Según las informaciones aparecidas en distintos medios, se calcula que solo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.

Como respuesta, el Gobierno anunció el pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS), con aportaciones de las compañías, que permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13 % en el plazo de cinco años. A su vez, la portavoz María Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera estaba trabajando en una disposición adicional que se añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de los suministros”.

A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etc.).

Las medidas que provienen de las entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas son, a juicio de estas organizaciones, las más efectivas para hacer frente a la situación y garantizar de este modo los derechos básicos de toda la ciudadanía, particularmente la más vulnerabilizada. Es necesario que las medidas excepcionales que ahora se tomen se consoliden y tornen en normales después de la crisis sanitaria mediante las oportunas iniciativas legislativas. También reclaman al Gobierno que concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia que, en todo caso, deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad.

El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).

A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes grupos con representación parlamentaria:

  • Unidas Podemos
  • Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
  • Junts per Catalunya-Junts
  • En Comú Podem-Guanyem el Canvi
  • Euskal Herria Bildu
  • Más País-Equo
  • CUP-Per la ruptura
  • Nueva Canarias-Coalición Canaria
  • Bloque Nacionalista Galego
  • Més Compromís

El documento presentado hoy es una prueba más de que las medidas propuestas son viables y cuentan con un amplio apoyo. El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte. Por último, las organizaciones consideran que, tal y como se afirma en el manifiesto, no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos y exigen que se ponga fin a los cortes de suministros.

Aigua és Vida

Alianza contra la Pobreza Energética

Coordinadora de vivienda de Madrid

Ecologistas en acción

Enginyeria Sense Fronteres

Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético

Red Agua Pública

El próximo 15 de diciembre a las 14.00 h. Violeta Cabello y Julia Martínez, de la  Fundacion Nueva Cultura del Agua, imparten la conferencia: "Knowledge co-production and the science-policy interface in water governance". Esta conferencia forma parte del curso online "Water Governance Theoretical Perspectives", que organiza el proyecto NEWAVE (Next Water Governance), en el que participa la FNCA.

La charla abordará de forma sintética tres aspectos interrelacionados: el tipo de conocimiento requerido para una gobernanza avanzada del agua, la coproducción de conocimiento y las claves de una interfaz ciencia-política para una participación deliberativa basada en el mejor conocimiento disponible.

Para asistir a esta conferencia y al resto del curso, que es gratuito, hay que inscribirse aquí: https://www.nextwatergovernance.net/training/newave-e-lecture-series-water-governance-theoretical-perspectives

lecture julia y violeta

Declaración conjunta de los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU en el Día Mundial del Retrete (19 de noviembre de 2020)

“La pandemia de COVID-19 y los derechos humanos al agua y el saneamiento”1

Este año celebramos el Día Mundial de los Inodoros en medio de la pandemia de COVID-19, que pone de relieve la necesidad vital de garantizar el acceso al agua y el saneamiento, en particular a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables. Hay quien dice que estamos viviendo en la “nueva normalidad”, con la pandemia de COVID-19 cambiando ciertas formas de vida. Sin embargo, para muchas personas, estamos viviendo en un momento de crisis debido a las graves consecuencias de la pandemia COVID-19, que pone en riesgo nuestro sustento. Para muchas mujeres que viven en la pobreza, la falta de acceso al agua y al saneamiento las expone a riesgos de violencia de género y pone en peligro su salud sexual y reproductiva.

Se nos recuerda que una forma de prevenir la propagación del virus es practicar una higiene personal adecuada lavándonos las manos con agua y jabón. “Lavarse las manos con frecuencia” es una simple rutina diaria para muchas personas, pero es un privilegio y un lujo para quienes no tienen servicios adecuados de agua y saneamiento y para quienes se enfrentan a la irónica decisión de beber agua o utilizarla para lavarse las manos.

Como expertos y expertas en derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento, una vez más, a los gobiernos de todo el mundo para que apliquen o restablezcan la política de prohibir los cortes de agua y otros suministros básicos y para que garanticen un nivel mínimo vital de agua y de suministros básicos esenciales a quienes tienen dificultades para pagar esos servicios y suministros.

Recordamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos humanos en su resolución 64/292 de 2010 y en resoluciones posteriores en el último decenio. En 2020, año en que se cumple el décimo aniversario de ese reconocimiento internacional, recordamos a todos los gobiernos, también a los gobiernos locales y subnacionales su compromiso y su obligación en materia de derechos humanos de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos al agua y el saneamiento, prestando especial atención a las personas, familias y comunidades en situaciones más vulnerables, incluidos los grupos que sufren discriminación racial y étnica.

Subrayamos que a quien más afecta la pandemia de COVID-19 es a las comunidades más pobres, en particular algunos pueblos indígenas, minorías y comunidades rurales empobrecidas, así como las personas que viven en condiciones de hacinamiento y con dificultades para acceder a servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene en los campamentos de refugiados y desplazados internos, asentamientos informales o alojamiento temporal de trabajadores y trabajadoras migrantes, entre otros. Por otra parte, estas personas se ven obligadas a salir todos los días para ganarse la vida, a menudo viajando en transportes públicos abarrotados, lo que multiplica los riesgos de contagio. Las necesidades específicas de las personas de edad, que son las más vulnerables en caso de infección, se han visto especialmente exacerbadas por la pandemia, sobre todo en el caso de las personas que viven solas, en residencias de la tercera edad o que necesitan asistencia. En este contexto, en el que la pobreza y la desigualdad crecen cada vez más, es necesario y urgente garantizar el acceso universal al agua y el saneamiento, ante todo porque son derechos humanos, y también porque son esenciales para lograr una higiene adecuada que permita frenar las infecciones y combatir la pandemia.

El 23 de marzo de 2020, el ex Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Sr. Léo Heller, junto con otros Relatores Especiales de las Naciones Unidas, hizo un llamamiento conjunto a todos los gobiernos para que prohibieran inmediatamente los cortes de agua a quienes no pueden pagar las facturas de agua. Observamos con satisfacción que, tras el llamamiento conjunto, muchos gobiernos establecieron medidas de protección social que prohibían la desconexión del agua como parte de las medidas políticas para luchar contra la pandemia, en particular durante el confinamiento. Sin embargo, con el tiempo, en muchos países esa medida de protección que protegía a las personas en situación vulnerable se ha flexibilizado o se ha levantado, a pesar de que la pandemia sigue siendo más activa que nunca, sin que se disponga todavía de una vacuna eficaz. Incluso cuando se disponga de una vacuna, que difícilmente será de acceso universal, el acceso garantizado al agua potable y el saneamiento para todos seguirá siendo esencial para combatir el virus.

Deseamos subrayar que la pandemia de COVID-19 sigue presente y que su impacto no sólo sigue siendo devastador para la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo, sino que también sigue aumentando la pobreza y la vulnerabilidad de millones de personas. Muchos países siguen permitiendo que se desconecte el agua cuando los hogares no pueden pagar las facturas de agua. Otros países todavía no han considerado la posibilidad de volver a conectar los servicios de agua a los hogares cuya agua había sido cortada antes de la pandemia. En muchos casos, la falta de instalaciones de higiene resultante de servicios de agua y saneamiento inadecuados e insuficientes en las cárceles, centros de detención, escuelas y otras instalaciones educativas sigue siendo trágica. La situación de las personas sin hogar es aún más devastadora. Además, observamos con preocupación que esta emergencia sanitaria mundial ha hecho que se agudicen las disparidades existentes causadas por la discriminación sistémica y estructural, las políticas y las prácticas que han afectado de forma rutinaria al acceso de la población marginada al agua y el saneamiento y a la seguridad alimentaria.
Las repercusiones son particularmente graves para las mujeres y las niñas, en lo que respecta a sus necesidades específicas de higiene durante la menstruación y su mayor riesgo de sufrir violencia sexual, a pesar de que a menudo son las mujeres las que se ocupan de las familias y las niñas las que recogen el agua para su familia. De hecho, las mujeres y las niñas corren el mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de género, incluida la violación, en los retretes y las instalaciones de agua e higiene y sus alrededores, especialmente en los espacios públicos y compartidos. Además, junto con la falta de instalaciones de higiene y servicios de saneamiento accesibles, afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad en todo el mundo. La obligación legal de realizar “ajustes razonables” y ofrecer servicios personalizados incluye el derecho de asistencia para las “actividades de la vida diaria”, que incluyen el uso de baños y el acceso al agua potable para las personas con discapacidad. Las personas de edad también siguen viéndose afectadas de manera desproporcionada en este contexto, incluidas las personas de edad con discapacidades y las mujeres de edad.

Mediante este llamamiento conjunto lanzado en el Día Mundial del Retrete, instamos a los gobiernos, así como a los gobiernos locales y subnacionales, a que prohíban la desconexión del servicio de agua a las personas en situaciones vulnerables, dando prioridad al acceso universal al agua y el saneamiento, como derechos humanos.2 Hacemos un llamamiento para que la vida de las personas y sus medios de subsistencia se sitúen por encima de los beneficios y ganancias que buscan los agentes privados que gestionan estos servicios, ya sean públicos o privados. Por último, destacamos que, independientemente de la prevalencia de la pandemia de COVID-19 o de otras emergencias de salud pública, la prohibición de desconectar el agua y los servicios básicos a las personas en situaciones vulnerables debe ampliarse de manera general. Reiteramos que debe garantizarse el núcleo mínimo de los derechos humanos al agua y el saneamiento en todo momento y en toda circunstancia. Recordamos además los compromisos mundiales contraídos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 3, relativo a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades, y el Objetivo 6, relativo a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas, sin discriminación por ningún motivo. Es necesario promover y aplicar urgentemente cambios normativos y de políticas que transformen la urgente necesidad que plantea la crisis de salud pública en garantías y salvaguardias para hacer efectivos los derechos humanos al agua y el saneamiento a fin de superar la pandemia.
La declaración ha sido firmada por los siguientes titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la ONU:

  • Sr. Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
  • Sr. Gerard Quinn, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad
  • Sr. Yao Agbetse, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana
  • Sra. Karima Bennoune, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales
  • Sr. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo
  • Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación
  • Sr. David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente
  • Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
  • Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación
  • Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
  • Sr. Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada
  • Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
  • Sra. Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos
  • Sr. Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán
  • Sr. Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías
  • Sra. Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad
  • Sr. Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
  • Sra. E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
  • Sr. Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias
  • Sra. Elizabeth Broderick (Presidenta), Sra. Elena Dorothy Estrada-Tanck, Sra. Meskerem Geset Techane, Sra. Ivana RadačIć, Sra. Melissa Upreti (Vicepresidenta), Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas
  • Sr. Livingstone Sewanyana, Experto Independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo

Traducción no oficial del original en inglés.

Véanse también las recomendaciones del Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada en su informe sobre la COVID-19, A/75/148, y las Notas de orientación de la COVID-19 sobre la protección de las personas residentes de los asentamientos informales y la protección de arrendatarios y los pagadores de hipotecas.

Organizan: Grupo Compromis y la Fundación Nueva Cultura del Agua

Fecha: lunes, 30 de noviembre de 2020

Formato: digital vía Zoom

Horario: 18-20 horas

Inscripcioneshttps://forms.gle/po67GoejRmK88u9AA 

 

Programa

18:00-18:10h: Bienvenida

  • Francesc La Roca, Fundación Nueva Cultura del Agua 
  • Paula Tuzón, Secretaria autonómica de Medio Ambiente 

18:10-18:20h: Ponencia introductoria:  Temas importantes de la gestión municipal del agua, Francesc La Roca

18:20-19:20h: Temas para el debate:

 La definición de marco de regulación y apoyo a los municipios en materia de abastecimiento y saneamientoGonzalo Marín

Gonzalo Marín es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Portavoz de la Red de Agua Pública (RAP) y coordinador de su grupo de trabajo sobre regulación del ciclo urbano del agua. Consultor en recursos hídricos para la FAO, La Unión Europea; y administraciones públicas españolas.

  • ¿Cómo pueden contribuir diputaciones provinciales y gobiernos autonómicos a la mejora de la gestión municipal de abastecimientos y saneamiento?
  • ¿Qué elementos debería contemplar una buena regulación autonómica para garantizar los derechos humanos al agua y el saneamiento atendiendo a los criterios de accesibilidad, sostenibilidad, participación, rendición de cuentas, etc. defendidos por NNUU?

Oportunidades y obstáculos a la remunicipalización, Eulalio Ávila

Eulalio Ávila es funcionario local de habilitación nacional. Ha sido Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Admon. Local de España (COSITAL) así como Presidente y también Secretario General de la Unión de Directivos Territoriales de Europa (UDITE). Director y coordinador del Manual de remunicipalización de los servicios públicos de agua de AEOPAS.

  • ¿Cuáles son las decisiones estratégicas que un ayuntamiento debe adoptar para recuperar la gestión municipal del agua?
  • En las situaciones en que el ayuntamiento no tenga capacidad para rescatar el servicio en el corto plazo ¿qué medidas se pueden adoptar con el fin de mejorar de manera inmediata la calidad del servicio y preparar el camino para la reversión a manos públicas de la gestión?

19:20-19:35 horas: Debate

 

Documentos de lectura sobre los temas: