APORTACIONES DE DIVERSAS ORGANIZACIONES DE LA MESA SOCIAL DEL AGUA DE ANDALUCÍA AL TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL “Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., en régimen de concurrencia competitiva, para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal”

Aunque el ámbito de desarrollo de las subvenciones que se regulan en el proyecto de Orden es de carácter nacional, no debe olvidarse que su primera implementación se desarrollará en el Entorno de Doñana y a esta singularidad van dirigidas las aportaciones que presentamos.

Los acuerdos de noviembre de 2023 entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pretendían resolver la tensión entre la conservación de los espacios de Doñana y la actividad agraria en los regadíos del entorno no contemplada en los instrumentos de planeamiento como el llamado Plan de la fresa.

Se pretendía disminuir la presión sobre el acuífero Almonte-Marismas, imprescindible para recuperar diversos ecosistemas de Doñana, renaturalizar terrenos que dejaran de regarse, restablecer la legalidad en el uso del agua, y hacerlo con el mínimo impacto sobre el tejido social de los pequeños agricultores, promoviendo rentas y oportunidades para reconvertir los modelos agrarios intensivos hacia la agricultura ecológica y actividades de desarrollo local. El conjunto de objetivos es ambicioso, pero difícilmente encajable totalmente en la formulación de medidas concretas. Por ello deben juzgarse estas medidas considerando en qué medida contribuyen adecuadamente a la sinergia de objetivos, sin menoscabo importante de ninguno de ellos.

En este sentido se echa en falta que la retirada de tierras de cultivo en regadío, restableciendo el principio de legalidad en el uso del agua, que podrá ser contemplada en las ayudas previstas en la Orden, no incluya criterios relacionados con el tamaño de las explotaciones y con la capacidad económica de los agricultores. Se resiente gravemente el equilibrio del objetivo entre restablecimiento de la legalidad en el uso del agua y mínimo impacto sobre los pequeños agricultores, al extenderlo a la totalidad de las explotacione­­­s en situación irregular.

Como se desprende de la lectura de la introducción de la Orden, las subvenciones debieran servir para impulsar proyectos que avancen en el impulso de una transición justa en la Comarca de Doñana, sin embargo, el desarrollo del articulado no dispone medida alguna orientada en esa dirección.

Consideramos que la transición hídrica justa, ecológica y social del territorio de Doñana debe asentarse sobre los siguientes principios:

1. Frenar el colapso hídrico que está sufriendo la comarca de Doñana.

Para ello consideramos fundamental, que no se amplíe la superficie de regadío autorizado en toda la zona de influencia de Doñana a la vez que se disminuye la presión sobre el acuífero mediante la clausura de las extracciones ilegales y el cambio de aguas subterráneas de usos legales por las que provengan del trasvase autorizado desde la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras.

Adicionalmente las ayudas para la retirada del cultivo de tierras en regadío o las posibles compras de terrenos de regadío para devolverlos a su condición inicial de secanos deberían centrarse en las zonas en peor estado del acuífero o que mejoraran sustancialmente la funcionalidad hídrica de los ecosistemas de Doñana. En lo referente al mal estado del acuífero deben priorizarse las actuaciones en la cabecera de la Rocina, Norte del Rocío y sur de Villamanrique. Para mejorar la funcionalidad hídrica de los ecosistemas marismeños es imprescindible actuar en la recuperación del caño Guadiamar.

Es imprescindible acelerar el proceso de constitución de las Comunidades de Aguas Subterráneas (CUMAS) para implicar al conjunto de regantes y usuarios en la mejora del estado del acuífero Almonte-Marismas.

El control de las dotaciones asignadas a cada explotación por parte de la administración, en coordinación con la correspondiente CUMA, debe de realizarse de tal manera que no quepa ninguna duda sobre su estricto cumplimiento y sobre la imposibilidad de su trasgresión.

2. Diversificación sectorial.

El sector de los frutos rojos y el turístico de la comarca en la actualidad están en un modelo de mercado de competencia en precio. Esta dinámica provoca que el crecimiento se convierta en una huida hacia adelante que tensiona los recursos pero que en la práctica no mejora la vida de agricultores, trabajadores y la comarca en general. Abordar de forma clara y decidida un proceso de diversificación basado en la diferenciación, la singularidad y la sostenibilidad resulta imprescindible, añadiendo transformación y valor añadido.

Junto a los sectores básicos de la comarca es necesario incorporar otras actividades que enriquezcan el tejido productivo y la solvencia económica y social de la comarca.

3. Equidad social.

Demasiadas personas en la comarca, normalmente asociadas al trabajo agrícola se encuentran en situaciones de precariedad que a todos nos debe avergonzar. Garantizar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras desplazados, normalmente extranjeros, durante toda su estancia en España debe ser objetivo básico. Para ello se tienen que poner en funcionamiento todas aquellas instalaciones necesarias, además de mecanismos de atención social, sanitaria y educativa.

En los procesos de reestructuración productiva de la comarca se debe apoyar decididamente a la agricultura familiar y profesional por estar imbricada en el territorio y que es consciente de la necesidad de conservarlo, frente a modelos de grandes explotaciones cuya propiedad es ajena al territorio y su horizonte de actividad extractiva es a corto plazo.

La justificación de las medidas e inversiones públicas basadas en argumentos sociales no pueden reducirse a expresiones retóricas que ignoren la actual distribución altamente concentrada de los recursos hídricos, en cuya asignación es necesario aplicar, cuando sea necesario, criterios de discriminación positiva que garanticen las explotaciones sociales y familiares.

4. Evitar la traslocación del problema.

Ante la intensa atención y vigilancia sobre la comarca de Doñana, se corre el peligro de que especuladores trasladen su producción a otras zonas para continuar con su modelo de negocio egoísta y cortoplacista. Incorporar mecanismos que eviten que el problema no se traslade desde Doñana a otras comarcas resulta importantísimo, para ello es esencial establecer mecanismos de control, vigilancia y coordinación entre las diversas cuencas hidrográficas.

Por estos motivos proponemos la inclusión en la Orden de criterios que contemplen la modulación de las ayudas para la reducción de la presión sobre las masas de agua subterráneas de Doñana:

1. Discriminar por tipo de cultivo (desde el arrozal hasta los frutos rojos) teniendo en cuenta consideraciones de generación de actividad económica y de empleo en la comarca.
2. Consideraciones de mayor o menor adecuación agroecológica (preocupación, por ejemplo, por la expansión del olivar intensivo, el almendro y otros cultivos leñosos en suelos de arenas o de marisma).
3. Eficiencia de cada retirada de regadío para la reducción de presión sobre el acuífero, teniendo en cuenta factores hidrogeológicos: primar desafectación de regadíos en las zonas más convenientes para el objetivo de la recuperación del acuífero. Para evitar que la incorporación voluntaria al plan podría originar un mosaico inconexo de espacios renaturalizados que presenten escasa viabilidad ecológica, debería primarse la concentración de terrenos a retirar del cultivo o, en su caso, la adquisición pública de las mismas o la oferta de permutas.
4. En las zonas de menor impacto sobre el acuífero o de menor sensibilidad sobre los ecosistemas primar la conversión de regadíos a cultivo ecológico o la reconversión a secanos.
5. Adquisición de las fincas de marisma transformada para su renaturalización. Se trata de un proyecto de agricultura fallida y se precisa su incorporación al patrimonio público para eliminar drenajes y favorecer su renaturalización espontánea.
6. Tamaño de la explotación y vinculación de las empresas con el territorio: criterios sociales que contemplen el apoyo a las explotaciones familiares y profesionales enraizadas en el tejido productivo local.
7. Criterio de legalidad. Impedir que puedan acogerse a las ayudas grandes explotaciones incursas en usos irregulares del agua para el regadío o de la ordenación territorial y forestal.
8. Criterios de buenas prácticas laborales: valorar las condiciones laborales y vitales de las personas trabajadoras, así como prever apoyos para los que resulten afectados por la pérdida del empleo.
9. Transparencia y participación pública, de manera que la concesión de las subvenciones sea transparente y sirva para realizar el seguimiento y evaluación necesarias

La inclusión de estos criterios propuestos en la Orden permitirá obtener una sinergia benéfica entre los objetivos ambientales, de restauración de la legalidad y de apoyo a la agricultura familiar y profesional y, por tanto, compatibilizar la conservación de Doñana, el desarrollo del territorio y el apoyo social a las medidas propuestas.

El Proyecto BlueMissionMed organiza los premios "Blue Rivers and Lakes" Award, en colaboración con la Comisión Europea, para premiar iniciativas que protegen y restauran cuencas pequeñas y medianas. Los ganadores recibirán soporte técnico para el desarrollo del proyecto, además de acceder a oportunidades de promoción y networking. Plazo de solicitudes hasta el 29 de enero 2025. Más información: https://bluemissionmed.eu/bluemissionmed-launches-the-blue-rivers-and-lakes-award/

el pasado 20 de diciembre se inició la consulta pública de los documentos iniciales de los planes hidrológicos del cuarto ciclo 2028-2033 para las demarcaciones intercomunitarias. Estos documentos iniciales son el Estudio General de la Demarcación y el proceso de consulta pública.

Adjunto el anuncio del inicio de dicha consulta pública, que durará 6 meses, hasta el 20 de junio. Los documentos a consulta pública de cada demarcación los tenéis en: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica.html

Viendo como asoma el 2025 queremos tomar un respiro para mirar atrás y compartir contigo unos retazos de lo que hemos sido capaces de conseguir gracias a todas las personas que hacéis posible la FNCA.

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LA RED AGUA PÚBLICA -RAP- APOYA LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS DEL CICLO DEL AGUA EN TERRASSA

Ante la difusión de un estudio del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) que pretende descalificar la gestión pública del agua en Terrassa, la RAP reivindica y apoya a la empresa Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (TAIGUA).

Pone en cuestión el estudio de OSUR por considerarlo sesgado debido a sus posicionamientos declarados y constatables a favor de la privatización y en contra de la remunicipalización.

Recientemente el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) ha difundido un estudio -que ha tenido una repercusión mediática relevante-, denominado Análisis de la revisión tarifaria del servicio de abastecimiento de agua en Terrassa, en el que, a pesar de lo específico de su título, desarrolla todo un argumentario general para descalificar la gestión de la empresa Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (TAIGUA) que actualmente desempeña la gestión pública del ciclo integral del agua en esa localidad. Para ello, confronta los resultados de TAIGUA con los de la antigua empresa MINA-AGBAR que, hasta 2018, tenía la concesión del servicio de agua en Terrassa, con el objetivo de realzar la gestión privatizada de los servicios de abastecimiento de agua.

No es de extrañar este planteamiento de OSUR, en la medida en que forma parte de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP), claramente identificada con posiciones privatizadoras y opuesta a cualquier proceso de remunicipalización, como demuestra su oposición ideologizada, activa y militante en los casos, entre otros, de Valladolid y Terrassa, además de estar alineada con los intereses del lobby privado del agua. En este contexto, el estudio de OSUR puede considerarse como un estudio de parte carente de independencia y cuestionable en sus conclusiones.

No está disponible el estudio completo de OSUR, sino tan solo su resumen ejecutivo, muy sintético, que se puede consultar en la web de esta organización; en consecuencia, no se cuenta con una justificación rigurosa de la metodología aplicada, de la procedencia, veracidad y representatividad de los datos usados, ni de los criterios de comparación que se han tenido en cuenta entre los modelos de gestión pública y privatizada. En esta tesitura se pueden cuestionar, por no estar contrastados, los datos relativos a temas estratégicos de la gestión del agua que se consideran en el estudio, como son los referidos a  las inversiones, las políticas tarifarias, el rendimiento hidráulico o los costes de personal. Consecuentemente, también son cuestionables las conclusiones del estudio que afectan a estos temas, como así lo ha puesto de manifiesto el Ayuntamiento de Terrassa en un reciente comunicado en el que se usa información convenientemente auditada y contrastada, y en una nota de prensa sobre el tema que emitió la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

Ante la desinformación con que se tratan temas muy relevantes, como son los que afectan a los servicios públicos y al interés general, es fundamental que los medios de comunicación no reproduzcan acríticamente informes como el de OSUR, contrasten las fuentes y garanticen que la información se basa en datos objetivos, transparentes y verificables. En este sentido, la transparencia y la accesibilidad a la información relevante, convenientemente auditada, está asegurada en el caso TAIGUA.

La RAP apoya la gestión pública de los servicios del ciclo urbano del agua en Terrassa que realiza TAIGUA, en tanto que se caracteriza por respetar, en general, los criterios normativos y los principios transversales del derecho humano al agua, que incluyen el acceso a la información, transparencia, sostenibilidad, rendición de cuentas y participación. Con respecto a la participación, la RAP quiere resaltar la experiencia del Observatorio del Agua de Terrassa, verdadero referente internacional en la intervención ciudadana en la gestión de los servicios del agua urbana, así como su importancia en la coproducción de las políticas públicas y la rendición de cuentas que conllevan.

 2 de diciembre de 2024

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento. https://redaguapublica.wordpress.com

LA MESA SOCIAL DEL AGUA DE ANDALUCÍA ANTE LOS DRAMÁTICOS EFECTOS DE LA DANA Y

EL MANTENIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE LA SEQUÍA

• La Mesa Social del Agua se solidariza con todas las víctimas y los damnificados por las inundaciones en Andalucía y en el resto de España.
• No podemos caer en el error de olvidar la experiencia y las enseñanzas del largo ciclo de sequía que todavía no se ha superado en la totalidad de Andalucía.
• Denunciamos a los sectores que todavía niegan la evidencia de los efectos del cambio climático que intensifica sequías e inundaciones.
• La sobreexplotación de los recursos hídricos y el deterioro de la calidad de los ecosistemas acuáticos están en la base de la crisis del agua en Andalucía.
• La gestión de avenidas e inundaciones necesita un cambio de rumbo en línea con el propio marco legal europeo, estatal y autonómico.
• Estos cambios se deben realizar con criterios de equidad y transición justa tanto laboral como de mantenimiento del tejido empresarial enraizado en el territorio.

La Mesa Social manifiesta su solidaridad con todas las víctimas y damnificados por las inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos de estas últimas semanas en Andalucía, y otras zonas de Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Las lluvias de estas últimas semanas, aunque han producido daños en algunas comarcas, como en el campo de Dalias, Levante de Almería, Valle del Guadalhorce y parte de la cuenca del Guadalete, han sido en general beneficiosas en gran parte de Andalucía. Sin embargo, no podemos caer en el error de olvidar la experiencia y las enseñanzas del largo ciclo de sequía meteorológica y la situación de escasez de agua estructural, que todavía no se ha superado en la totalidad de Andalucía.

En estos momentos de conmoción por la tragedia es necesario reforzar la idea de que debemos de planificar más rigurosamente los riesgos que producen tanto las inundaciones como las sequías, intensificadas por el cambio climático, con el objetivo de minimizar los daños sobre las personas, los bienes y los propios ecosistemas.

La gestión de las avenidas necesita un cambio de rumbo en los modelos de ocupación y utilización del territorio en línea con el propio marco legal europeo, estatal y autonómico, que incluye aplicación rigurosa de cartografía y planes de gestión del riesgo de inundación.

Las inundaciones representan uno de los mayores desafíos para las comunidades y municipios en todo el mundo. Ante el creciente aumento de eventos climáticos extremos, es fundamental que los gobiernos locales se preparen mejor para hacer frente a estos riesgos. En este contexto, tener un plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones emerge como una herramienta vital para la prevención, mitigación y respuesta eficaz ante este tipo de fenómenos extremos. Estos planes deben contribuir a salvaguardar la seguridad y el bienestar de las comunidades locales frente a los efectos del cambio climático y los diferentes escenarios de riesgo de inundación. Es necesario evitar vincular tragedias con fenómenos naturales; por el contrario, hay que  poner el foco en los problemas que se derivan de una mala gestión de eventos extremos.

Es necesario adaptar la urbanización, las infraestructuras de transporte, las actividades agrarias y forestales, a las características propias de los riesgos que afectan a cada territorio. Adaptarse implicará cambios en nuestro modo de relacionarnos con los ríos y asumir los costos que implique, los cuales habrá que repartir justamente dado el beneficio social que aportarán. Entre las adaptaciones, habrá que eliminar viviendas, construcciones e infraestructuras en zonas de alto riesgo de inundación, implementar medidas de retención de agua en los espacios agrarios e implantar sistemas de drenajes sostenible en las ciudades Será una tarea difícil, de larga implementación, que requerirá participación y consenso de todos los afectados, pero ineludible si no queremos repetir, y aún aumentar, los impactos de las inundaciones.

La gravedad de las inundaciones también están relacionados con el avance de la aridez y la pérdida de suelos, que deben paliarse sistemas de cultivo adaptados al terreno y con planes de mantenimiento y recuperación de masas forestales, así como forestaciones que contrarresten los efectos del cambio climático, sobre todo en zonas litorales especialmente vulnerables.

Las lluvias de otoño no han sido suficientes para resolver las situaciones de alerta incluso emergencia de algunas zonas de Andalucía, especialmente en las Cuencas Mediterráneas, como la Axarquía. Es necesario no perder la perspectiva que la sobreexplotación, que volverá a ponerse de manifiesto tras las lluvias, y  el deterioro de la salud de los ríos, humedales y acuíferos están en la base de la profunda crisis estructural del agua en Andalucía. Hay que insistir en esta idea clave: Andalucía está sometida a una crisis de escasez, acentuada por lluvias irregulares, a veces torrenciales, y olas extraordinarias de calor, como consecuencia del cambio climático. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias de unas comarcas a otras, sobrepasa la disponibilidad del recurso actual. El déficit es estructural, y se mantiene a duras penas, en muchos casos, por la sobreexplotación generalizada de aguas subterráneas.

No podemos, y tampoco debemos, esperar a que episodios de lluvias extraordinarias vengan a aliviar la situación. Ante la indiscutible realidad  del cambio climático, y la larga experiencia de crisis hídrica acumulada hay que redefinir el modelo de gestión del agua en Andalucía.

Es inaceptable que, salvo los acuíferos de Campo de Dalías y Doñana y alguna otra excepción, ninguna otra masa de agua subterránea esté declarada sobreexplotada de acuerdo con los planes hidrológicos vigentes que deben, entre otras cosas ordenar y racionalizar el uso del agua sin poner en riesgo el mantenimiento de los ríos, humedales y acuíferos. Es necesario mejorar la gestión de los recursos subterráneos, para lo que es clave implicar a los usuarios a través del impulso de la gobernanza con la creación de órganos de decisión, así como una mejora del conocimiento sobre la cantidad y calidad de las aguas subterráneas.

Todas las medidas para afrontar los objetivos de la gestión del agua en relación con la protección del medio ambiente, los abastecimientos urbanos, la garantía al regadío, o la gestión del riesgo de inundación, se deben modular con criterios sociales, salvaguardando los derechos fundamentales de los sectores vulnerables, y de manera significativa la supervivencia de la agricultura familiar, social y profesional.

Hay que poner en marcha el escudo social necesario para hacer frente a los impactos tanto de sequías como de inundaciones en las condiciones vitales y laborales de la población trabajadora, afectada por la pérdida de empleos y el deterioro de sus condiciones de vida. No se puede olvidar el impacto sobre el propio derecho humano al abastecimiento (cortes de suministro, deterioro de la calidad) y saneamiento (destrucción de redes y depuradoras) como estamos viendo en muchos lugares, tanto por sequía como por inundaciones. Todo esto solo se podrá realizar desde una apuesta por una política fiscal que sostenga un sistema público capaz de prever y actuar eficazmente.

La política del agua necesita más interacción, diálogo y compromiso social para superar las deficiencias y desequilibrios en los procesos de toma de decisión y gobernanza del agua. Hay que defender y apoyar la información científica y técnica, no gobernar al margen de las evidencias. Hace falta reforzar en la sociedad el debate y el compromiso social, la información veraznecesaria labor pedagógica, la participación pública eficaz.

Sevilla, 13 de noviembre de  2024

Os informamos que se ha abierto un nuevo plazo de exposición pública para los Planes Especiales frentea a la Sequía (PES) revisados. En diciembre de 2023 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dijo que el procedimiento de Evaluación Ambiental tenía que ser ordinario y no simplificado (algo por cierto señalado en diferentes momentos por distintas organizaciones). Los organismos de cuenca por tanto llevaron a cabo dicha evaluación ambiental ordinaria. Con los estudios de evaluación ambiental estratégica terminados, cada PES junto con su correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica sale de nuevo a exposición pública durante 45 días a contar desde el 18 de septiembre. Es una nueva oportunidad para revisar los PES e identificar posibles mejoras, así como las deficiencias y carencias que se mantienen. 

El enlace a la documentación de cada PES: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia.html

Curso de Restauración de Ecosistemas Fluviales que impartiremos conjuntamente con Naturalea y el Grup Natura Freixe el 7, 8 y 9 de noviembre.

https://www.freixe.cat/es/curso-restauracion/

En mayo estuvimos conviviendo todo un fin de semana con la gente del colectivo Jara Medioambiental de Coín con motivo de la celebración de nuestra Asamblea anual. Fueron días donde hubo momentos de risas, conversaciones, caminatas, bailes que dificilmente podremos olvidar. En agradecimiento a nuestra comunidad y los vecinos y vecinas de Coín hemos elaborado con mucho cariño este vídeo-album con instantáneas de todos esos momentos compartidos.