AGUA, CIUDAD Y SALUD DE LOS ECOSISTEMAS:

Integrando perspectivas, proponiendo soluciones

Valencia, 7-9 de septiembre 2016
Universidad de Valencia
Campus del Tarongers

http://www.congresoiberico.org

Hace poco más de un lustro, en julio de 2010, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, asumiendo que el agua potable y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La legislación española –pendiente todavía de regular el nuevo derecho- reconoce, sin embargo, que el abastecimiento humano es prioritario en la asignación de caudales para los distintos usos. En la práctica, esa prioridad se ve comprometida con frecuencia por la insuficiencia de los recursos efectivamente disponibles o por la contaminación de las aguas que las inhabilitan para el consumo humano. Por otra parte, a pesar de los notables avances en la dotación de infraestructuras de depuración de aguas residuales, subsisten problemas importantes de calidad de los vertidos.

La aglomeración de la población en grandes áreas urbanas, como expresión concreta de la tendencia general a la urbanización, supone un reto importante para la satisfacción del derecho humano al agua, especialmente en países del sur global, cuya superación se verá dificultada a lo largo de este siglo por el cambio climático y la crisis energética. Los cambios introducidos en el metabolismo social por la globalización económica neoliberal incrementan la interdependencia entre los territorios, potencian los procesos de privatización de los sistemas de gestión y complican la búsqueda de soluciones para cuestiones tan básicas como la garantía de acceso al agua potable.

Poner el foco sobre el abastecimiento urbano remite inmediatamente a la relación entre la ciudad y el territorio de dónde ésta toma los recursos necesarios para su subsistencia, en un proceso de metabolismo social que incluye tanto flujos de entrada como de retorno. En el caso del agua es necesario referirse a la competencia creciente entre el uso agrario y los abastecimientos. No solo por las asignaciones para unos regadíos que han sobrepasado en numerosas zonas la disponibilidad de agua, sino también porque el modelo dominante de agricultura (y ganadería) industrial contamina con fertilizantes y biocidas las aguas subterráneas de las que se servían los núcleos urbanos para su abastecimiento. La interrelación entre la ciudad y su entorno rural no se reduce a una competencia por el uso del agua desde una perspectiva cuantitativa o cualitativa, sino que también requiere considerar la ocupación urbana del suelo agrario tradicional, o la necesaria creación de ciclos de consumo que permitan el desarrollo de un modelo agrario social y ambientalmente sostenible. A pesar de todo hay que reconocer que el agua no es el único ni el principal problema de la agricultura, como tampoco se puede reducir el territorio rural a la actividad agraria.

El agua urbana depende del buen estado de los ecosistemas y de su capacidad para generar servicios ecosistémicos de los que directa o indirectamente se benefician los habitantes de las ciudades (el 79% de la población de España). El potencial autodepurativo de los ríos en buen estado o la protección frente a avenidas que ofrecen los ríos que han conservado su territorio fluvial, son ejemplo de estos servicios. Los paisajes del agua y las áreas fluviales en el entorno de las poblaciones también son importantes al proporcionar a los ciudadanos espacios de recreo y disfrute.

El uso del agua en las ciudades, que desde el siglo XIX se organiza mediante la distribución domiciliaria, a través de redes presurizadas de agua tratada (potabilizada), y su posterior colección, depuración y vertido, plantea en la actualidad problemas derivados del estado de las redes y de los costes asociados a todo el proceso. La ciudad contribuye al deterioro de la calidad de las aguas con cargas contaminantes cada vez más refractarias a su tratamiento en las EDAR, por ejemplo por el uso de fármacos y otros productos químicos de uso común que no son degradados a sustancias compatibles con el medio en las depuradoras. Esto se añade a las propias limitaciones de las tecnologías de depuración estándar para rebajar la concentración de nutrientes a los niveles adecuados para los ecosistemas receptores del vertido. El agua urbana no se limita a la que circula por cañerías y cloacas. Los ríos urbanos –durante mucho tiempo maltratados- son objeto hoy de una nueva mirada puesta en su rehabilitación como espacios urbanos de calidad. También se revisa la relación de la ciudad con la lluvia, promoviéndose la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) encaminados a incrementar la capacidad de infiltración de los pavimentos urbanos, a la captación de la lluvia para su uso posterior o a la reducción de la escorrentía superficial durante las precipitaciones.

De la calidad de los efluentes de las depuradoras dependen los usos potenciales de las aguas usadas. La utilización inmediata de estas aguas en la agricultura se ha potenciado como una estrategia de incremento de la oferta en las zonas agrarias próximas a las conurbaciones. Los requisitos –y sobre todo las garantías- de calidad siguen siendo objeto de debate, igual que los efectos de las políticas de reutilización sobre la merma de caudales que deberían ser devueltos a los ríos y circular por ellos tras el uso urbano, si estos se destinan directamente al riego.

El ejercicio del derecho humano al agua –que se concreta básicamente en el abastecimiento a poblaciones en condiciones de asequibilidad, calidad y garantía- remite necesariamente a otros usos y al territorio no urbano, reclamando la necesidad de un nuevo pacto rural-urbano adecuado a la actual distribución de la población en el territorio. Abordar estas cuestiones desde el punto de vista del agua exige reflexionar sobre los límites ecosistémicos, sobre la generación y el disfrute de los servicios ecosistémicos, sobre el cálculo de los costes –no solo monetarios- asociados a ellos y su reparto equitativo, bien a través de tarifas o bien mediante acuerdos de compensación de otro tipo. Exige también revisar las instituciones que rigen la gestión del agua (y de los ecosistemas acuáticos), analizar su adecuación a la administración de bienes comunes y proponer otras nuevas que garanticen la prioridad del interés público, la participación democrática de los titulares del derecho al agua y el ejercicio efectivo del mismo.

El año 2016 se inicia un nuevo periodo de ejecución tras la revisión de los primeros planes de gestión redactados al amparo de la directiva Marco del Agua, aprobada en 2000. Independientemente de las limitaciones del proceso y de las deficiencias de los planes, éstos determinan el marco en el que se desenvolverá la política de aguas durante el próximo sexenio. El IX Congreso ibérico sobre gestión y planificación de aguas aspira a contribuir al proceso de implementación de los planes y al mejor desarrollo de los programas de medidas con el fin de lograr los objetivos de recuperación del buen estado de los ecosistemas hídricos y el uso sostenible del agua.